Solo una médico atiende a los 400 reclusos de la cárcel de Valladolid tras jubilarse otros cinco
Instituciones Penitenciarias trabaja en el traslado de un facultativo de Zaragoza y en un proceso de selección de un interino
Es la crónica de un problema anunciado. Y no es solo cuestión del derecho a asistencia médica sino de una grave cuestión de salud pública ... porque las cárceles concentran enfermedades y hábitos adictivos; pero sobre todo patología infecciosa, contagiosa y grave. Sida, hepatitis, tuberculosis, venéreas... «salen de permiso y vuelven con más patología, y mientras están fuera transmiten lo que sea. Es muy importante tener un estrecho control de su estado de salud, incluso por egoísmo y no es por meter miedo, es algo real», apuntan médicos de prisiones.
La situación es grave en toda España. No hay médicos por los bajos sueldos –y más en comparación con la retribución de un facultativo de Atención Primaria– y por las malas condiciones laborales. En las ocho prisiones de Castilla y León hay la misma carencia y, en pocos meses, el 80% de su plantilla médica se ha jubilado.
La de Valladolid tiene uno de los problemas más acuciantes. Desde el pasado viernes ya solo ejerce una médico para 400 reclusosde los seis que figuran en la relación de puestos de trabajo de Villanubla; de los que, hasta hace un mes aún quedaban cuatro. Se han jubilado, bueno –precisa Instituciones Penitenciarias– «están de vacaciones». Pero ya no vuelven tras las mismas porque ya les llega la jubilación. No hay más que una especialista.
Para paliar este déficit, el Ministerio del Interior proyecta el traslado de un médico del centro penitenciario de Daroca, en Zaragoza; aunque otras fuentes apuntan a que esta cárcel rechaza perder este facultativo por las mismas razones. « 'Desnudar a un santo para vestir otro'·, resumen los afectados.
Los bajos sueldos y la falta de facultativos deja a las prisiones sin atención clínica pese a la alta necesidad de asistenciay a ser un problema de salud pública
El Ministerio de lInterior también asegura estar en un proceso de selección para incorporar a un interino; aunque reconoce que «la situación es muy difícil en toda España. Hemos convocado un concurso con 35 plazas y solo se han presentado 12 aspirantes».
La cuestión es que Villanubla solo tiene ahora una médico, además de «guardia permanente» y que entre jubilaciones y los muchos que preparan oposiciones para irse el sistema sanitario general tiene un grave problema de asistencia médica a sus reclusos.
El problema se arrastra desde hace dieciséis años y la situación es ilegal porque este personal debería haber sido transferido a las comunidades autónomas por ley hace dicho tiempo. Pero las autonomías no quieren asumirlo, sale caro y las negociaciones no logran llegar a buen término; «aunque estamos en ello», garantizan ambas partes.
Estos médicos son funcionarios y no pertenecen al Sistema Nacional de Salud y ello pese a que la ley de mayo de 2003, con una moratoria hasta noviembre de 2004, imponía la transferencia en toda España de este personal sanitario, junto a los enfermeros, auxiliares y farmacéuticos. Los médicos no solo no cobran una prima por penosidad en el trabajo –como en Cataluña o el País Vasco donde ya se ha hecho efectiva la asunción de competencias–, sino que su retribución mensual es de 1.500 euros menos que la de los facultativos de Sacyl y, además, no tienen carrera profesional ni exención de guardias a partir de los 55 años como sí tienen los que pertenecen a la Junta.
El resto de colectivos sanitarios afectados también sufren una discriminación salarial de entre 1.000 y 500 euros al mes, según categorías, y que también han visto disminuir sus plantillas. En las mismas el problema de huida hacia el sistema de Sacyl también se da.
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