Piden cuatro años de prisión a dos acusados de explotar a extranjeros en una nave de cebollas de Siete Iglesias

Según sostiene el ministerio público en su escrito de conclusiones provisionales, el empresario y representante legal de la sociedad mercantil también acusada, que procesaba cebollas y patatas en una nave del paraje Mescabello, en el término municipal de Siete Iglesias, desde octubre a diciembre de 2018, habría captado a personas extranjeras, principalmente de nacionalidad rumana, para realizar trabajos agrícolas tanto en el campo como en esa nave «imponiéndoles unas condiciones laborales que abiertamente contravenían, en perjuicio de sus trabajadores, la normativa para el sector».

Para ello, prosigue la Fiscalía, el empresario se servía de la colaboración del otro acusado, también rumano, «que hacía las funciones de capataz y persona de confianza del contratador«. Este se encargaba »de captar y reclutar personas que dada su situación de necesidad y precariedad vital necesitaban ineludiblemente trabajar para poder subsistir« y de »tratar con ellos las condiciones de trabajo y de abonarles el sueldo, resolviendo cualquier problema que pudiera surgir en la actividad desarrollada«.

En concreto, alude a dos trabajadores que se desplazaron desde la provincia de Zaragoza, pues Nicolae Octavian Poenaru les llamó por teléfono al enterarse de que buscaban trabajo y les ofreció realizar labores en el campo con contrato, seguro y alta en la seguridad social, así como un salario de siete euros la hora y un día de descanso semanal. Sin embargo, al empezar a trabajar, «les informó que si querían trabajar con contrato cobrarían cuatro euros la hora, un salario muy inferior al establecido por convenio, pero que si trabajaban sin contrato cobrarían cinco euros y medio la hora». Ellos aceptaron esta condición «ante el estado de precariedad en el que se encontraban». Comenzaron a trabajar del 13 al 24 de octubre de 208, «día en que, a la vista de lo insoportable de las condiciones y el salario realmente pagado (240 euros cada uno) decidieron dejar de trabajar e interponer una denuncia.

Ocurrió también con otro trabajador, originario de Mali, que fue capatado por el propio empresario a través de una ONG, trabajando desde el 4 de octubre de 2018 bajo la promesa de firmar contrato, ser dado de alta en la seguridad social y cobrar siete euros la hora trabajada, pero nunca se cumplieron esas promesas. Trabajaba entre 12 y 13 horas diarias por un salario de seis euros la hora hasta que a finales de octubre sufrió un accidente mientras trabajaba y se hizo daño en una pierna. No acudió a ningún centro médico, declaró, «ante el temor de perder el trabajo al contar lo sucedido, como así ocurrió», se expone en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía.

El 5 de diciembre de 2018 la Inspección de Trabajo de Valladolid visitó la nave e identificó a los trabajadores rumanos y al capataz trabajando en la selección de cebollas «sin tener ninguno, salvo el acusado, contrato laboral y sin estar dados de alta en la Seguridad Social por un salario de cuatro euros la hora«.

Según la acusación, los hechos constituyen un delito continuado contra los derechos de los trabajadores y pide que se les imponga a cada uno de los dos acusados cuatro años de prisión y multa de diez meses, con una cuota diaria de 15 euros y arresto personal subsidiario de un día por cada dos cuotas impagadas. Respecto de la empresa, se solicita que se le suspendan sus actividades durante cinco años y se le inhabilite para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de incentivos y beneficios fiscales o de la Seguridad Social por 15 años.