Investigada una conductora por no auxiliar a la motorista que murió en la VA-30 en Arroyo
La mujer, que presenció el accidente cuando estaba en la calzada, regresó de inmediato a su vehículo y abandonó el lugar de los hechos sin prestar socorro
La Guardia Civil de Valladolid investiga a una conductora por omisión del deber de socorro tras abandonar el lugar del accidente que tuvo lugar el pasado 10 de septiembre en la VA-30, a la altura de Arroyo de la Encomienda. En la colisión por alcance entre un vehículo y una moto fallecía Natalia Molina, de 44 años, que conducía el ciclomotor para dirigirse a su trabajo en la fábrica Renault cuando tuvo lugar el fatal siniestro sobre las 13:15 horas en el kilómetro 20 de la citada vía.
Ahora las pesquisas policiales apuntan a un tercera implicada en el suceso, que si bien no participó en la colisión, podría haber incurrido en un delito por no auxiliar a la víctima. Según apunta la Guardia Civil, la mujer se encontraba en la calzada, con su vehículo estacionado en el margen derecho, cuando tuvo lugar el impacto. Tras presenciar el accidente, apuntan las pesquisas, regresó al coche inmediatamente, abandonando el lugar de los hechos «de manera apresurada».
Gracias a la colaboración ciudadana y a las diligencias realizadas, que han incluido el estudio pormenorizado de los datos y registros disponibles en torno al siniestro, se ha podido identificar a esta persona, investigada ahora por el supuesto abandono del lugar del accidente.
Desde la Guardia Civil recuerdan la «obligación legal de permanecer en el lugar del siniestro» hasta la llegada de los equipos de emergencia, así como facilitar todos los datos necesarios al resto de los implicados para facilitar los trámites.
La omisión del deber de socorro está recogida en el Artículo 382 bis del código penal, que castiga a los conductores de los vehículos a motor que, voluntariamente y sin que concurra riesgo para si mismos o para terceros, abandone el lugar de un accidente en el que fallecieran una o varias personas o en el que las víctimas hayan sufrido lesiones graves. Se trata de un delito de abandono del lugar del accidente, castigado con penas de hasta cuatro años de prisión y con la privación del derecho de conducir de seis meses a cuatro años.
