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Valladolid
Dos inquilinas de VIVA aseguran estar pagando un alquiler social por unas viviendas inhabitablesHan sido once los años que han trascurrido desde la primera vez que Patricia García, de 37, se inscribió en el listado de solicitantes del parque de vivienda pública del Ayuntamiento y la primera llamada llegaba en noviembre de 2023. Le habían asignado un alquiler ... social en un piso de una antigua barriada de Arturo Eyries que requería unas actuaciones previas.
«Me dijeron que la iban a sanear, a cambiar las persianas y a rehabilitar parte del baño y la cocina y que necesitaban un plazo de tres o cuatro meses para entregar la vivienda», explica la mujer, que en junio del pasado año se vió obligada a firmar el contrato sin poder ver la que sería su casa: «Me enseñaron fotos de cómo había quedado, a excepción del baño, y me entregaron un formulario para trasdarles las deficiencias, pero pedí a la asesora que viniera conmigo a ver el inmuble y se negaron».
La joven denuncia que le entregaron las llaves de «una vivienda supuestamente 'habitable' que no tenía ni agua ni gas». Fue entonces cuando pudo ver el piso en detalle y descubrió múltiples deficiencias que hasta la fecha le han imposibiltado entrar en una vivienda por la que paga un 30% de sus ingresos mensuales. Renunciar a la vivienda le supondría una penalización de cinco años sin poder acceder a ninguna vivienda pública y el pago de una indemnización correspondiente a un alquiler mensual por los siete años que restan de contrato.
Patricia García
Inquilina de VIVA
«Lo único que han venido a arreglar es lo del agua y tardaron dos meses», explica Patricia, que señala un largo circuito de tuberías que recorre externamente la pared del baño y el pasillo hasta llegar a un antiguo aseo que hace las veces de cuarto de la lavadora.
Los ocho grados que marca el termostato del salón dan buena cuenta de que la vivienda tampoco dispone de calefacción. El suministro de gas natural se encuentra dado de baja y la inquilina ha solicitado en reiteradas ocasiones al ente municipal que hagan las gestiones necesarias para su puesta en marcha, algo a lo que se niegan dado que el contrato establece que de darse esta situación, son los propios inquilinos los encargados de tramitar el alta. Ello supone un coste «de entre 200 y 300 euros» que la joven no está dispuesta a asumir. «Es cierto que lo establece así en el contrato, pero a mi únicamente me dieron una hoja para hacer un cambio de titularidad y la ley impone que sea el arrendador quien se haga cargo», aduce.
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La vivienda también adolece de problemas de aislamiento. «Hay cuatro ventanas que no cierran y me han dicho que no es importante», se queja la inquilina, que recorre las estancias bajo un persistente olor a humedad hasta llegar a una de las habitaciones en las que la ventana, además de no cerrar completamente, baila sobre el marco y presenta una grieta en el sellado. Lo mismo sucede con otro de los dormitorios y el salón.
Pese a la rehabilitación anunciada en el aseo, la bañera presenta marcas de óxido y algunos azulejos rotos arreglados con masilla. Misma solución aplicada en una baldosa rota en la entrada, pese a que en uno de los armarios empotrados de la vivienda, sin vestir, hay una caja de ellas que «podrían haber usado para sustituirla», se queja. En la cocina, donde sí han cambiado los electrodomésticos, la campana está mal anclada.
«Encima me dicen que tengo que entender que son viviendas para personas vulnerables que compran a bajo coste», crítica García, que paga un alquiler de 302 euros, con gastos de comunidad incluidos y suministros a parte, por una vivienda de 75 metros cuadrados.
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«En este caso se detectó un problema de caudal del agua, pero con un uso cuidadoso se podían abrir al menos dos grifos simultaneamente,», sostiene el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, que apunta a que la inquilina «podría haber estado viviviendo allí». Un problema que se solvento «diligentemente» con una instalación exterior de tuberías «sencilla» y «digna».
Sobre el resto de quejas de la inquilina, apuntan a que se ha vuelto a pasar aviso a la empresa de mantenimiento, a la que ya se notificó el pasado dos de diciembre. Está prevista una nueva visita para valorar la ausencia de algunos rodapiés y ajustar las ventanas, pese a que, aclaran, carecen de puente térmico.
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El caso de Patricia no es único. Una segunda inquilina del parque del Ayuntamiento, que prefiere no revelar su nombre, relata una historia similar: «Llevo ocho meses pagando sin vivir allí con unos ingresos muy bajos y donde estoy ahora también colaboro». Ella, al igual que Patricia, recibío las llaves a mediados del pasado año y se niega a instalarse por el deficiente estado en el que se encontró la vivienda, que «no se correspondía con las fotos».
«Cuando entré casi me desmayo del olor que había, empecé a llorar», rememora, sobre la suciedad de la vivienda, que prueban unas imágenes en las que se pueden apreciar escrementos de palomas en ventanas y en parte del suelo. La falta de limpieza era el menor de los problemas. «Había rajas en el bidé, la taza estaba insalubre, desconchones en las paredes, azulejos rotos...», rememora la mujer, que tambén se encontró con el contador del gas precintado. «Tuve que dar de alta los suministros y la caldera tampoco funcionaba, así que llamé a un técnico particular para que la pusiera en marcha».
Desde VIVA matizan, que si bien el contrato establece la obligación de los inquinilos en la gestión de los suministros, ellos «colaboran» y asumen los gatos necesarios en caso de que la instalación «sea antigua y requiera hacer cambios» para que la compañía lo dé de paso.
Pese a que en el contrato figura la existencia de electrodomésticos, afirma que ha tenido que poner una nueva campana y la vitrocerámica, dado que en su lugar se encontró una placa de fuegos a la que le faltaban dos. «Me dijeron que cualquiera pagaría por entrar a vivir allí y que ellos no me iban a hacer nada porque esos pisos los compran a bajo precio para que se arreglen a cuenta del inquilino», afirma la mujer, que lamenta que, de tener el dinero que requiere el arreglo de la vivienda, no hubiera solicitado un alquiler social: «Me hubiera ido a una agencia, al menos te lo entregan limpio y en condiciones».
Desde la gerencia explican que los contratos «son genéricos» pero que a mayores se entrega una adenda para que los inquilinos dejen constancia de lo que realmente figura en cada vivienda. Sobre la inexistencia de los electrodomésticos, aclaran que los nuevos protocolos los comprometen a equipar la vivienda obligatoriamente con una placa de cocina -vitrocerámica o gas-, una campana estractora y un fregadero y que estos solo se sustituyen en caso de que no funcionen.
Hasta la fecha únicamente ha conseguido que le cambien la taza y recientemente se han comprometido a pintar la vivienda en la que debería estar instalada desde mediados del 2024. «Me han dicho que esto es lo que hay, que si no me conviene que renuncie, que parece que queremos que nos den un apartamento en la playa», explica la mujer, que les ha ofrecido rescindir el contrato si le devuelven el dinero pagado desde mayo, a lo cual se han negado en base a las clausulas firmadas.
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