Valladolid

El Procurador insta a la Junta a permitir el cambio de centro a un alumno absentista que denunció acoso

Sin embargo, la familia quiere trasladar al estudiante a un centro concertado al considerar que hay acoso y no solamente un problema de malas notas o absentismo y ha llevado su queja al Procurador del Común.

La resolución de la oficina de Tomás Quintana, aunque no se hayan observado comportamientos que avalen que ha sido víctima de 'bullying', considera que desde la Consejería de Educación y el instituto se deberían adoptar diversas medidas para amparar a este alumno y aprovechar la situación para sensibilizar a la clase sobre conductas inadecuadas al respecto.

El autor de la queja precisa que la familia habría mantenido, sin éxito, la pretensión de que el alumno sea admitido en un determinado centro concertado para continuar los estudios que está realizando y evitar la situación de acoso a la que, según los demandantes, sigue estando sometido el interesado. Sin embargo, el informe remitido por la Consejería de Educación, confirma la apertura del protocolo «ante un supuesto acoso escolar, y su cierre al no advertirse la existencia del mismo, y, por otro lado, no consta la formalización de ninguna solicitud de cambio de centro educativo para el alumno al que se refiere el expediente».

Los detalles de los centros y el alumno se omiten en la resolución por protección de datos.

La documentación de la Administración autonómica recoge un cumplimiento de las medidas que se adoptan en estos casos. Hay varias entrevistas con la familia e internas en el instituto para analizar la situación. En una de las reuniones, la orientadora del centro solicitó información al profesorado presente. Por otra parte, «se informa de las medidas de protección que se llevarán a cabo: los profesores se quedarán en el aula durante los cinco minutos que transcurren en el cambio de clase y siempre hasta que llegue el profesor de la siguiente clase. Además, deberán observar con especial interés el comportamiento de todos los alumnos del grupo (un total de doce) ya que, hasta el momento, nadie ha visto ni notado nada que indujera a pensar que la situación que manifiesta el padre del alumno», recoge la resolución de la Procuraduría.

También se informa que se entrevistará a los tres alumnos señalados y a otro del grupo que se considera tener relación cercana con el afectado. «Todos los participantes implicados en el análisis del posible caso de acoso escolar coinciden en no haber sido testigos de ningún tipo de actitud negativa hacia el alumno ni por parte de los tres compañeros señalados ni por ningún otro». Lo que sí señalan los participantes en estas entrevistas es «el alto nivel de absentismo». El programa del instituto recoge 434 faltas en el curso 2022-2023 y 206 entre septiembre y enero del presente. Y Educación también insiste en que «no consta solicitud de cambio de centro en periodo ordinario ni extraordinario no por convivencia desfavorable ni por otro motivo».

Pese a todo, el Procurador del Común insta a adoptar medidas, aunque no se haya confirmado la existencia de acoso. «Deberían llevarse a cabo actuaciones de carácter preventivo, dirigidas a la sensibilización, concienciación, mentalización y formación en la lucha contra el acoso escolar, y cualesquiera otras que contribuyan a mejorar el éxito del proceso educativo del alumnado en el Instituto». Ello dado los malos resultados en las evaluaciones y las faltas escolares se deban a lo que se deban.

Por otro lado, en cuanto al interés de los afectados en cambiar de centro educativo, «cabe considerar que el artículo 20 del Decreto 52/2018, de 27 de diciembre, por el que se regula la admisión del alumnado en centros sostenidos con fondos públicos de Castilla y León, regula el procedimiento de admisión en supuestos excepcionales». Así recoge, entre los supuestos, una convivencia desfavorable y cambios de centro docente realizados de oficio por la Dirección Provincial de Educación en beneficio del alumno. Y la legislación también ampara otras situaciones excepcionales.

Considera por ello en su resolución el Procurador del Común que «la Administración educativa debe ponerse en contacto con la familia del alumno con el fin de concretar los motivos de la falta de asistencia a clase y ofrecerle las orientaciones necesaria para que, en su caso, pueda solicitar el cambio de centro educativo ante un supuesto excepcional, aunque no se haya constatado una situación de acoso escolar».