Los pensionistas de Valladolid protestan contra la brecha de género de las pensiones

Entre cánticos como «gobierne quien gobierne las pensiones se defienden» y «Valladolid en contra de la brecha de género de las pensiones», una mayoría de pensionistas hombres convocados por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) han reivindicado que se tomen medidas para equiparar las pensiones de hombres y mujeres, tales como la actualización de las pensiones mínimas al SMI o el 100% de la base reguladora salarial del fallecido para las pensiones de viudedad.

A pesar de que la pensión media en Castilla y León se situó a 1 de diciembre de 2023 en 1.196,81 euros tras una subida autonómica interanual del 9,66%, desde COESPE ponen el foco en las pensiones que no se ven representadas en las estadísticas. «La realidad es muy distinta cuando bajamos a pie de calle», apunta Jesús Isabel, portavoz de COESPE, que pone el foco en prestaciones como las de viudedad o las de la invalidez, que oscilarán entre los 500 y los 800 euros con la subida de este año.

Desde la plataforma denuncian que un elevado número de pensiones están por debajo de los 1.080 euros -en torno a un 60%- y que un 70% de estas pensiones son percibidas por mujeres. Cifran la brecha de género de las pensiones en un 33%, situando la pensión media de los hombres (4.602.505 pensionistas) en 1.368 euros frente a los 917 euros que cobra una mujer, que representan casi la mitad de pensionistas existentes (4.474.070). Además, Isabel advierte de que «hay un millón de mujeres que no cobra ninguna pensión». «Señor gobierno progresista, ¿para qué quiere usted un ministerio de Igualdad si no hay igualdad», sentencia.

Esta situación responde a la histórica asunción de los cuidados por parte de las mujeres, que se traduce en menores periodos de cotización, bases más bajas y una mayor dificultad para acceder al mercado laboral. Para paliar la brecha, desde la plataforma exigen al gobierno que tome medidas para elevar la cuantía de las pensiones más castigadas: la subida de las subsidios de viudedad al 100% de la base reguladora y la extensión del complemento para todas las mujeres pensionistas, así como la equiparación de las pensiones al SMI, fijando este un 60% del salario medio existente en el país, conforme a lo firmado en la Carta Social Europea.

Las exigencias no han estado dirigidas únicamente al Gobierno central, sino que desde la plataforma apuntan a que los gobiernos regionales y los ayuntamientos también puede complementar las pensiones. «El gobierno autonómico tiene facultades para complementar las pensiones. Hace tres años les hicimos un plan y nos dijeron que lo iban a estudiar. Todavía siguen estudiándolo», denuncia el portavoz.

La protesta, que ha finalizado con una recogida de firmas en apoyo a las medidas exigidas, es la antesala de un encuentro a nivel estatal, que tendrá lugar en Madrid los días 23 y 24 de febrero para visibilizar la precariedad de las mujeres pensionistas.