Investigan a un empresario de Siete Iglesias por obligar a 7 inmigrantes a trabajar gratis

Explotación agrícola donde se produjeron las detenciones./Guardia Civil
Explotación agrícola donde se produjeron las detenciones. / Guardia Civil

Las víctimas realizaban peonadas de hasta catorce horas diarias en el campo y vivían hacinadas

J. Sanz
J. SANZValladolid

Las investigaciones comenzaron meses atrás y condujeron a los agentes de la Guardia Civil y a los inspectores de la Inspección Trabajo y la Seguridad Social a una explotación agraria de Siete Iglesias de Trabancos, dedicada al cultivo, recolección y venta de patatas, cebollas o ajos. Allí identificaron a una cuadrilla de siete trabajadores inmigrantes (procedentes de Rumanía y Malí) que, al parecer, fueron traídos por compatriotas rumanos desde Zaragoza bajo la promesa de cobrar salarios dignos por trabajar en el campo pero que, al final, acabaron realizando «peonadas de hasta catorce horas diarias y que no llegaron a percibir salario alguno con la excusa de que debía abonar los gastos de los desplazamientos, alojamiento y manutención». Y todo ello a pesar de que vivían hacinados en una infravivienda, en este caso en un pueblo salmantino, sin las «más mínimas condiciones de salubridad». Por estos hechos fueron detenidos el propietario de la explotación vallisoletana y dos de sus trabajadores, de nacionalidad rumana. Estos últimos eran los encargados, presuntamente, de captar a las víctimas en núcleos chabolistas y desfavorecidos de Zaragoza, según informaron ayer fuentes de la Benemérita. Los tres sospechosos están acusados de los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores.

La denominada 'operación Ceapa' culminó a finales de febrero con la inspección a cargo de guardias y funcionarios de la empresa agrícola de Siete Iglesias y la detención de su propietario y dos empleados. Los tres fueron puestos en libertad con cargos a la espera de juicio. Los siete trabajadores identificados (seis inmigrantes rumanos y uno del país africano de Malí), en su caso como víctimas de este presunto «grupo criminal», como califican los agentes a los integrantes de esta trama, han conseguido ahora contratos labores legales en otras explotaciones agrícolas de los pueblos del entorno.

Los investigadores consideran que los hechos se remontan al mes de octubre del año pasado, cuando la empresa habría comenzado a ofertar puestos de trabajo en labores agrícolas a través de dos operarios inmigrantes. Estos, al parecer, reclutaron a sus compatriotas o a extranjeros afincados en Zaragoza y en «entornos extremadamente vulnerables». Tanto es así que la mayoría de las siete víctimas identificadas «tenían dificultades para entender y hablar el castellano». Y así, «bajo engaños» de obtener contratos legales, acabaron recalando en la explotación vallisoletana y residiendo en una infravivienda de un familiar de uno de los ahora detenidos, situada en la vecina provincia de Salamanca, en la que carecían, incluso, de aseos.

Los temporeros no solo «carecían de contratos legales sino que eran obligados a realizar jornadas laborales de entre trece y catorce horas, con una hora de descanso para comer», apuntan las fuentes de la investigación consultadas antes de concretar que les ofrecían sobre el papel «salarios irrisorios de cinco euros». Pero luego «tampoco les pagaban» al reclamarles el coste de las comidas, los desplazamientos de su 'casa' al campo o las ficticias gestiones administrativas de sus contratos.

La situación de desamparo de la cuadrilla era tal, continúan las mismas fuentes, que uno de los trabajadores llegó a sufrir un accidente laboral al caerle encima un palé y «no recibió atención alguna por parte de la empresa». El propio lesionado tuvo que desplazarse por sus medios a un centro médico para ser asistido.

La trata de seres humanos está castigada con penas de entre cinco y ocho años de cárcel y el delito contra los derechos de los trabajadores conlleva entre seis meses y seis años.