El TSJ absuelve a León de la Riva y avala que ignoraba lo que firmaba

León de la Riva llega a los juzgados de Valladolid. /Alberto Mingueza
León de la Riva llega a los juzgados de Valladolid. / Alberto Mingueza

Considera que el exalcalde «no quiso quebrar la legalidad de manera arbitraria» en la rúbrica de las cartas del soterramiento

J. Asua
J. ASUA

Si la sentencia no se eleva al Supremo en casación, se certificó el fin del calvario judicial para Francisco Javier León de la Riva. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado íntegramente el recurso de la Fiscalía contra la absolución del exalcalde de Valladolid y de los concejales de su equipo Alfredo Blanco (Hacienda) y Manuel Sánchez (Infraestructuras) por la firma de los tres avales del crédito del soterramiento, las conocidas como 'comfort-letter', sin seguir los preceptivos trámites legales.

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El órgano, presidido por el magistrado José Luis Concepción, confirma el fallo de la Audiencia Provincial –no hubo ni prevaricación ni falsedad– y comparte con él buena parte de los argumentos. Entre los principales, para el TSJ «no es de extrañar» que el veterano político, «una persona profana en derecho, como es el acusado, ignorase el alcance de lo que estaba firmando y, creyendo que se trataba de una simple recomendación, no considerase preciso someterlo al criterio de los órganos técnicos o de intervención del Consistorio». Era el vicepresidente primero de la Sociedad Alta Velocidad y tenía la autorización del pleno para firmar las escrituras, documentos y pólizas en virtud de las facultades de representación de la corporación municipal, añaden.

«Muchas gracias a los que habéis creído en mi inocencia»

Ante la posibilidad de que la sentencia sea recurrida ante el Supremo, el exalcalde evitó hacer declaraciones sobre el proceso, pero sí remitió a este periódico el mensaje que ha enviado a sus personas más allegadas. En él, León de la Riva muestra su agradecimiento «a todos los que habéis creído en mi inocencia y me habéis mostrado vuestro apoyo en estos tres años y medio de calvario, que mi familia y yo hemos padecido. De verdad, muchas gracias».

Para los magistrados es «evidente» que León de la Riva «no trató de prevalerse de su condición de superioridad que le atribuía su condición de alcalde, ni de sustituir por su mero capricho el actuar que debería de haber observado, ni ocasionó con ello el necesario perjuicio a los intereses generales».

En la sentencia se subraya que «ni hubo actuar arbitrario –no es la mera ilegalidad lo que sanciona el tipo, sino la arbitrariedad–, ni existió perjuicio –toda vez que la consecuencia mediata fue beneficiosa para la sociedad y la inmediata, consistente en la amortización del crédito que con las firmas de los documentos se obtuvo, no tuvo que efectuarla el Consistorio sino, a la postre, el Ministerio de Fomento en su calidad de accionista mayoritario».

No fue consciente

Los magistrados creen que si se obvió el procedimiento «fue en todo caso por ignorancia de lo que había de realizar, no existiendo, como no existe, indicio alguno de que la conducta del acusado fuese consciente, voluntaria y dirigida a quebrar la legalidad de manera arbitraria».

Puente aboga por «pasar página» y el PP le reprocha su «beligerancia judicial fallida»

La confirmación de la absolución de León de la Riva, Manuel Sánchez y Alfredo Blanco fue recibida ayer por el alcalde, Óscar Puente, con una larga cambiada. Según señaló, el equipo de gobierno «ha pasado página» sobre este asunto, al tiempo que se felicitó por la rápida resolución del recurso por parte del TSJ, una celeridad que reclamó para otros juicios pendientes, como el del caso Samaniego o la presunta manipulación del Plan General de Ordenación Urbana, que lleva diez años coleando.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Antonio Martínez Bermejo, aprovechó el fallo absolutorio del tribunal para reprochar a Puente su «beligerante y fallida estrategia procesal».

Tras mostrar su satisfacción por el resultado de la sentencia y a expensas de si la Fiscalía la recurrirá ante el Supremo, Bermejo subrayó que el alcalde decidió llevar a los tribunales a su antecesor como una «cortina de humo para ocultar su renuncia al proyecto de soterramiento». También mostró su «alegría» el presidente provincial del Partido Popular y de la Diputación, Jesús Julio Carnero.

Según sostiene la sentencia, solo de la cláusula sexta de las cartas «podría vislumbrarse alguna consecuencia obligacional para el Ayuntamiento» (el pago del 25% del crédito de 400 millones si el contrato se incumplía). Para los magistrados, tampoco queda probado que la sola presencia del acusado en los tres consejos de administración de la Sociedad Alta Velocidad que precedieron a la firma de los avales sirvieran para proporcionarle «una completa información acerca de la magnitud de la operación que se proponía». El tribunal también incide en que las cartas de conformidad eran, en los años que se firmaron por parte de León de la Riva, instrumentos desconocidos para muchas administraciones, como alegó en su momento la defensa del exalcalde.

Asimismo, el órgano resalta que el resultado obtenido con la firma de la documentación –la necesaria financiación para que la sociedad lograse acometer el objeto social, que no fue otro que el llevar a cabo las necesarias obras para que el tren de alta velocidad fuese realidad en la ciudad– «no cabe reputarlo como injusto, es algo que no ofrece la más mínima duda, aunque para ello se obviase el procedimiento que debería haber sido respetado y que por no estimarlo necesario no inició el primero de los acusados, ni reclamaron los otros dos (por Blanco y Sánchez), respecto de los que ha quedado probado que no fueron consultados en cuanto a ese concreto particular». Sobre estos dos ediles, la Sala reitera que «ni existe complicidad, toda vez que no favorecieron la ejecución del actuar del primero de los acusados, ni puede decirse que cooperasen con la conducta de aquel, ni, por supuesto, que existiese un concierto de voluntades para llevar a cabo el resultado que se les imputa».

 

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