El PP enfila al ministro Puente con el pulso por la bonificación de peajes en Castilla y León

Alfonso Fernández Mañueco ha incluido en su proyecto de presupuestos para 2026 una partida de 10 millones de euros para bonificar parte del peaje a empadronados en Castilla y León que usen asiduamente las autopistas que cruzan Guadarrama desde Ávila y Segovia hacia Madrid. Cuesta un pico evitar los puertos: hasta 20,20 euros para un turismo que va y vuelve en hora punta.

¿Hay autopistas con esas bonificaciones? Sí. Ya le gustaría a una enfermera que vive en el segoviano barrio de San Millán y hace noches cada fin de semana en el Gregorio Marañón mirarse en el espejo de una compañera con piso en Pontevedra y que se desplaza por la autopista AP-9 al hospital de Vigo. La gallega aprovecha descuentos del 50% que el ministerio asume tras el acuerdo de investidura con el BNG y se ahorra 58 euros mensuales, que al año son 640. Así lo publicita la web oficial del ministerio que dirige Puente.

Más allá de que la partida de las cuentas de Mañueco apunta a quedarse bastante corta, desde el ministerio que dirige Puente se han apresurado a avisar de que bonificar los peajes a los empadronados con viajes recurrentes, de ida y vuelta en 24 horas, no encaja en la legislación europea porque se considera discriminatorio para otros conductores.

El descuento que plantea Castilla y León se orienta a fijar población y a ganar residentes. Personas a las que les merezca la pena hacer kilómetros y gastar rueda viviendo en ciudades y poblaciones del mapa castellano y leonés, con un mercado de vivienda costoso aunque asumible aún, pero a años luz de los precios prohibitivos de Madrid, donde trabajan. Una urbe que impone, además, una esclavitud en gasto de tiempo y desplazamientos incompatible con el cuidado racional de una familia.

Si la interpretación legal que hace el equipo de Puente es correcta y el descuento autonómico 'discrimina' a los foráneos, cabría preguntarse si tratar por igual a los desiguales, en este caso a un territorio envejecido y despoblado, es justo o no. Incluso plantearse si no están los políticos para promover excepciones, similares a la que contempla bonificaciones al empleo que se aplican en Soria, Teruel y Cuenca. Y si en la AP-9 gallega bonifica directamente el ministerio, quizás podría copiarlo para Segovia o Ávila, aunque aquí no saque escaños el BNG.

El pulso de los peajes arreciará. Imagino a Carlos Martínez midiendo la resta de votos en Ávila y en Segovia. En León también, por la autopista a Asturias. Y más allá de lo que atañe a las cuentas de los partidos, están los ciudadanos, para los que resulta inverosímil asumir que se puedan bonificar los viajes en tren de usuarios recurrentes entre Valladolid o Segovia y Madrid, si estos están empadronados en Castilla y León, y no se pueda hacer igual con aquellos que van en coche o camión.

El PP de Mañueco enfoca a Puente. En Valladolid, empecinados en el soterramiento tras haber impulsado ellos mismos la integración del tren, creo que yerran en la estrategia contra el exalcalde, con riesgo de perjudicar a la ciudad al paralizar obras. Pero con la supresión de trenes y los peajes sí pueden birlar votos al PSOE. La enfermera de Vigo no debería ser ciudadana con más derechos que la de Segovia.

Y no solo el PP apunta hacia Óscar Puente. La forma directa de pisar cada charco que al vallisoletano se le pone delante incomoda a compañeros socialistas. Con los peajes ha chocado con el asturiano Adrián Barbón.

El PSOE autonómico cerró octubre en León con Pedro Sánchez, que arrastró hasta allí a cuatro ministros (Ana Redondo, Óscar López, Pilar Alegría, Elma Saiz) y ninguno de ellos era Puente.