Silvia Clemente defiende el papel del Consultivo como garantía del cumplimiento de la legalidad del ordenamiento jurídico

La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, defendió ayer el papel del Consejo Consultivo y el «beneficio muy claro» que tiene para los castellanos y leoneses como garantía del cumplimiento de la legalidad del ordenamiento jurídico y por tanto, de que se respeta la democracia y se cumplen «con rigor» las leyes que se aprueban en los parlamentos autonómico y nacional. Así lo aseguró en su visita a la sede de la institución en Zamora, de la que destacó además que garantiza el autogobierno de Castilla y León y un mayor conocimiento del marco normativo.

«Todas las tareas, los dictámenes y los informes que realiza el Consultivo tienen una traducción muy clara para los ciudadanos y es que el cumplimiento de la legalidad es una garantía de que se respeta la democracia y de que el cumplimiento de la ley no va a tener sorpresas», afirmó la presidenta de las Cortes sobre un órgano que, según recordó, ha reducido sus costes desde 2007, con motivo de la crisis económica, en más de un 46% y su plantilla en un 40%, con 29 trabajadores en la actualidad. «Está ajustada al máximo a los medios económicos y a los medios humanos que necesita», señaló Silvia Clemente, quien no quiso olvidar la creación en 2012 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, asumido por el Consultivo, lo que permitió cumplir una obligación legal con carácter pionero y con un criterio de austeridad, según sus declaraciones.

«Hay muchos asuntos que preocupan a los ciudadanos como son los temas de responsabilidad patrimonial donde se exige a las administraciones que paguen determinados servicios que no funcionan correctamente y ahí el Consejo Consultivo tiene una voz determinante y un papel fundamental», incidió en su defensa la presidenta de las Cortes, de las que depende el órgano autonómico desde el punto de vista presupuestario.

Respecto a la labor del Consultivo, también destacó los dictámenes sobre proyectos de ley y reformas como la del Estatuto de Autonomía, un compromiso del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para esta legislatura en el debate de investidura, que todavía no cuenta con fecha ni un calendario fijado, según aseguró. «Hay que comenzar con los trabajos, los grupos políticos tienen que opinar y tener su postura acerca de esta reforma. Es un compromiso para la legislatura y no puedo decir cómo se va a desarrollar pero sí es muy interesante que lo hagamos con todos los criterios de legalidad necesarios», defendió la presidenta del parlamento autonómico, para quien «la imparcialidad y la independencia» con la que realiza su trabajo el Consultivo, garantiza que pueda llevar a cabo un trabajo de apoyo y de realización de un informe jurídico sobre la reforma para que ésta sea «de calidad legal máxima».

«Contar con el Consejo Consultivo puede ser algo que nos aporte esa garantía de legalidad que necesitamos y no entrar en situaciones muy controvertidas como fue la del Estatuto de Autonomía Catalán, que tuvo serios problemas de constitucionalidad y eso luego es lo que provoca situaciones tan comprometidas y tan conflictivas como la que estamos viviendo en este momento en Cataluña», afirmó.

Respecto a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, defendió que tienen que ser los grupos políticos, «con seis por primera vez en 32 años», los que busquen el consenso. Y es que lo más importante, según Clemente, es que la reforma se aplique en aspectos en los que exista consenso de los partidos o la mayoría de apoyos posible. En este sentido, recordó que hay algunos temas que ya se habían «esbozado» como la incompatibilidad de cargos públicos con otros cargos políticos y el techo social de gasto para que siempre haya una garantía de cuánto se va a gastar en prestaciones sociales, «sea cual sea el gobierno». También hizo referencia a la posibilidad que se ha barajado y puesto sobre la mesa, «sobre todo durante la campaña electoral de las autonómicas», de reducir el número de procuradores en las Cortes. «Es un tema que tenemos que analizar en este contexto de reforma del Estatuto e intentar buscar el apoyo de los grupos políticos», señaló.

Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo, Mario Amilivia, agradeció el trato y el apoyo de Clemente a la institución en un momento de discusión sobre la existencia de este tipo de instituciones. Además, Amilivia entregó a Clemente el dictamen elaborado por el Consultivo a la modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León de 2007 y transmitió la voluntad del órgano de poder elaborar otro dictamen.

Respecto al presupuesto de 2 millones de euros para el próximo año, el presidente lo calificó como de continuidad aunque con un incremento mínimo porque incorporará la cuantía de la paga extraordinaria de los funcionarios y la ejecución de la tercera fase del proyecto arqueológico de Zamora, al que se destinarán 60.000 euros, para la exposición de cerámicas y monedas encontradas durante las obras de la sede en la ciudad.