Castilla y León

Burlas y un chat contra una compañera en un presunto caso de acoso escolar

Los problemas surgieron en el curso de 2022-2023, continuaron en el actual y hasta este 8 de enero de 2024, tras las vacaciones de Navidad, no se comenzó a estudiar la situación para valorarla y adoptar, en su caso, las medidas pertinentes. Y tardaría un mes más en activarse el Protocolo. Por ello, la oficina de Tomás Quintana insta a la Consejería de Educación a actuar con celeridad en estos casos y a realizar un seguimiento del mismo.

La alumna, de un centro y municipio que se evitan recoger en la resolución por protección de datos, según el relato de la madre y varios indicios es una presunta víctima de persecución y agresiones por parte de sus compañeros de clase. Según los términos de la queja, durante el pasado curso escolar, la estudiante «comenzó a ser aislada del grupo de clase por otra compañera y a ser maltratada por una de sus amigas». Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la tutora en su momento por parte de la familia de la niña, pero «aquella no les dio mayor importancia».

Al inicio del presente curso, «la alumna empezó a manifestar dolores de cabeza en clase y tenía que ser recogida por su madre, burlándose de ello sus compañeras», recoge el expediente. El 21 de octubre de 2023, la escolar sufrió una crisis de ansiedad, lo que se pone en relación con lo publicado por un compañero en un chat del colegio. A raíz de ello, la madre de la menor tuvo conocimiento, a través de la progenitora de otra alumna, de que existía un grupo de chat del colegio con el nombre de la alumna y el prefijo 'anti'. Todo ello, también se le hizo saber a una profesora, que manifestó que daría traslado de los hechos a la dirección del centro, «llevándose a cabo ciertas actuaciones con los alumnos responsables del suceso, aunque sin procederse a la apertura del protocolo para supuestos de acoso escolar».

Llegó la Navidad pasada y en un festival con motivo de tales fechas, el 22 de diciembre de 2023, la pequeña fue objeto de otra agresión de sus compañeros, que le «echaron un producto pegajoso en su pelo, tal como lo habían proyectado a través de una nota manuscrita que fue encontrada».

Pese a todos estos incidentes, en el escrito de queja se ha hecho hincapié en que «el centro educativo se ha mantenido reticente a abrir el protocolo de acoso escolar, y que la situación de aislamiento, burlas, agresiones..., se ha seguido produciendo sin que se hayan adoptado medidas eficaces para revertir la situación».

Fue el pasado día 8 de febrero cuando, según indica la Consejería de Educación, se pone en marcha el protocolo diseñado para estos casos. Al margen de ello, en el informe remitido por la Consejería de Educación a esta procuraduría se hace una exposición cronológica de lo sucedido entre el 30 de octubre y el 14 de diciembre de 2023, con relación a las denuncias y manifestaciones del supuesto acoso escolar.

Los alumnos reconocen que habitualmente crean grupos de chat, si bien también se pone de manifiesto que la afectada ha participado activamente en la creación de estos grupos con el resto de los compañeros de clase. Además, se comprueba que el grupo ya no existe; aunque el coordinador de sección comprueba que es verdad que hubo un grupo denominado así, pero que ya se ha eliminado, y que también se han suprimido el resto de los grupos que hay formados de la clase, comprobando además que en los mismos no hay ningún tipo de insulto hacia la supuesta víctima.

Además de la entrevista con los alumnos, el centro decide poner en marcha actuaciones en el marco del Plan de Convivencia. Así se adoptan diversas medidas como charlas sobre empatía y 'ponerse en el lugar del otro' y de organización como la vigilancia de los recreos por parte de profesores que imparten clase en sexto de Primaria, con guardias de patio para poder observar las conductas de los alumnos; así como una mediación entre los escolares implicados y otras actuaciones en las que ha llegado a intervenir el servicio de asistencia social del Ayuntamiento.

El Procurador del Común concluye que el protocolo no se ha abierto hasta el 8 de febrero y reclama más diligencia respecto a este u otros casos.

En su resolución establece que: «Deben impulsarse, con la mayor celeridad posible, las actuaciones correspondientes al Protocolo abierto ante el supuesto de posible acoso escolar al que ha dado lugar la queja que hemos recibido, para garantizar, en su caso, el desarrollo de un plan de actuación que restituya los derechos de la alumna afectada». Y, en un segundo punto, que: «La Inspección educativa debe hacer un específico seguimiento de la atención educativa prestada a la alumna supuestamente acosada, con especial consideración, a efectos de mantener la debida coordinación, de la intervención que puedan estar teniendo los servicios sociales en beneficio del interés preponderante de la alumna, y garantizando que todos los miembros de la comunidad educativa ejercen sus derechos y cumplen con sus obligaciones de modo que las actividades académicas puedan desarrollarse en un contexto de total normalidad».