Un hombre se encadena para evitar el desahucio de su hijo discapacitado

Un hombre permanece encadenado desde primera hora de la tarde a la barandilla de las escaleras del vestíbulo en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en Zamora. Severiano Mostaza, padre de una persona que padece una discapacidad del 97%, intenta evitar que su hijo sea desahuciado por una deuda con la Seguridad Social.

El progenitor culpa al delegado territorial de la Junta, Alberto Castro, de su situación, pese a que los problemas son con la Tesorería de la Seguridad Social, que es la que ha iniciado el proceso para el embargo de la vivienda. En este sentido, denunció a través de un comunicado emitido por el diputado provincial de IU, Francisco Molina, lo que considera «persecución y acoso» del delegado de la Junta, quien en ese mismo momento mantenía en la tercera planta del edificio una reunión con representantes de la Asociación Stop Desahucios, según informa Ical.

Alberto ha expuesto con detalle los precedentes que han provocado «una situación tan desagradable», y que se remontan a un expediente de 2010 por el que Severiano Mostaza solicitaba una pensión no contributiva, aludiendo a los requisitos de su hijo, con un alto grado de discapacidad y que no percibía ningún ingreso.

«En la declaración responsable sobre la situación personal del dependiente omitió datos como que cobraba 6.000 euros de intereses tras una indemnización. La Junta no pudo tenerlo en cuenta y le dimos 329 euros de pensión», ha explicado. «Cuando pasó más de un año, se cruzó la declaración responsable con la declaración de la renta, donde sí estaban esos ingresos. Por ello, por los requisitos de la propia pensión no contributiva, se le pide que devuelva 7.000 euros», ha precisado.

El tutor recurrió al Tribunal Superior de Justicia, que ratificó que el dinero se había cobrado de forma indebida. «Nosotros somos los que gestionamos la pensión, el pagador es la Tesorería de la Seguridad Social, que está pidiendo que se devuelvan los 7.000 porque hay una sentencia judicial», ha señalado Castro.