Nueva prueba de estrés para la sociedad Valladolid Alta Velocidad: reunión presencial el 6 de octubre

El último movimiento de Adif, Renfe y el propio Ministerio de Transportes ha sido concluyente. Han aprobado llevar al contencioso-administrativo el impago de los 11,075 millones que el Ayuntamiento de Valladolid debía aportar en el año 2024 y decidió aplazar y prorratear. Es, en realidad, un primer paso en el largo proceso que puede desembocar en la disolución de la sociedad.

Y con ese precedente se llegará al 6 de octubre con un orden del día que debería incluir, cuando menos, la decisión de adjudicar las obras de Unión y Pelícano, para las que se ya se han recibido las ofertas, así como sacar a licitación las obras de los tres pasos previstos en Ariza. Tal y como están las cosas, es probable que esos temas se conviertan en meras anécdotas en una reunión a la que el Ministerio acudirá con un ultimátum. O hay obras o no tiene sentido continuar con el convenio de integración ni, por consiguiente, con la actividad de la sociedad.

Mientras tanto, en las próximas semanas deberían comenzar las obras de construcción de la nueva estación de trenes de Valladolid. Una obra tasada en 216 millones de euros y que tendrá una duración de 43 meses. Pero sobre todo una obra que no tiene nada que ver con la actividad de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, porque su ejecución depende únicamente de Adif. Cabe recordar la frase de Óscar Puente, ministros de Transportes, en una entrevista a El Norte de Castilla cuando la estación aún estaba en proyecto: «Lo que mata el soterramiento es la estación». Una infraestructura básica, de interés general ferroviario, que se planificó en su momento para unas vías en superficie, puesto que se encargó su diseño después de la firma del nuevo convenio de integración ferroviaria (2017) que abandonaba la idea de un soterramiento. Esto hace que la forma en que se ha concebido, con unos micropilotes como cimentación para hacer posible que se mantenga el tráfico ferroviario durante las obras, sea incompatible con un soterramiento futuro.

Con todo este contexto, la reunión del Consejo de Administración será un nuevo hito en el enfrentamiento sostenido entre la postura de Adif, Renfe y el Ministerio, decididos a avanar en la integración ferroviaria, y el Ayuntamiento y la Junta, que quieren renegociar el convenio para volver a la senda del soterramiento.