Piden un año de prisión para un exmiembro del PSOE de Zamora por abuso sexual a una compañera

La Fiscalía ha solicitado esta mañana un año de prisión para un exmilitante del PSOE de Zamora y concejal en el Ayuntamiento de La Hiniesta por presuntos abusos sexuales a una concejala del municipio de Muelas del Pan que fue su compañera de partido.

Los hechos que se han juzgado esta mañana en el Juzgado de lo Penal de Zamora, que ha dejado el caso visto para sentencia, se remontan al 20 de abril del año 2017, cuando la víctima y el acusado estaban en la sede del PSOE de Zamora en un acto de recogida de avales en apoyo a Pedro Sánchez.

En la vista oral, la mujer, que ha declarado protegida por un biombo, ha ratificado la denuncia que presentó en la Comisaría de la Policía Nacional y después en el Juzgado. Ha explicado que el presunto agresor le llamó para que fuera a un despacho y que cuando estaban solos, se abalanzó sobre ella, intentó besarla, le tiró del pelo para que levantara la cabeza, le arañó, le mordió en el cuello, le apretó fuerte los brazos y le tocó el culo. 

Según su declaración, logró zafarse de él, pero se produjo un segundo intento del que también se libró y consiguió marcharse.

Además, sostiene que anteriormente ya había vivido una situación desagradable con el acusado, al preguntarle éste si se le notaba una erección durante un viaje en autobús para acudir a un mitin en Valladolid.

En su declaración ante la jueza del Juzgado de lo Penal, el acusado negó los hechos que se le imputan y afirmó que no ocurrió nada ni tocó a la concejala en ningún momento. Únicamente, según su versión de los hechos, pidió a su entonces compañera de partido que fuera a la sala de reuniones para preguntarle cómo se encontraba porque en otras ocasiones había sufrido crisis nerviosas en actos con aglomeración de gente.

Durante la vista oral, la fiscal pidió un año de prisión para el acusado como autor de un delito de abusos sexuales, al entender que la declaración de la denunciante puede ser prueba de cargo porque es una declaración «de carácter concreto, firme y sin alteraciones sustanciales», y en la que además no aprecia móviles espurios.

La acusación particular ha solicitado la pena de tres años de prisión y una indemnización de 6.000 euros en concepto de perjuicios morales, mientras que el abogado de la defensa ha pedido la libre absolución al considerar que existen «contradicciones muy importantes» en la declaración de la denunciante y que su versión de los hechos resulta «inverosímil».

Cuando se puso la denuncia, el acusado renunció a sus cargos orgánicos en el Partido Socialista como administrador provincial gerente, secretario de Administración y miembro de la comisión permanente de la Ejecutiva.