El Defensor del Paciente denuncia a Ballesol en Fiscalía «por no auxiliar a una residente»

Es la tercera residencia que está en el punto de mira de la Fiscalía de Valladolid. El Defensor del Paciente, que ya había denunciado en marzo la gestión de la covid en la Casa de Beneficencia de Valladolid, solicita ahora que se investigue la residencia de Ballesol, a la que acusa de omisión del deber de auxilio a una residente y de ocultar a sus hijos la gravedad de su estado. Según el escrito dirigido a la fiscal jefe, Soledad Martín Nájera, la paciente fue trasladada el pasado 3 de mayo desde la residencia de Parquesol al hospital Río Hortega «con desconocimiento de la familia». En el informe médico que se les facilitó en el centro hospitalario, figuraba que el estado de la mujer era «agónico», que presentaba «una perforación intestinal» y que «se le iba a inducir un coma para morir». Según la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, se trataría de «un delito de denegación de auxilio, al no haber llevado a la paciente con urgencia al hospital» y el hecho de que los hijos «hayan pasado por esta situación, al no tener información alguna del estado de su madre». Incide además en que «se trata de un centro residencial de elite», en el que se pagan 2.500 euros.

La residencia de Ballesol era uno de los geriátricos libres de covid de Castilla y León. Pero el 27 de abril, la Gerencia de Servicios Sociales realizó la última inspección. El centro acaba de entrar en la lista de las 265 residencias con muertes como consecuencia de la epidemia. El pasado lunes se contabilizaban dos defunciones, diez hospitalizaciones (ocho por covid) y constaban 18 contagios entre los 121 residentes. 75 permanecían aislados sin síntomas. Pero, según Comisiones Obreras, el miércoles los positivos habrían alcanzado los 32 residentes y 7 trabajadores estarían contagiados. Ayer, la Brilat desinfectaba el centro.

Relata la hija de una residente que se dieron cuenta el 5 de mayo de que su madre, de 80 años, estaba muy mal al ver por la videollamada que no se movía ni hablaba. Insistieron para que la hospitalizaran y hasta llamaron desesperados al 112 para pedir una ambulancia. Finalmente, la residencia autorizó el traslado. «Mi madre lleva ingresada ocho días y se puede morir», solloza esta mujer, que teme represalias si su madre, con deterioro cognitivo, «sale de esta». Ya han presentado una queja a la Consejería de Familia.

José López García señala que hace una semana la familia se plantó y obligó a la dirección de la residencia a que hospitalizaran a su madre, de 79 años y con alzhéimer. «Hace ocho días que tenía fiebre y le hicieron el test, que dio positivo. Llegó al hospital Río Hortega el lunes por la tarde prácticamente muerta, aunque nos habían dicho que estaba bien. Si no insistimos, mi madre habría muerto de abandono y deshidratación, no de la covid. Hasta nos llamaron para que fuéramos uno de nosotros a despedirnos de ella». Milagrosamente, afirma, su madre ha mejorado, pero asegura que no volverá a esa residencia. «He devuelto el último recibo de 2.100 euros que me han pasado», concluye.

La dirección del grupo Ballesol declinó facilitar detalles sobre la incidencia de la epidemia en el centro, apelando a la Ley de Protección de Datos. Sí señalaron que «hemos seguido estrictamente todas las instrucciones, normas y recomendaciones dictadas por las autoridades sanitarias y la Junta». También rechazaron las acusaciones de los familiares de falta de información. Respecto de la derivación a los hospitales, puntualizaron que la propuesta la realiza el servicio médico de la residencia y «se informa de inmediato» a la familia. «No tenemos constancia de ninguna incidencia sobre este procedimiento», alegaron.