Crimen de la Circular en Valladolid

Juicio al hijo y la exnuera de María Aguña: «Los gestores tenían que estar aquí»

Los otros dos procesados, José Pérez Calleja, de 73 años, y José Luis Baquero Gutiérrez, de 46, habían llegado previamente a un acuerdo con la Fiscalía y reconocido los hechos que se les imputan. La sentencia de conformidad que se les aplicará consiste en dos años de prisión y nueve meses de multa con cuota diaria de cinco euros, para el primero, por cooperador necesario en el delito de frustración en la ejecución y, para el segundo, como cómplice, nueve meses de prisión y seis meses de multa con cuotas diarias de cinco euros. Ambos se acogieron a su derecho a no declarar y se les concedió marcharse de la Sala.

Así que la vista oral continuó con los dos acusados de 'escamotear' a la Hacienda Pública 2,1 millones de euros mediante la creación sucesiva de sociedades a medida que les iban embargando bienes. Los hechos que la Fiscalía de Valladolid imputa al heredero varón de María, a su hoy expareja, al 'padrastro' de ella y al cuarto acusado se remontan al año siguiente de la muerte violenta de la septuagenaria y están relacionados con el supuesto uso ilícito de bienes embargados por Hacienda a las empresas familiares. Cada uno de los dos acusados que no han pactado con el ministerio público se enfrentan a penas de cinco año de prisión y multa de 9.900 euros por el delito de frustración de la ejecución del artículo 257.1 en relación con el de estafa del 250.5 del Código Penal. Solo contestaron a las preguntas de sus respectivos abogados.

Jesús Ángel Aragón, que se definió profesionalmente como «intermediario» a comisión en la compraventa de ganado, explicó, a preguntas de su abogado, Óscar de Diego Gómez, que durante «cuatro o cinco años» llevaba la empresa con su madre, Ganados y Servicios Aguña SL, pero que decidió ponerse por su cuenta y desvincularse del negocio familiar, de manera que en 2009 constituyó dos sociedades. Cuando la dejó, aseguró, la empresa familiar no tenía «embargos ni apremios».

El acusado reconoció ante el tribunal su adicción de años a las sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, y afirmó que ahora está en tratamiento. Cuando la tarde lluviosa del 26 de noviembre de 2019 fue interceptado por la Policía Nacional mientras caminaba por la calle carretera de la Esperanza y se le iban cayendo billetes de 100 y 50 euros que llevaba entre sus ropas, se tambaleaba y apenas podía hablar, han raficado los agentes que acudieron a la llamada de los testigos, que pensaban en principio que eran billetes falsos. Se le incautaron 94.000 euros en metálico y un Mercedes con precinto en el que había 30 décimos de de lotería y pagarés, algunos caducados. Según ha justificado en el juicio, le estaba guardando ese dinero a un vendedor de ganado que le tenía confianza y que se marchaba de viaje y no quería llevar tanto dinero encima. «Yo iba a entregárselo cuando me interceptaron los agentes», ha afirmado.

Este testigo, Jesús Clemente Gómez, declaró ayer por videoconferencia desde la prisión donde cumple condena desde hace tres años y medio y aclaró que estaba preso «no por los terneros, sino por los forrajes». Ratificó la versión del acusado de que ese dinero, «96.000 euros», era suyo, producto de la venta de «de unos terneros» a través de su sociedad, Los Gavilanes, y que le pidió a Jesús Ángel se lo guardara para que al día siguiente, cuando volviera de la feria de Mérida, se lo devolviera. Una parte de esa cantidad en metálico se la adeudaba al propio tratante vallisoletano, y el resto, explicó, iba destinado a «tres sitios, en Galicia y Asturias, se iban a hacer tres transferencias, lo saqué yo de La Caixa». Entonces, le inquiró el fiscal, «¿Para qué se sacó ese dinero y no se hacían las transferencias directamente?». Y el testigo respondió: «Porque a veces quieren parte del dinero en la mano. Es lo que se ha hecho siempre».

