El exalcalde de Valdestillas declara que no le pareció ilegal urbanizar la calle de su exconcejala con dinero de la Diputación

El exalcalde socialista de Valdestillas, Jesús Román Fadrique, y los tres ediles que formaron con él equipo de gobierno (Lidia Vaquero, César Álvarez y Raúl Casero) se han sentado esta mañana en el banquillo de los acusados como presuntos autores de delitos de prevaricación y malversación y han negado la mayor: aprobar la obra a sabiendas de que esa calle no podía ser financiada con fondos provinciales porque era una unidad de ejecución y, por tanto, el coste del asfaltado debía correr a cargo de los vecinos y no sufragarse con dinero público. Lo que parece que ha quedado acreditado, a preguntas del magistrado presidente del tribunal, es que en ningún momento la Diputación advirtió al Ayuntamiento de Valdestillas, cuando presento el proyecto a los Planes Provinciales de 2016, que fuera ilegal. La Fiscalía solicita, en su escrito provisional, que se les imponga penas de un año y un día de cárcel para cada uno (un año y tres meses para el exalcalde) y diez años de inhabilitación especial, doce en el caso del exregidor.

Jesús Román ha declarado ante el tribunal que el empeño por asfaltar la calle El Olmo no era personal ni porque viviera allí la entonces concejala de su grupo Lidia Vaquero, sino porque solo quedaba una tercera parte por arreglar y querían terminarla «porque se trata de una vía que conecta todo el barrio con el colegio y la piscina, y ese era el motivo». Ha afirmado también que desconocía que «al estar en una unidad de actuación no pudiera presentarse a planes provinciales» y ha aprovechado para culpabilizar al secretario interventor, con quienes, ha reconocido, las relaciones eran tirantes porque se le abrieron ciertos expedientes, y de quien ha asegurado que nunca advirtió de que se podría incurrir en ilegalidad, ni en las comisiones de Urbanismo ni en el pleno donde se aprobó finalmente la actuación con su voto de calidad. «No me pusieron ningún reparo para hacer esa calle. Yo creo que fue una trampa, que nos dejaron asfaltar la calle para luego denunciarnos».

Tampoco la exconcejala Lidia Vaquero consideró que debía ausentarse del pleno en el que se iba a aprobar un proyecto que le afectaba personalmente. Ni ella ni sus otros dos compañeros César Álvarez y Raúl Casero, que solo han querido responder a las preguntas del fiscal, han asegurado conocer que estuvieran incurriendo en ilegalidad alguna. «El secretario permaneció mudo», ha resumido la exedil.

Sin embargo, el actual alcalde y denunciante, Alberto Sanz, así como el mencionado secretario interventor del Ayuntamiento, Carlos Gómez Martínez, han sostenido durante sus declaraciones que el anterior equipo de Gobierno sabía perfectamente, porque ellos así se lo insistieron desde la primera comisión informativa, que no se podían utilizar fondos de la Diputación para realizar esa obra. «Yo me fui del pleno convencido de que se iban a hacer Trillo y Medina, que se había abandonado la idea de la calle Olmo porque era ilegal». La institución provincial concedió 77.000 y 75.700 euros para el asfaltado de dos calles. Al final se asfaltaron Trillo y Olmo.

El exregidor y los tres exconcejales están acusados de aprobar y encargar el proyecto de urbanización de la calle Olmo de la localidad, donde vive la que fue concejala de Hacienda, Lidia Vaquero, a cargo de los fondos de los Planes Provinciales de 2016 de la Diputación de Valladolid. Según la acusación, esta actuación no se ajustaba a la normativa vigente y el alcalde fue advertido en varias ocasiones por el secretario municipal de que este acceso formaba parte, en los planos del municipio, de una unidad de ejecución, y por tanto no podía incluirse en los Planes Provinciales de la Diputación, dado que la urbanización en las unidades de actuación debe hacerse de forma completa y unitaria, y las obras deben sufragarse por los propietarios del suelo. Un aviso que fue desoído tanto por el primer edil como por sus concejales, según la tesis del fiscal y el letrado de la acusación que representa al Ayuntamiento de Valdestillas.

Según la Fiscalía, la «insistencia» del equipo de gobierno en urbanizar la calle Olmo «no era algo casual, ni obedecía a una decisión política encaminada a obtener unas mayores prestaciones para los habitantes de Valdestillas, sino que venía motivada por la voluntad de beneficiar a personas determinadas, una de ellas la concejala Lidia Vaquero».

Esta conducta delictiva no solo encajaría en el tipo de prevaricación descrito en el artículo 404 del Código Penal y en el de malversación de los artículos 433 y 432.1. Jesús Román habría encargado verbalmente el estudio de urbanización de la calle Olmo y los honorarios del estudio ascendieron a 3.380,49 euros, que fueron abonados el 1 de junio de 2016. Fue el propio alcalde quien, el 31 de mayo de 2016, aprobó por decreto el Proyecto Básico de Ejecución de la obra denominada «Urbanización de la calle Olmo», presentado ese mismo día en el registro general del Ayuntamiento. En oficio de la misma fecha se acordó la remisión de la documentación a la Diputación Provincial para la inclusión de las obras en el Plan Bienal de Cooperación.

A los encausados se les reclama por ello el pago, de forma conjunta y solidaria, de esos 3.380,49 euros junto al correspondiente interés legal, así como las costas del procedimiento. Además, la acusación pública propone que se les imponga el pago de una multa de seis meses, con cuota diaria de 20 euros, responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, y sumar otros tres años de inhabilitación para administración local para el caso de Román. En el caso de los otros tres concejales, multa de cuatro meses con la misma responsabilidad subsidiaria, así como otros dos años de inhabilitación para la administración local.

Las penas implicarían que los ediles en ejercicio deberían abandonar sus actas. En la actualidad, el único de los cuatro encausados que forman parte de la Corporación municipal es el exregidor Jesús Román, portavoz del partido Valdestillas Ahora (VA). Precisamente, Román encabezó la candidatura de este partido independiente en los pasados comicios, y logró el respaldo de 288 vecinos y representación a través de tres concejales –de un total de nueve–.