Las pulseras telemáticas, una medida de protección residual en Valladolid: «Fallan por exceso»
Solo el juzgado de lo Penal número 1 mantiene una activa en cumplimiento de una sentencia del abril de 2024, en un año que ha habido «extraordinarios problemas» por múltiples informes de Cometa que la magistrada achaca a fallos técnicos de los dispositivos
No hay datos oficiales porque no disponen de información sobre casos concretos en la provincia en los que hayan fallado los dispositivos de seguridad. Esa ... es la postura oficial de la Audiencia Provincial de Valladolid sobre la problemática existente con las pulseras telemáticas del Ministerio de Igualdad. Pese a ello, remite a las conclusiones de la conferencia de presidentes de esos órganos jurisdiccionales celebrada el pasado mes de marzo, en la que se alertaba de «fallos técnicos por localizaciones erróneas o manipulaciones de los investigados» y «dilaciones» en la implantación del dispositivo. Solicitando con ello la «ampliación urgente» de la plantilla de técnicos del centro Cometa y la corrección de las «disfunciones» a fin de evitar la desprotección a las víctimas.
La inexistencia de información al respecto se comprende mejor si se entiende que el uso de estos dispositivos en Valladolid es algo residual. Coinciden en ello varias fuentes judiciales y se corrobora con los datos disponibles en el Observatorio contra la Violencia de Género, donde figuran un total de 36 instalaciones y 5 pulseras activas en 2025. Según estos datos, actualizados por última vez a finales de agosto de 2025, Valladolid, con 815 casos activos de Violencia de Género (seis de riesgo alto, 79 medio y 730 bajo), es la quinta provincia con menos pulseras 'vivas'.
Estadísticas aparte, la realidad es que en estos momentos solo un condenado por Violencia de Género, un caso con origen en los juzgados de Medina del Campo, tiene implantado el dispositivo en cumplimiento de una orden de alejamiento impuesta en una sentencia de 2024. Así lo asegura Olga Álvarez, magistrada del Juzgado de lo Penal número 1, la única instancia de su jurisdicción que tiene pulseras activas. «He tenido cinco pero en este momento solo hay una, las dos últimas se retiraron en abril y agosto y la que queda lleva activa desde el inicio de una pena ejecutoria de 2024», detalla.
Unas cifras escasas en comparación con otras provincias, tanto de España como de Castilla y León, que han generado «extraordinarios» e «importantes» problemas por el elevado número de avisos. La que queda activa en Valladolid se implantó coincidiendo con el «momento tremendo de cambio del sistema» que modificó la comunicación de las incidencias, explica la magistrada.
Pero el 'trastorno' recala en el funcionamiento diario del dispositivo, que genera «constantes informes» de Cometa. «Suena la alarma porque igual entra en la zona de exclusión 10 segundos. Cuando eso sucede varias veces en un día, todos los días, es que algo pasa con la pulsera. No puede haber 50 encuentros casuales», razona. Algo que achaca a «un fallo del sistema indudable», por el que han solicitado explicaciones: «La respuesta siempre ha sido que el dispositivo funcionaba». También «que se iba a solucionar o que se estaba solucionando».
Noticia relacionada
La delegada contra la Violencia de Género: «Las pulseras funcionan»
Estas incidencias, ante el elevado número de los posibles quebrantamientos, los «ponen en alerta» y obligan a deducir testimonios y mandarlos, junto con el informe de Cometa, al órgano de instrucción para que se inicie la investigación que determine si se ha producido o no el delito: «Lo primero que está en la mente es la protección de la víctima, por lo que ha supuesto un traslado masivo de asuntos porque las incidencias han sido múltiples y constantes». Los problemas del dispositivo no son nuevos, ya que en poblaciones pequeñas o zonas rurales suena «por falta de cobertura». Pero la magistrada asegura que «no se han producido tantos como este año».
Difiere, en parte, Manuel Javato, fiscal delegado de Violencia de Género en Valladolid, que rechaza de plano la alarma social que se está generando con respecto a una presunta desprotección a las víctimas. Asegura que «aquí no hay un problema» con las pulseras telemáticas y que «no lo hay tanto en España». A su juicio, «funcionan igual de bien o igual de mal ahora que hace cinco años», ya que siempre se han producido «muchos avisos involuntarios» que reportan informes al juzgado y que obligan a instruir unas previas.
«No es que no haya fallos, es que lo que hay son incidencias por exceso. Pita demasiado por encuentros casuales, incluso cuando el agresor pasa con el autobús por una calle cercana a la zona de exclusión», explica. Algo que considera habitual en las zonas rurales o en una ciudad mediana como Valladolid, dada la limitación existente de no acercarse a la víctima a menos de 500 metros. Otra cuestión que lo explica es que en muchos casos víctima y agresor «tienen círculos en común y se mueven por los mismos ambientes».
«No es que no haya fallos, es que lo que hay son incidencias por exceso»
Manuel Javato
Fiscal delegado de Violencia de Género de Valladolid
Jueza y fiscal coinciden en que no hay constancia en Valladolid de que los pocos dispositivos que han estado activos hayan fallado a la hora de proporcionar protección a las víctimas. «Tiene que ser ella la que diga que se ha producido un acercamiento y no ha saltado la alarma. Es la única manera que yo tengo para saber eso y no se ha producido esa situación», explica Rodríguez. Tampoco tiene conocimiento de que se hayan producido absoluciones o sobreseimientos por quebrantamientos: «Cuando llegan aquí ya hay indicios racionales, por avisos de Cometa u otros».
Sí ha pasado en otras zonas de España, alrededor de «30 o 40 casos», estima el fiscal, que, según apuntan desde la subdelegación del Gobierno, se han subsanado con la reapertura de diligencias cuando se han podido recuperar los datos perdidos «temporalmente» durante el volcado tras el cambio de concesionaria, que no han afectado a unos dispositivos que «funcionan correctamente».
Desde la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Domestica (Adavas), que en Valladolid da asistencia a unas 120 víctimas de violencia machista, subrayan que el «mayor problema» de estos dispositivos es su infrautilización. «Nosotros directamente no tenemos ningún caso donde se haya concedido» pese a haber atendido a mujeres con «un maltrato físico bastante grave», lamentan. Consideran que se trata de «un dispositivo que puede ser muy efectivo» para la protección de las víctimas, siempre que haya más consecuencias para los agresores que las utilizan «como medida presión, para meter miedo».
«Inercia» de los juzgados
Para Javato, el bajo número de estos dispositivos en la provincia se explica por una cuestión de «inercia» de los juzgados, empezando porque se trata de un medio técnico impopular entre los magistrados. «Es conocido que los jueces no las quieren», sostiene, pues además de la carga de trabajo, la implantación es farragosa: «Tiene que haber un auto motivado de por qué la pones. Después tiene que venir un técnico de Madrid, coordinarse con funcionarios, la instalación no es rápida».
En su caso, es partidario de solicitarla en «supuestos de especial gravedad» en los que sea algo «imperioso». «Hemos entendido que es mejor que entren en prisión provisional, porque si yo tengo un sujeto verdaderamente peligroso va a pitar 40 veces», explica. Algo que además es «muy gravoso» para las víctimas. «Muchas no las quieren porque para la mujer es una alarma continua», asegura.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión