Solo uno de los acusados por narcotráfico de la operación Almendro reconoce los hechos
El resto de los investigados se desvinculan del entramado delictivo y alegan autoconsumo o que nunca se han dedicado a la compra de droga
Todos, a raíz de su testimonio, tienen una explicación para desprenderse de los hechos, bastante graves a tenor de las peticiones de prisión, que se ... les acusan. Y quien no la tiene, por el hallazgo de sustancias que le se incautaron en uno de los registros, ha pactado con Fiscalía una pena de cárcel de 6 años y un día de prisión por un delito contra la salud pública. Se trata de Enrique C. G., vecino de Morales de Toro, a quien le incautaron varias sustancias estupefacientes cuyo valor en el mercado ilícito hubiera superado los 3.600 euros y que este jueves, en la segunda sesión del juicio por la operación Almendro ha reconocido los hechos para llegar a un acuerdo con el Ministerio Público. Un pacto de seis años y un día de privación de libertad, con una multa de 16.500 euros, tras aplicarle el atenuante de drogadicción.
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Aunque solo Enrique, en prisión provisional, ha reconocido los hechos, la investigación del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional arrancó con Tamara G. T., también en la cárcel tras explotar la operación. Era, según los agentes, el nexo de unión entre Madrid y Valladolid en un entramado en el que fueron detenidas diez personas. Ella ha negado este jueves cualquier tipo de implicación y a preguntas de su abogado, que en la jornada del día anterior ya avanzó «indicios suficientes» para autorizar medidas tan lesivas con los derechos de su representada en relación a los pinchazos telefónicos, ha insistido en que las sustancias que la encontraron en su trastero eran destinadas para el autoconsumo. «Nunca he vendido ni transportado droga», ha señalado de forma tajante.
Tamara, que se enfrenta a casi 10 años de cárcel, ha asegurado que al trastero inspeccionado acudía con amigos a consumir y que en el mismo local se preparaba las dosis para el resto del día.
Sobre ese trastero también ha declarado Verónica C. G., dentro del entramado según la acusación pública como sustituta de su amiga Tamara cuando ella no estaba. La acusada, que se enfrenta a cuatro años y tres meses de cárcel, ha reiterado que no tenía las llaves de ese local y que solamente acompañó a Tamara en dos viajes a Morales de Vino y uno a Madrid para «tomar algo» o «comer». «Al trastero he ido alguna vez con Tamara para echar una parlada o tomar un Nestea. A ella -por Tamara- solo la he visto fumar algún porro. Nunca vi sustancias allí», ha declarado.
Ramificación madrileña
Y de la ramificación vallisoletana a la madrileña, donde supuestamente se encuentra el grueso del grupo criminal. Con uno de los implicados declarado en rebeldía y otro sin que le notificaran el auto de apertura del juicio, los otros seis acusados han reconocido sus problemas con las drogas, a la par que se desmarcaban del tráfico de sustancias. Algunos se conocen entre ellos al dedicarse a profesiones como pintores o electricistas, si bien han asegurado, siempre a preguntas de sus letrados, que no tenían nada que ver con la compra de un kilo de cocaína.
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Según la Fiscalía, Jesús C. M., Javier M. D., Martín I. G., José Ignacio S. C., Alberto G. A., Valentín P. G. y Kevin D. S. P. formaban un grupo estable dedicado a la compra y venta de sustancias estupefacientes y que durante el mes de mayo del año pasado realizaron varias gestiones y contactos con personas que no se han identificado para la adquisición de un kilo de cocaína por 28.000 euros. Compra que nunca se llegó a completar.
Por todos estos hechos, el grupo se enfrenta a una pena global de 82 años de prisión. De momento, solo uno de ellos ha reconocido los hechos.
Los acusados madrileños están investigados en otro procedimiento por secuestrar y extorsionar a personas
Pero más allá de los presuntos delitos contra la salud pública, la Policía Nacional destapó una red que secuestraba y extorsionaba a personas en un chalé de Estremera (Madrid), con implicación únicamente de la ramificación madrileña. Unos hechos que no se han juzgado estos días en Valladolid y que han pasado de puntillas. En la sesión de este jueves tan solo se ha mencionado en una ocasión y fue para mencionar que tal vez la acusada Tamara se iba a vivir a ese emplazamiento al tener una orden de desahucio de su casa en Madrid.
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En el chalé de Estremera, según recogió la Policía Nacional en sus atestados. La existencia de ese inmueble lo conocieron los agentes en plena investigación contra el narcotráfico. Era abril de 2024 y en ese momento se pensaba que se iba a utilizar de garaje-trastero para almacenar sustancias.
Aunque el grupo de Estupefacientes de Valladolid ahondó principalmente en el delito contra la salud, no obvió esas presuntas misiones que se ejecutaban siempre a las órdenes de Jesús C. M. Y todas ellas en el chalé de Estremera, donde se descubrió por escuchas e investigaciones que se cometían «extorsiones y detenciones ilegales».
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Hasta «secuestros», como reconoció otro de los investigados en Madrid (Martín I. G.), al tener amarrado a un individuo varios días. Este llegó a amenazar, según recogía el atestado policial, con «pasar la lijadora» a los retenidos en lo que él mismo denominaba 'La misión de MacGyver' y en la que se ocasionaba «mucho daño».
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