Valladolid

La nueva ordenanza ciclista y del patinete no conllevará multas hasta enero

En una nota enviada por el Consistorio, se señala que durante los primeros meses de aplicación se adoptará «un enfoque educativo y pedagógico». Así, las infracciones leves podrán sancionarse con «apercibimientos en lugar de multas» con el fin de facilitar la adaptación a la nueva regulación. «Queremos que esta ordenanza se entienda y se cumpla, no solo que se sancione», subraya el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca

En el caso de la obligación de inscribir el patinete en un registro y contar con un seguro de responsabilidad civil, la ordenanza se acoge al desarrollo reglamentario de la Ley 5/2025, de 24 de julio. Ese texto del Gobierno central da seis meses desde la entrada en vigor de la nueva ley para contratar el seguro sin riesgo de sanción. Pasado ese plazo, circular sin él será motivo de multa, con importes de hasta 1.000 euros, en función de la gravedad del caso.

Además, el Ejecutivo de Sánchez tiene intención crear un registro público de vehículos de movilidad personal para enero de 2026 y todos los usuarios deberán estar oficialmente inscritos en él. La póliza que se exige deberá cubrir 6.450.000 euros en daños a víctimas, cualquiera que sea su número, y 1.300.000 en los perjuicios a los bienes. Estos dos aspectos están pendientes del desarrollo reglamentario de la ley antes citada por parte de la Dirección General de Tráfico, según matizan en el Ayuntamiento.

Estos vehículos podrán circular por vías ciclistas y por calzadas urbanas limitadas a 50 kilómetros por hora, pero no por aceras, zonas peatonales, carriles bus, túneles urbanos ni parques ajardinados. «Los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal son ya parte de la vida de la ciudad, pero necesitan normas claras; con esta regulación Valladolid garantiza la seguridad de todos y la convivencia entre peatones y usuarios de los VMP», sostiene el edil. Se estima que cerca de cuatro mil vecinos los usan a diario para sus desplazamientos al trabajo o centros de estudio.

El número de siniestros provocado por los patinetes ha pasado de 70 en 2022 a 112 en 2024, con un incremento proporcional en heridos leves y graves. En el mismo periodo, se han triplicado además los informes periciales sobre vehículos irregulares y se han registrado 1.350 denuncias por infracciones, la mayoría relacionadas con circulación por aceras, conducción negligente o bajo los efectos del alcohol o drogas.

Entre las principales novedades para los ciclistas urbanos, se recoge que se permitirá el tránsito de bicicletas por zonas peatonales que no sean aceras y con condiciones de prioridad peatonal, limitación de velocidad y distancia mínima respecto a los viandantes. Habrá, sin embargo, restricciones horarias en calles con alta densidad comercial como Santiago, Mantería, Regalado, Teresa Gil, Menéndez Pelayo y Montero Calvo en las que durante el horario de carga y descarga -de lunes a sábado de 7:30 a 11:00 horas- habrá que desmontarse del vehículo.

También se autoriza el transporte de pasajeros, carga o mascotas siempre que se cumplan los requisitos técnicos y de seguridad y con una edad mínima de 16 años. La circulación en contrasentido estará permitida en calles de un solo carril y velocidad máxima de 30 kilómetros por hora siempre que cuenten con la señalización correspondiente. Los menores de 16 años deberán llevar casco y todos los ciclistas deberán vestir prendas reflectantes entre el ocaso y la salida del sol, así como en condiciones de baja visibilidad. Además, los ciclos adaptados para personas con discapacidad o movilidad reducida podrán circular por las aceras en determinadas condiciones.

La ordenanza establece un marco normativo específico para la implantación, modificación o supresión de carriles reservados -bus-taxi, bici o de alta ocupación-, que exigirá un estudio previo de movilidad que justifique su viabilidad técnica y su aportación a la eficiencia del tráfico y la sostenibilidad urbana.

Alberto Gutiérrez destaca que la ordenanza, que ha sido criticada con dureza por los dos partidos de la oposición y por colectivos ciclistas, es «fruto de un trabajo riguroso, que busca mejorar la seguridad de todas las personas usuarias de la vía pública, favorecer la movilidad activa y sentar las bases de una ciudad más accesible y sostenible».