La prisión de Valladolid introduce «importantes cambios» en un año marcado por la fuga de un preso

El acto, donde se han condecorado a trabajadores con más de 25 años de servicio y a la Fundación Aldaba con la Medalla al Mérito Social por su colaboración en programas de reinserción y apoyo, ha sido también la primera aparición pública de la nueva directora de prisiones, Nuria San José, que tomó posesión de su cargo el pasado mes de marzo tras el cese de su predecesor, Carlos Blanco, que llegó dos semanas después de que se produjera la fuga de un preso tras más de 20 años en el cargo.

A él y al conjunto de los trabajadores del centro penitenciario han ido dedicadas las primeras palabras de San José, que ya había ocupado otros cargos en la prisión. «Conmemorar este aniversario supone mirar el pasado con gratitud, rendir homenaje a quienes nos precedieron, empezando por los tres directores que en distintas etapas han asumido la responsabilidad junto a sus equipos directivos de liderar este centro», reconocía, a la par que apelaba a reafirmar su «compromiso con el futuro basado en la mejora continua» en un año marcado por «importantes cambios» derivados del último concurso de traslados, que ha supuesto despedidas y la llegada de 76 nuevos trabajadores al centro, con ella 77.

Unos cambios a los que también ha apelado al ser preguntada por las medidas de seguridad tomadas en sus seis meses de mandato para afrontar la crisis que originó la fuga del narco extremeño, que sigue en paradero desconocido. «Evidentemente, el centro penitenciario de Valladolid ha tenido un cambio. Como ha habido un cambio en la dirección, ha habido y va a haber cambios en todos los procedimientos. Siempre hay cosas que mejorar en nuestro trabajo diario y en esa tarea estamos. Hemos dado una vuelta a determinados protocolos y procedimientos que favorece la mejora», ha explicado San José, sin querer extenderse sobre la cuestión en un día «importante» y de «celebración».

«Evidentemente se produjeron algunos fallos, se aprende de ello y se mejoran los procedimientos», añadía el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, que ha acompañado a Rubio durante el acto y que se ha mostrado «seguro» de que el preso fugado «en algún momento caerá» en cualquier operación, pues es un perfil que «vuelve a delinquir».

Canales se ha pronunciado también sobre la reivindicación por la falta de transporte público para dar traslado a los familiares al centro que hizo el año pasado en el mismo acto. Anunció entonces que se trabajaba junto con la Junta «sin una fecha concreta» para dotar a la prisión de este servicio, alargando el trayecto de autobús que va al aeropuerto. «Es una cuestión que tenemos pendiente y estamos avanzando. Efectivamente, para venir a la prisión no hay un medio de transporte público y yo creo que es necesario que, sobre todo, las familias puedan utilizarlo, porque si no se hace muy difícil que puedan compartir un rato con las personas que están privadas de libertad», reconocía.

La propuesta incluía la realización de unas obras para facilitar la llegada del transporte que, un año después, están paralizadas. «Instituciones Penitenciarias, a nivel de dirección en Madrid, se ha dado cuenta de que este centro necesita una inversión más profunda. Son 40 años ya de servicio y algunas de las cosas que entonces eran un privilegio se han quedado obsoletas y necesita una reforma mayor. No sería razonable emprender trabajos que en poco tiempo quedarían superados por otro tipo de obras y, por lo tanto, se va a abordar una mayor reforma integral del centro», ha justificado, quedando con ello en suspenso aquellas previsiones.

El subdelegado ha puesto también en valor la labor de los 288 empleados públicos del centro, con una media de 59 funcionarios por cada 100 internos, a quienes ha agradecido su esfuerzo para hacer posible la «reeducación y la reinserción social» de las personas privadas de libertad. «Todas las tareas, desde la custodia hasta la asistencia educativa y sanitaria, son esenciales para cumplir con el mandato constitucional», ha apuntado.

En la actualidad, el centro penitenciario cuenta con 487 internos, de los cuales solo 36 mujeres. A los que hay que sumar 73 personas en libertad condicional supervisada, distribuidos en nuevo modelos, siete masculinos, uno femenino y uno terapéutico en el que hasta ahora solo había hombres y que próximamente será mixto. De esta población reclusa, más del 65% participa en programas educativos, desde alfabetización hasta estudios universitarios a través de la UNED. Nueve internos cursan grados en ADE, Derecho, Psicología y Matemáticas, mientras que otros preparan el acceso a la universidad. Del centro depende también el Centro de Inserción Social Máximo Casado Carrera- en honor al funcionario de prisiones asesinado por ETA en el año 2000-, con 52 residentes en régimen abierto.