La Fiscalía amplía la investigación por maltrato a mayores en una residencia de Zamora
La familiar de uno de los residentes plantea una nueva denuncia contra el centro geriátrico
La Fiscalía de Zamora ha ampliado la investigación sobre malos tratos en la residencia de ancianos de la localidad zamorana de Montamarta para estudiar ... nuevas grabaciones, a la par que una familiar de uno de los residentes ha planteado otra denuncia, con lo que ya serían tres las presentadas contra la gestión del establecimiento en lo relativo al bienestar y la calidad del trato a los internos. Según fuentes próximas al caso, cuyas diligencias instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Zamora, a finales del pasado mes de julio la hija de la anciana que apareció en una grabación siendo maltratada por personal del centro recogió de su buzón un 'pendrive' que le habían dejado de manera anónima con grabaciones en las que también se apreciaría un trato vejatorio dispensado a residentes por parte de una tercera empleada, que está siendo investigada. También hace unas semanas, la familiar de otro residente del centro geriátrico ha denunciado que el anciano se cayó como resultado de que el personal de día, dos auxiliares para 25 residentes, le habían descuidado.
Ana Rosa Arribas Muñoz, secretaria general de la federación de sanidad y sectores sociosanitarios de Comisiones Obreras, sindicato que denunció el primer caso, responsabiliza directamente a la Junta de ponerse «en modo Rajoy, dejando hacer», sin tomar cartas en el asunto sobre lo que está ocurriendo dentro de las flamantes instalaciones de la residencia zamorana. «La situación es insostenible, como lo demuestra que los profesionales con mayor cualificación profesional se termina yendo, como el fisioterapeuta, la enfermera y una de las empleadas que ha sustituido a una de las denunciadas; sin contar a las denunciantes, que están de baja psicológica. Van con miedo a trabajar, les amenazan dentro», explica la sindicalista, quien anuncia que van a acudir a la comisión central del Imserso . Considera que la directora de la residencia, Verónica Rodríguez, «tiene una responsabilidad directa» y está haciendo dejación de funciones. «Se ha limitado a decir, con total frialdad, que ella no ha visto nada raro, que lo que ocurrió fue por la noche y que su horario es de nueve a dos de la tarde, y atribuye las denuncias a que se llevan mal entre ellas». Según las denuncias, además de los tratos vejatorios a los ancianos, llegaron a desconectar los timbres durante la noche, para que los ancianos no molestaran.
Extiende la responsabilidad a Benjamín Hernández Nieto, actual alcalde del Partido Popular y que era concejal responsable de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Montamarta cuando se puso la primera denuncia, pues la residencia es de titularidad municipal. «Le dijimos que pidiera una evaluación de riesgos en la residencia y pusiera medidas preventivas hasta que concluya la investigación judicial, pero no ha hecho nada». A las dos empleadas investigadas, indicó la representante de Comisiones, se les expedientó con 15 días de empleo y sueldo. Pero ellas recurrieron la sanción administrativa y ganaron.
Desconoce la investigación
La directora gerente de la residencia manifestó ayer desconocer la ampliación de la investigación y declinó realizar declaraciones. El alcalde, Benjamín Hernández, desligó la última queja recibida de la denuncia principal de maltrato. «Es contra otra empleada, pero porque la familiar de uno de los residentes dice que se despistaron, que no estuvieron suficientemente atentas y por eso su padre se cayó al levantarse. Pero claro, se habían negado a que se le pusiera sujeción», explicó el regidor.
CC OO ha solicitado una reunión de urgencia con la consejera de Familia «porque está en modo Rajoy, dejando hacer»
Durante el día dos auxiliares se ocupan de 25 residentes. «¿Que si es poco personal? Aquí se cumplen a rajatabla los ratios de la Junta. Si hay que contratar a más empleados, ello repercutirá en la factura. A nadie le engañan, quien esté a disgusto puede ir a otra residencia», indicó Hernández. No obstante, reconoce que en el pueblo, de apenas 603 habitantes, el asunto preocupa. «Estamos a la espera de que se resuelva. Nadie más que nosotros quiere que se esclarezca cuanto antes; quien más y quien menos del pueblo ha tenido o tiene un familiar en la residencia y nadie se ha quejado hasta ahora». La residencia de Montamarta fue inaugurada el 1 de octubre de 2015 y tiene capacidad para 25 residentes. Dispone de 15 habitaciones, 9 dobles y 6 individuales, todas ellas con armario y aseo. Los internos son atendidos, en principio, por cinco gerocultoras, dos cocineras, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, un enfermero, un médico y dos limpiadores, además de la directora gerente. El centro tiene una unidad especial para personas con demencia y alzheimer y cuentan con un especialista en geriatría, un psicólogo geriátrico y un trabajador social. Los precios oscilan entre 925 y 1.390 euros al mes para los no empadronados en el municipio. A los vecinos de Montamarta les sale a 832, 50 euros la mensualidad.
Sobre las expresiones vejatorias contra la anciana de la primera denuncia el alcalde coincide en que «no es normal dirigirle esas palabras a una anciana, ellas sabrán por qué lo hicieron, que actúe la justicia», aunque recuerda que las grabaciones están impugnadas. El pasado mayo, cuando comenzaron las comparecencias en el juzgado de Zamora, los abogados de las dos auxiliares denunciadas impugnaron las grabaciones con el argumento de que estaban fuera de contexto y cuestionan la legalidad de la prueba. Las empleadas negaron las acusaciones de maltrato y una de ellas justificó en su estrés laboral los insultos y las palabras malsonantes dirigidos a una de las ancianas.
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