La jubilación anticipada en sectores penosos «ni será gratuita ni será inmediata»

La norma, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se fija para calcular y aplicar los coeficientes reductores (esto es, los indicadores que permiten calcular la rebaja, en años, de la edad de retiro posible respecto a la oficial, que se sitúa en 66 años y 8 meses; 65 si se ha cotizado más de 38 años). Un índice que será diferente para cada profesión.

Serán muchas las personas que solicitarán este procedimiento y que esperaban esta ley al considerarla «muy necesaria» como sucede en el caso de los trabajadores de la construcción, de la industria química, entre el personal sanitario, bomberos forestales, taxistas, o limpiadoras, por poner varios ejemplos. El gremio del transporte de mercancías -que en Valladolid cuenta con más de 6.000 trabajadores repartidos en unas 600 empresas- celebra especialmente la noticia. «Estábamos esperando esta medida como agua de mayo, esta ha sido siempre una reivindicación histórica y llega tras mucha lucha y varias huelgas en las que se ha pedido que se tengan en cuenta las condiciones especialmente duras de esta profesión», señalan el responsable del Sector de Carreteras, Urbanos y Logística de FeSMC UGTCyL, Juan Antonio Martínez. Llevan más de diez años pidiendo el adelanto de la jubilación a los 60 años por la dureza del oficio.

Para evaluar los criterios de evaluación para la iodenidad de la aplicación de este Real Decreto sobre una profesión se tendrá en cuenta el número de bajas y su duración, así como el número de fallecimientos e incapacidades permanentes. Cada caso será estudiado tras presentar una solicitud conjunta entre organizaciones empresariales, sindicales, de autónomos o de las propias Administraciones Públicas. «Este nuevo reglamento mejora el anterior por ejemplo, al dar un plazo de 6 meses para dar respuesta a los expedientes desde el momento de su registro, plazo que antes no existía, o que en las comisiones de evaluación actuales tengan cabida los agentes sociales», explica.

No obstante, entienden que ni va a ser de inmediata aplicación en los trabajadores ni va a tener un coste cero. «Se trata de una medida que llevará meses de arduo trabajo, elaboración de informes técnicos, evaluaciones y negociaciones que no saldrán gratis. La petición de anticipación de la edad de jubilación pese a no tener penalización lleva aparejada una sobrecotización (se deberá abonar una cuota adicional a la Seguridad Social) tanto por parte de la empresa como para los trabajadores que hay que tener en cuenta», matiza Martínez.

Asimismo, el secretario del sector de carretera de CC OO Castilla y León, Luis Villares, entiende que aún es muy pronto para ver esta ley efectiva en cualquier caso. «La noticia es buena pero hay que esperar, quedan por delante mínimo 10 meses, aunque en el caso del transporte de mercancías creemos que el acuerdo entre patronal y sindicatos pueden salir adelante casi al 90%, igual para el transporte de viajeros y urbanos la negociación es más complicada pero igualmente factible», admite.

La Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción, Promoción Inmobiliaria y Afines (Aveco) por su parte, entiende la medida planteada por el Gobierno pero matiza que, en el caso de su sector «no es lo esperado, pues en el convenio regulador anterior se planteaba la posibilidad de la anticipación de acceso a la jubilación de los trabajadores siempre que no comporte sobrecostes ni al trabajador ni a la empresa cosa que no sucede con la aprobación de este decreto», explica el secretario general de la asociación Benjamín Hernantes.

La posibilidad de poner fin de forma anticipada a la vida laboral en una profesión especialmente dura como es la construcción, supondría además un varapalo para el sector. «Habría que tener en cuenta que en toda España puede afectar en los próximos cinco años a unos 300.000 trabajadores y el hecho de que no haya una reposición de los mismos es un verdadero problema», señala.

«Esta medida no puede ser a toda costa y sin prever las consecuencias que va a tener y sin facilitar la entrada de contingentes de otros países que nos permitan reponer las jubilaciones que habrá», puntualiza. Por lo que para la patronal de la construcción, la medida deja flecos sueltos y no propone una solución a los nuevos desafíos. «La nueva situación no ayuda en la escasez de plantilla en determinados sectores que siguen sin resultar atractivos para los trabajadores, pese a que la construcción se ha industrializado en los últimos años para convertirlo en un sector más ágil y llevadero y a nivel general, ¿quién paga todo esto?», matiza.

El reciente anuncio de esta medida, que cuenta con el consenso de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, ha despertado reacciones contrapuestas que, en el caso de CGT llevarán a impugnar ante el Supremo el decreto que han calificado como «uno de los mayores retrocesos en materia sindical y de jubilación de los últimos años. Se crea un grupo de trabajo restringido para el estudio de los coeficientes que solo estará compuesto por UGT, CC OO, la patronal, el Ministerio de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo limitando la participación de los demás sindicatos a nivel autonómico».

En la misma dirección apuntan desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que muestra su disconformidad con el proceso. «Se da la circunstancia de que en el caso de los empleados públicos únicamente podrán iniciar el procedimiento CC OO y UGT, junto a las administraciones públicas, y, por tanto, restringe la participación de organizaciones como CSIF, pese a ser sindicato más representativo en este ámbito», exponen en un comunicado en el que además señalan que el hecho de que el adelanto de la jubilación dependa también del informe de la propia administración «juez y parte (puesto que actúa por un lado como contratadora y por otro como responsable de la pensión a efectos de la Seguridad Social) dificultará el ejercicio de este derecho, al contrario que en el ámbito privado, que supone un mayor aliciente para la empresa puesto que se le abre la oportunidad de renovar su plantilla, facilitando el acceso a retirarse al personal más antiguo», finalizan.

«Si no hay penalización y puedo vender la licencia miraré la opción de jubilarme antes»

Un ejemplo de la interés que ha despertado la medida es el de Santiago Lorenzo. A punto de cumplir los 60, este taxista desde hace 26 años sopesa la opción de mirar qué posibilidades tiene de anticipar su jubilación. «Si la administración no pone penalización y puedo vender sin problema la licencia de taxi, me lo plantearía a medio plazo, ¿por qué no?», explica el vallisoletano.

En su caso, la del gremio de los taxistas entraría dentro de las profesiones que podrían ser susceptibles de 'ganarse' la jubilación anticipada por razón de su peligrosidad o penosidad. «Se hacen jornadas muy largas, de 12 o 14 horas, se sufre mucho de espalda y es un trabajo que tiene desgaste, también a nivel psicológico», explica. Lorenzo ya no aguanta como antes las largas jornadas y reconoce que en ese sentido ha bajado el pistón de horas por día, tampoco afronta igual que hace años los turnos de noche y el momento de gestionar situaciones de estrés puntuales con algunos pasajeros. «Muchas veces en según qué situaciones no sabes cómo va a reaccionar la gente y vives momentos complicados», advierte.

Con 36 años cotizados aún no se nota en el fin inmediato de su carrera, «de reflejos ando bien pero las lumbares no perdonan». El veterano taxista trabajó además en el negocio familiar durante años y como diseñador gráfico de revistas, «hay que saber un poco de todo», bromea Lorenzo, quien pertenece a esa generación, «la del Baby Boom que ahora se jubila y no somos pocos precisamente. Lo que me lleva a hacer otra pregunta, si se anticipa la edad de las jubilaciones en determinados sectores, ¿quién va a pagar todo eso?, ¿cómo se sostiene?», finaliza.