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Luis José Rodríguez Alfayate, sentado en el centro, con algunos de los representantes de CSICA que han dimitido como consejeros de Caja España-Duero. / Rubén Cacho-Ical
SECTOR FINANCIERO

Csica abandona el consejo de Caja España-Duero y exige la dimisión de Herrera y Villanueva

El sindicato independiente acusa a la Junta de haber nombrado «consejeros vitalicios» para unos órganos que «administran la nada»

Á. BLANCO

Martes, 30 de octubre 2012, 15:33

«Fuimos elegidos en 2006 para unos ocupar nuestros cargos como consejero de Caja España-Duero durante cuatro años y nos encontramos en 2012 con una Junta de Castilla y León que no ha sabido ejercer su función de control sobre las entidades financieras que tutela, pero sí ha legislado para convertir los cargos en vitalicios». Ante esta realidad, así descrita por Luis José Rodríguez Alfayate, secretario regional de CSICA, los doce representantes del sindicato en el consejo de administración de Caja España-Duero han presentado su dimisión. Según ha explicado, no están «dispuestos a participar en la mascarada» de perpetuarse en sus puestos dentro unos órganos de gobierno que, a día de hoy, «administran la nada», después de que sus competencias fueran transferidas al Banco CEISS.

El portavoz de la Confederación Sindical Independiente ha denunciado que tras la fusión entre Caja España y Caja Duero «se produjo una duplicidad de consejeros (320 consejeros generales, 34 miembros del consejo de administración y 14 en la comisión de control) y ha informado de que CSICA lleva «más de año y medio reclamando su desaparición» al considerar que había transcurrido el tiempo suficiente para gestionar el proceso de reestructuración de las entidades financieras. Una vez que la Consejería de Economía ha vuelto a prorrogar el régimen transitorio, el sindicato considera que «ha llegado el momento de ser consecuentes y presentar la dimisión».

Rodríguez Alfayate y sus compañeros han manifestado sentirse «engañados», ya que desconocían cómo se estaban gestionando las cajas desde el Gobierno de Castilla y León. «En CSICA habíamos advertido al consejero de Economía, Tomás Villanueva, de lo que estaba sucediendo en la caja en innumerables reuniones, pero le repetíamos algo que no quería escuchar». A su juicio, las reformas legislativas «o han llegado tarde, o se han mostrado ineficientes». «Baste recordar el régimen de incompatibilidades para apartar a un presidente que ellos mismos habían encumbrado en una candidatura conjunta en la que participaron PP, PSOE, UPL, UGT, CC OO, así como diversos grupos de empresarios», ha puesto como ejemplo.

Para CSICA, «a día de hoy podemos afirmar que las seis cajas de Castilla y León están disueltas en proyectos financieros ajenos a la región». «Por este motivo, y por las terribles consecuencias que laboral y socialmente debido a la desaparición de las Obras Sociales tendrá esta situación en esta comunidad autónoma, en CSICA exigimos que, una vez finalizada la consolidación de todos los proyectos, se asuman las responsabilidades políticas», ha añadido. Entre las personas a quienes consideran culpables últimos de esta situación, Rodríguez Alfayate ha citado a Tomás Villanueva, Juan Vicente Herrera y también al líder socialista, Óscar López. También ha culpado a los expresidentes de Caja de Burgos y Caja Segovia, José María Arribas y Atilano Soto, así como al alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, de la extinción del sistema financiero regional. «Se opusieron a la integración de las entidades de la región en una sola, argumentando que sus cajas perderían su identidad, y ya hemos visto cómo han terminado», ha recordado.

Pese a que la entidad financiera ha suprimido las dietas por asistencia a los consejos, el representante de CSICA ha recordado que «se siguen pagando desplazamientos, estancias, comidas, aparcamientos, alquiler de instalaciones, azafatas...» todos ellos «gastos prescindibles en un momento de austeridad como el actual».

Desde el sindicato se ha asegurado que la fusión con Unicaja «sigue su camino y no hay motivos para la marcha atrás» porque «es beneficios para ambas entidades», ya que «permite ampliar su red y doblar su volumen de negocio» a la entidad malagueña, a la vez que «eleva la solvencia» de la castellana y leonesa.

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