Cristina Acuña, pareja durante más de siete años del acusado principal, se declaró inocente de entrada y apuntó hacia los gestores de las sociedades de la familia de tratantes de ganado, a quienes acusó de utilizar su firma electrónica para actividades de las que ella no tenía noticia. «Todo lo que me mandaban los gestores lo firmaba, me decían, no te preocupes, nosotros nos hacemos cargo», señaló a preguntas de su letrado, Marcos García-Montes. Los dos gestores, indicó la acusada, eran amigos «del difunto padre» de su entonces pareja sentimental. «Me pidieron la firma digital y cuando empezaron los problemas me dijeron que ellos no eran mis abogados, que me buscara la vida. Yo no tengo relación ninguna con esas sociedades», ha insistido, aunque figura en una de ellas como administradora. «Creo que deberían estar aquí los gestores, ellos abrieron la sociedad».

Sobre el turismo del que ella era titular, Jesús Ángel afirmó que no sabía que estuviera embargado, que en 2015 la empresa Ganados Selectos se lo vendió a un sobrino y este, a Cristina. Ella ha puntualizado durante su declaración que ella nunca dispuso del coche y que «siempre» era Jesús Ángel quien lo utilizaba «para trabajar».

La acusación pública sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que las sociedades gestionadas y administradas por estos empresarios tratantes de ganado, a fecha de la apertura de las diligencias del caso en 2019, habían acumulado una deuda con el fisco superior a los dos millones de euros y cometieron un delito de frustración de la ejecución. Este delito consiste en que el deudor crea una situación de insolvencia o la agrava, ocultando o deshaciéndose de sus bienes con el ánimo de perjudicar a sus acreedores, en este caso, la Hacienda Pública.

La mayor parte de la cantidad adeudada al fisco es consecuencia de un expediente de derivación de responsabilidad de las deudas de la sociedad limitada Ganados y Servicios Aguña. No era la primera derivación que se realizaba, explica el escrito de la acusación, porque en cuanto se notificaban los acuerdos de inicio de los expedientes, las sociedades cesaban en su actividad y se constituia una nueva que, a pesar de estar configurada y administrada por personas distintas, se dedicaba al mismo negocio y era gestionada por Jesús Ángel con la participación necesaria y complicidad de los otros tres acusados.

Indica el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía que, como las sociedades no tenían más bienes que el dinero en cuentas corrientes y los créditos sobre sus clientes, «la única forma» para conseguir el pago de estas deudas era «el embargo cautelar de dichas cuentas y clientes cuando se iniciaba el expediente de derivación de responsabilidad». El fiscal sostiene que los acusados crearon las sociedades para evitar esos embargos. Para dejar fuera del alcance de Hacienda el dinero que conseguían en sus operaciones comerciales, ingresaban las cuantías mediante transferencias o pagarés en las dos sociedades no afectadas por las derivaciones de responsabilidad. También reintegraban en metálico dichos importes y, en ocasiones, cobraban en efectivo a los clientes.

Así lo ha ratificado el técnico de la Delegación de Hacienda de Salamanca que firma el informe que solicitó en su día el juzgado instructor y que también ha declarado este martes en el juicio por videoconferencia. «Crearon sociedades unipersonales, sucesivas, continuando con la misma actividad y mismas cuentas bancarias; unas dejan de funcionar y constituyen una nueva», ha resumido el testigo, quien también ha indicado al tribunal que la deuda de 2,1 millones «es incobrable». También ha señalado el técnico que hasta la fecha se le han embargado al acusado como administrador de Ganados y Servicios Aguña bienes inmuebles, como el piso de Zorrilla, que fue vendido e ingresadas las cantidades en Hacienda; el piso de la madre, en La Circular, embargado y ejecutado a través del juzgado; además, una caja de seguridad y las joyas de la malograda María Aguña «están depositadas» y la Agencia Tributaria tiene pendiente la subasta de las alhajas -cuyo valor se desconoce porque no han sido tasadas- y que han sido reclamadas por las hijas de la fallecida.