Una denuncia de UGT obliga a la presidenta de la patronal CEAT a contratar a 56 falsos autónomos

Exterior de la Escuela Superior de Diseño de Valladolid, en el Paseo del Arco de Ladrillo./RAMÓN GÓMEZ
Exterior de la Escuela Superior de Diseño de Valladolid, en el Paseo del Arco de Ladrillo. / RAMÓN GÓMEZ

Empleados en la Escuela Superior de Diseño de Valladolid, de la que es directora, trabajaban por cuenta propia

ÁNGEL BLANCOVALLADOLID

La Escuela Superior de Diseño de Valladolid ha contratado a 56 personas, la mayoría profesores, que impartían clases y prestaban sus servicios bajo la figura de trabajadores por cuenta propia adscritos al RETA. Tras una denuncia de UGT, el centro de formación ha incluido a estos empleados, que la Inspección de Trabajo consideró 'falsos autónomos', dentro del Régimen General de la Seguridad Social, admitiendo así que los trabajadores eran realmente asalariados de la empresa en términos de total dependencia, ajenidad y retribución. Se da la circunstancia de que la directora de esta escuela (ESI) es Yolanda Hernández, presidenta de la patronal autonómica de trabajadores autónomos empleadores (CEAT), quien explicó que el cambio de estatus de la plantilla se ha producido por «una discrepancia en la interpretación del modelo contractual», tras la que no existía ninguna intención de cometer fraude.

Lo cierto es que la intervención de los inspectores a instancias de una denuncia planteada en marzo del pasado año por la Federación de empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT de Valladolid, ha provocado que estas 56 personas hayan firmado un contrato mercantil con la Escuela Superior de Diseño. Hasta entonces, los profesores facturaban solo las clases impartidas y cotizaban a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, aun cuando muchos de ellos tenían una relación laboral estable desde varios años atrás.

Yolanda Hernández afirma que se trata de «una discrepancia de modelo contractual que se ha corregido» tras la intervención de la Inspección de Trabajo

Según manifestó el secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGT Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, el sindicato «ha estado ocho meses protegiendo a la plantilla y defendiendo sus derechos». «Nuestro único objetivo ha sido siempre el mantenimiento de la actividad empresarial, pero con un comportamiento legal y responsable con sus trabajadores».

Según insistió, en su recurso a la Inspección de Trabajo, UGT evitó presentar una denuncia de falsos autónomos «sobre todo por respeto a los trabajadores y para evitar el cierre de la empresa». «Se tratataba de reconvertirles y no de provocar un entierro», resumió Santa Eufemia.

La de falso autónomo es una forma encubierta de trabajo asalariado que supone un fraude de ley en la contratación por parte de algunos empresarios, que obligan a estos empleados a darse de alta como trabajadores por cuenta propia para ahorrarse costes de la Seguridad Social y posibles indemnizaciones.

Precisamente el Ministerio de Trabajo mantiene abierta desde antes del pasado verano una campaña de lucha contra esta figura laboral, que incluye el envío de decenas de miles de cartas a empresas y autónomos en las que les comunica que ha detectado irregularidades en el modelo de contratación que han establecido con su trabajadores y les advierte de que tienen un mes de plazo para regularizar esas relaciones laborales. Han aflorado en España por esta vía cerca de 12.000 empleos asalariados, según dijo en octubre de 2018 el presidente del Gobierno en una respuesta parlamentaria.

«Hemos actuado con toda la cautela con el objetivo de salvaguardar el empleo», señaló Raúl Santa Eufemia, de UGT

Este no es el caso que nos ocupa, según sostiene la directora de ESI y presidenta de CEAT, quien defiende «un modelo de relación laboral que se basa en profesionales independientes que, aparte de su actividad laboral, imparten unas horas de clase en las asignaturas de las que son expertos». «Tras una reunión con el inspector, éste nos manifestó que no se trataba del modelo más adecuado y que debíamos cambiarlo por otro con contratos mercantiles –añadió Hernández–, cosa que se hizo y ya es un asunto solucionado».

Según la empresaria, «ha quedado demostrado que en ningún momento existió intención de pagar menos o de defraudar», ya que después de la transformación, «el coste por trabajador para la escuela es el mismo». «Hemos renunciado a pleitear con la Inspección de Trabajo –señaló– y hemos reconvertido los contratos pese a que algunos profesores, profesionales en activo, no han querido aceptar el cambio por no convenirles y se han marchado». Para Hernández, UGT pretende «apuntarse un tanto al presentarse como abanderado de una causa que no existe».

Mediación de la CVE

Santa Eufemia, mientras, se remite a los hechos. «Pese al tacto con el que hemos tratado de actuar, la empresa apenas ha colaborado –aseguró–. Tratamos de buscar la manera de que materializasen la reconversión contractual de forma voluntaria, pero hicieron falta dos inspecciones por sorpresa en la sede de la escuela, tras sendas denuncias exprés, en las que fueron descubiertos seis trabajadores sin contrato y se cursó la correspondiente sanción».

«Los sindicatos no estamos para llenar los juzgados de denuncias sino para negociar con los empresarios, continuó el dirigente de UGT, quien destacó el papel jugado por la Confederación Vallisoletana de Empresarios, a la que recurrieron «para que presionase a Hernández para corregir la situación». «Valoramos que la CVE se haya 'remangado' en este caso, pero creemos que no se merece unos asociados que no tienen su casa en orden, algo aún más impresentable cuando se trata de una dirigente de la patronal» (CEAT está adscrita a Cecale), concluyó.

A la espera de un convenio colectivo

La regularización de los contratos no ha terminado de apaciguar las relaciones laborales en el seno de la Escuela Superior de Diseño. La inspección mantiene el 'marcaje' sobre esta empresa, con especial interés en los horarios de trabajo y calendarios laborales. Según las fuentes consultadas, los profesores han iniciado acciones legales para defender sus derechos después de que fueran advertidos de que la transformación de autónomos a contratados mercantiles tendría como consecuencia «un recorte del 33% en las remuneraciones, equivalente al coste que le supone a mayores a la empresa el tener que cotizar a la Seguridad Social». La dirección de ESI ha pretendido que sus profesores se rijan por el convenio colectivo de los centros de Formación Profesional para rebajar el coste de la hora de clase. La inspección, según explicaron las fuentes, entiende que al tratarse de una escuela que expide un título de enseñanza superior debe reconocer unas jornadas laborales que no se limiten a las horas lectivas, sino que incluyan el trabajo de preparación, corrección de exámenes, etc.

 

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