Valladolid quiere que el ADN de sus 37.177 perros facilite las multas por ensuciar la calle

El concejal de Seguridad y Salud Pública del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Palomino, ha mantenido esta semana, concretamente el martes, una reunión con una empresa especializada para conocer el sistema de identificación de perros a través del ADN, lo que permitiría localizar a los dueños que no retiren los excrementos de la vía pública con solo tomar una muestra de la caca y cotejarla con el registro. «Nos estamos informando, habrá que valorarlo y realizar un estudio detallado de cómo afecta este problema a las calles de la ciudad», explica el edil. El primer presupuesto para implantar esta fórmula, que ya se aplica en otras ciudades, ascendería en Valladolid a 1,2 millones de euros, una inversión importante en un primer momento al ser necesario recoger muestras genéticas de toda la población canina y crear un registro. «Se ha realizado el cálculo sobre 30.000 perros», acota Palomino.

Sin embargo, el número de cánidos en la ciudad es bastante mayor. Los datos los aporta Rufino Álamo, presidente del Colegio de Veterinarios. El censo en el municipio alcanza los 37.177 perros, de los cuales 1.344 están considerados por su raza como potencialmente peligrosos. Así, la inversión podría incrementarse hasta el millón y medio, según estima el edil.

¿Merece la pena? Eso es lo que determinarán los técnicos municipales. De ser considerada para su implantación, tardaría en aplicarse, ya que es necesario cambiar la ordenanza municipal para incluir esta obligación en la tenencia. También es fundamental determinar quién correría a cargo del coste de la prueba, si el dueño de la mascota o la Administración Local, uno de los puntos «importantes» antes de tomar una decisión, como reconoce Alberto Palomino.

Según los datos facilitados por- la Policía Local, el número de sanciones por dejar excrementos en la vía publica es ahora muy reducido. En 2019 se impusieron seis, a razón de 150 euros cada una, y el pasado año, 10. Es más fácil encontrarse el zurullo solitario en una acera que cazar al propietario haciéndose el longuis y tirando de la correa de su perro para no agacharse a retirarlo.

El planteamiento de la empresa ADN canino, con la que ha mantenido la reunión el Consistorio, establece la obligación de que los propietarios identifiquen a sus animales con una huella genética. Para ello deberán acudir a un veterinario donde se les extrae una muestra biológica. Los datos se incorporan en el software Igecan. El personal autorizado por el ayuntamiento recoge una muestra del excremento no retirado y la envía al laboratorio. Cotejados los datos se localiza al dueño y se le remite la sanción.

El Norte de Castilla publicaba el pasado martes en su web los resultados de un estudio referido a 2019, que avalan la dificultad de detectar esta incívica conducta 'in fraganti'. Ese año en España se impusieron solo 992 sanciones en las capitales de provincia. De ellas, 245 se tramitaron en Málaga, que utiliza la identificación por ADN.

En el caso de Valladolid a la sanción por no recoger las cacas se suma otra, incluida en la Ordenanza de Convivencia Responsable y Protección Animal, que obliga a los dueños a fregar el orín en fachadas o mobiliario urbano. No hacerlo está castigado con una multa de 150 euros. Desde la aprobación de esta norma, no se ha tramitado ninguna sanción en este sentido, según confirman en la Policía Local.

Y es que el número de vecinos de cuatro patas no deja de subir en Valladolid. En los últimos seis años el censo canino presenta un crecimiento continuo, entre el 2,5% y el 3,5% anual. En 2020, año de la pandemia, el censo se incrementó en más del 3%. Ahora hay registrados en la ciudad unos cinco mil animales más que en 2015, según expone Rufino Álamo. En cuanto a los potencialmente peligrosos, suponen actualmente el 3% del total. En los últimos seis años su censo ha experimentado un incremento porcentualmente más alto que el de los no peligrosos, al haber pasado de representar el 2,5% del 'padrón' perruno en 2015 al 3,1% del registro actual.