Caso Esther López

La jueza manda al banquillo a Óscar Sanz y le impone una fianza de 230.000 euros

La decisión de la instructora llega dos días después de la audiencia preliminar que tuvo lugar el pasado miércoles en Instrucción 5, en la que la jueza escuchó a todas las partes antes de pronunciarse sobre si, elevar la causa a juicio, o de lo contrario, dictar el sobreseimiento, una vez agotada la fase de instrucción tras casi cuatro años de diligencias. Tenía tres días para tomar esta decisión, que finalmente ha llegado 48 horas después de esa vistilla, que apenas duró 14 minutos y que fue un formalismo necesario para poder dictar el auto de apertura del juicio oral, que no es recurrible por las partes, salvo en lo relativo a la situación personal del acusado.

La magistrada mantiene en libertad a Óscar Sanz, aunque le impone el pago de una fianza de 230.000 euros, que deberá ser depositada para asegurar el pago de la responsabilidad civil solicitada por las acusaciones, si procediese su imposición en sentencia. De no hacerlo, se procederá al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrir dicha suma, acreditándose en su caso su insolvencia.

De esta forma, la causa se eleva a la Audiencia de Valladolid y se inician los preparativos para sentar a Óscar Sanz ante un jurado popular, que decidirá sobre su futuro en un procedimiento por el que se enfrenta a penas que oscilan desde los 18 a los 39 años de prisión. Sin perjuicio, eso sí, de que su representación pueda solicitar nuevamente el archivo de la causa cuando se celebre la vista de cuestiones previas que precederá a la celebración del juicio. Tras la notificación de esta decisión, las partes disponen ahora de 15 días para personarse ante la citada Audiencia, donde podrán pedir la práctica de nuevos testimonios para su utilización en una futura vista oral cuando se produzca su señalamiento, para el que, de momento, no se manejan fechas.

El tribunal deberá decidir también sobre la práctica de las pruebas propuestas por la defensa en los últimos coletazos de la fase de instrucción, rechazadas en varias ocasiones por la magistrada para «no dilatar el procedimiento». Se trata, en concreto, de fotos de la autopsia, oficios sobre otro teléfono que tenía la víctima, así como de la solicitud de informes a la Junta de Castilla y León para que su servicio de Medio Ambiente determine si el cuerpo, cuando apareció, presentaba evidencias de haber estado 21 días a la intemperie en la zona donde fue localizado. Pruebas que ya están en poder de la UCO, según defendieron las letradas de Óscar Sanz tras la vistilla en la que solicitaron que se practicaran estas nuevas diligencias antes de dictar una apertura de juicio oral que ya daban por sentada y que este viernes se ha confirmado.