Sacyl sigue sin indemnizar a los afectados por el Ala Octa, que aún esperan el juicio

Sacyl sigue sin indemnizar a los afectados por el Ala Octa, que aún esperan el juicio

Otras comunidades, como La Rioja, han llegado a acuerdos con los cegados por este producto

MÓNICA MUÑOZ

Los afectados en Castilla y León por el producto de cirugía de retina que mantienen un contencioso con Sacyl aún no han recibido indemnización tras pasar más de tres años desde su operación. A finales de 2014 y principios de 2015, los centros sanitarios operaron en toda España desprendimientos de retina con perfluoroctano de la marca alemana Ala Octa. Hace tres años, el 26 de junio, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) emitió una alerta sanitaria en la que anunció el cese de la utilización, comercialización y retirada del mercado del compuesto fabricado por la empresa alemana Alamedics GmbH. Días antes, la compañía retiró todos los lotes del mercado español y en noviembre cesó la fabricación y distribución, al tiempo que retiró todos los lotes del mercado en Europa y resto del mundo. Ese mismo año, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social encargaba un informe sobre la toxicidad del Ala Octa al Instituto de Oftalmología Aplicada de Valladolid (IOBA), al frente del cual se encontraba por entonces Juan Carlos Pastor.

El 19 de noviembre, 16 de diciembre de 2015 y 11 de marzo de 2016, la AEMPS publicó las primeras notas informativas con los resultados del instituto vallisoletano. La última actualización fue el 15 de julio de 2016. La investigación del IOBA registró 116 casos notificados que habían sido operados en 28 centros sanitarios españoles en 13 comunidades autónomas, entre ellas, Castilla y León. Los resultados de los ensayos reflejaron que el producto era tóxico. En algunos lotes se registró hasta el 99% de citotoxicidad. Con estos resultados y tras constituir un comité de expertos, la AEMPS vinculó 75 casos de ceguera con la utilización del Ala Octa. Además, la agencia abrió una investigación con la empresa fabricante alemana y el distribuidor español. En este contexto, revisó la documentación del sistema de calidad de la empresa Alamedics y el proceso de fabricación, en la que encontró deficiencias en los controles de la materia prima y de los lotes fabricados, por lo que requirió a la empresa alemana la realización de análisis químicos, físicos y toxicológicos.

Cronología

4 de noviembre de 2015.
Sacyl detecta varios casos de ceguera asociados a operaciones realizadas en el Río Hortega, con tres oftalmólogos distintos.
6 de diciembre de 2015.
El IOBA lanza un primer informe en el que asegura que el producto Ala Octa, utilizado en ocho operaciones de desprendimiento de retina enValladolid, es tóxico.Se detectan trece casos en el País Vasco.
23 de enero de 2016.
El IOBA apunta a una modificación en la producción del perfluoroctano como el origen de la pérdida de visión de más de 60 personas en España. El instituto participa en un grupo europeo para analizar el caso.
1 de julio de 2016.
El Ministerio de Sanidad admite cinco casos de ceguera relacionados con el Ala Octa en Castilla y León. Varios pacientes optan por acudir a los tribunales para denunciar su caso.Sanidad contabiliza 75 en toda España.
1 de octubre de 2016.
El Tribunal Superior de Justicia admite a trámite cinco denuncias por ceguera en operaciones de retina.Los demandantes vallisoletanos exigían unas indemnizaciones de alrededor de 1,5 millones de euros y su abogado lamentaba que nadie de Sacyl se había puesto en contacto con ellos.

Sin fisuras en la relación causa y efecto con la ceguera provocada por el Ala Octa tras su uso en las cirugías por desprendimiento de retina, cinco afectados en la Comunidad demandaron en mayo de 2016 a Sacyl ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL). Solicitaron una indemnización de cerca de 2 millones de euros. El despacho de abogados bilbaíno Gómez de Menchaca, quien lleva estos casos, se ha hecho cargo de dos más en Castilla y León. Carlos Menchaca detalla sobre la situación de las reclamaciones que han solicitado informe pericial y esperan que salga la fecha del juicio en noviembre o diciembre.

Lamenta el letrado que al final no se haya llegado una acuerdo con la Consejería de Sanidad, aunque espera que no se celebre el juicio y exista un acuerdo amistoso, como ha existido en otras comunidades. «Hubiese sido un detalle por parte del Sacyl que hubiesen abonado las indemnizaciones, aunque aquí quien paga, manda. En estos casos, la compañía aseguradora», detalla. En La Rioja, la parte demandada y el afectado llegaron a un pacto civil con una indemnización de 50.000 euros. El jurista considera que esta cantidad es escasa debido al perjuicio de los afectados, y sitúa una cuantía media de 200.000 euros por cada demandante, aunque el juez tendrá que valorar de forma individual el daño físico, emocional y laboral que les ocasionó la pérdida de visión.

Tres años a oscuras

Amaya Gil fue la primera afectada que salió a la luz pública. Su caso, al publicarse en los medios de comunicación, ayudó a que otros afectados relacionaran su ceguera con el uso del Ala Octa. Amaya contaba por entonces con 36 años. Hoy a la espera de juicio y de una compensación que reconozca el daño sufrido, su historia puede resumirse con la pérdida de visión de su ojo derecho, pérdida de su puesto de empleo tras 16 años como administrativa, y adaptación a un nuevo trabajo y a una nueva vida. Con dos hijos, Amaya ha tenido que adaptarse a contar con la visión de un solo lado, a sufrir dolores de cabeza y a convivir con el miedo de quedarse ciega por completo. La pérdida de poder adquisitivo se suma al desastre. Antes cobraba 1.400 euros, ahora cerca de 400 más una pensión por incapacidad. Ha tenido que adelantar el coste del proceso judicial, más de 3.000 euros, y en tanto, ha tenido que ser fuerte por sus hijos para no caer en una depresión. «Soy una persona positiva, gracias a ello, he podido salir adelante», asegura. En el camino, ha echado en falta más ayuda de las administraciones. Tan sólo reconoce la labor del procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Manuel Mitadiel, portavoz en la Comisión de Sanidad, quien interpeló al consejero de Sanidad, Antonio Saéz Aguado, por la responsabilidad de la administración sanitaria.

Fue el 25 de noviembre de 2016. Durante el pleno autonómico. En él, el máximo responsable de Sanidad aseguró que la Junta indemnizaría a los pacientes afectados de ceguera. También confirmó que habían recibido nueve reclamaciones de responsabilidad patrimonial. A pesar de que incluso Sacyl llegó a ratificar cinco casos de ceguera por el producto de cirugía de retina, al final solo a una persona se le ha reconocido la relación causal entre el uso de los lotes defectuosos del compuesto y la pérdida de visión. Se trata de Paula Salgado, ciega en su ojo izquierdo. La operaron en enero de 2015 en el Hospital del Río Hortega. Ya en situación de invalidez por problemas de espalda, el varapalo de la operación la condujo a una depresión y a recibir tratamiento psicológico. Ahora, a la expectativa de la celebración del juicio en los tribunales, espera que al menos reconozcan el daño causado, aunque no responsabiliza ni a los facultativos ni al Sacyl. «Tenía que haber protocolos para evitar que esto pasase, deseo que al menos nuestros casos sirvan para que no vuelva a ocurrir», sostiene.

Covadonga Gutiérrez es otra de las afectadas. La única de Palencia. Con 65 años, recuerda todo el episodio como «rocambolesco». Me operaron porque tenía el ojo lleno de sangre. Fui a urgencias y después de unos días entré a quirófano. «Empezó mi calvario», enfatiza. Entonces contaba con 62 años, estaba de baja por enfermedad permanente, había sufrido un cáncer, la tuvieron que operar del corazón y sufrió un ictus. A mayores, ciega de su lado izquierdo. Como todos, espera una respuesta favorable de los tribunales que compense el daño sufrido. Reconoce que ha tenido que hacer frente a gastos elevados para una pareja de jubilados como son ella y su marido, y espera que al final Sacyl indemnice a todos.

En todos los casos han desaparecido las etiquetas de los lotes del Ala Octa que tendrían que aparecer en los informes, denuncian los afectados, y en el caso de Amaya, el informe médico de la inspectora de la Junta contradice al análisis del jefe del Servicio de Oftalmología, quien sí reconoce la vinculación de la ceguera con el uso de lotes con toxicidad. Rafael Martínez, otro de los afectados, ha perdido la visión del ojo derecho. También tuvo que dejar su trabajo como profesor de autoescuela, y gracias a la ONCE ha podido trabajar hasta que hace unos meses ha sacado un plaza como peón de obra en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Con tres hijos a los que tiene que sacar adelante, solo confía en que los tribunales reconozcan el daño causado, y lamenta que Sacyl no se haya hecho cargo. Luis Manso también espera la fecha del juicio. Él ha podido continuar su trabajo en una bodega de Peñafiel. Aun así, lamenta la falta de ayudas por tener una minusvalía reconocida solo del 16%.