La ciudad destina 1.700 euros al día para reponer los daños por actos vandálicos

Una trabajadora del Servicio de Limpieza elimina una pintada./M. Á. S.
Una trabajadora del Servicio de Limpieza elimina una pintada. / M. Á. S.

El borrado de pintadas acapara el 52% de los 620.210 euros que cuesta reparar el mobiliario

J. Asua
J. ASUAValladolid

Se ha convertido en un mal crónico. En esta y en todas las ciudades españolas de tamaño medio y grande. Da igual quién las gobierne. La factura del vandalismo forma parte ya de los presupuestos municipales, un gasto endémico que se mantiene estable y no se rebaja, a pesar de la vigilancia policial, las ordenanzas 'ad hoc' y las campañas de concienciación que se desarrollan en colegios e institutos para educar en el respeto. El Ayuntamiento de Valladolid destina cada día 1.700 euros -620.210 al año- a arreglar y reponer los desperfectos que provocan los energúmenos. Esos que, normalmente amparados en la oscuridad, rompen lo que es de todos por diversión o queman lo que es común como machada. De pena.

Los datos los aporta la Concejalía de Medio Ambiente del Consistorio y están referidos al pasado año. El desglose sitúa a eliminación de pintadas en el primer lugar de la clasificación. Nada menos que 324.000 euros -el 52% del total del desembolso- cuesta hacer desaparecer de edificios y espacios públicos los garabatos con los que algunos los adornan. Ojo. No estamos hablando de arte grafitero, sino de borratajos que estropean la estética urbana. Un equipo del Servicio de Limpieza se dedica casi en exclusiva a esta tarea, con 8.400 horas de trabajo anuales.

Los contenedores de papel y de basura, así como las papeleras de calle, son otros de los bienes comunes con los que se ceban los vándalos. No hay fin de semana que los Bomberos no tengan que desplazar una o varias dotaciones para apagar depósitos en llamas. Su cuenta de Twitter está plagada de este tipo de salidas, que entorpecen, además, las guardias del cuerpo municipal.

Los Bomberos apagan unos contenedores en Pilarica.
Los Bomberos apagan unos contenedores en Pilarica. / P. M.

En 2017, el área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Administración Local tuvo que gastar algo más de 144.000 euros en reparar o sustituir estos recipientes. Cada vez que uno de ellos arde, el Ayuntamiento tiene que preparar cerca de 900 euros para adquirir otro. En el caso de las papeleras, el pasado año cada mes hubo que sustituir cuarenta unidades. Coste total: 28.000 euros.

En juegos infantiles

Esta lacra urbana es un suma y sigue, que no respeta nada ni a nadie. Entre los episodios más llamativos registrados el pasado año, destaca el ataque al barco infantil de Campo Grande, una atracción en las que los más pequeños disfrutan a tope imaginándose sus aventuras de piratas. Fue arrasada con nocturnidad y alevosía una noche de enero, en la que también quisieron prender fuego al tobogán, que se salvó por el tratamiento ignífugo de su estructura. Seis meses tardaron en llegar las piezas para arreglar la nave. La factura: 20.000 euros. A pesar de que los nuevos conjuntos de columpios cuentan ya con estructuras antivandálicas, el coste en reparaciones por agresiones a este tipo mobiliario infantil superó los 60.000 euros.

Barco del Campo Grande.
Barco del Campo Grande. / G. V.

La estadística también deja un reguero importante de gasto en los parques y jardines de la ciudad: 34.114 en bancos arrancados o destrozados, 48.232 en daños a árboles, jardineras y sistemas de riego, y otros 7.100 en cerramientos, vallas y otros elementos de las zonas verdes repartidas por la capital.

La Policía pide colaboración ciudadana

Los mensajes contra el vandalismo son continuos por parte de la Policía Local, que, a través de su cuenta de Twitter, solicita colaboración ciudadana, para combatirlo. Además, los agentes tutores trabajan este tema y el del botellón en las charlas que ofrecen en los centros educativos.

¿En cuántos de los casos se caza al infractor? José Antonio Ramos, portavoz de la Policía Local, reconoce que pillar 'in fraganti' a los autores es complicado. Se refugian en la noche para cometer sus pillerías y buscan lugares poco transitados para actuar. Es el Subgrupo de Seguridad del cuerpo municipal, formado por una veintena de agentes de paisano y que se desplazan en coches camuflados, el que más éxitos registra en esta lucha sin descanso. Según se recoge en la memoria del pasado año, de las 1.274 denuncias por la Ordenanza de Protección del Medio Urbano, 404 -el 31%- fueron impuestas por las patrullas de esta división policial, lo que indica que un grado de efectividad importante a la hora de controlar las conductas incívicas. Desde hace un año se combinan las batidas de estos policías de paisano con las de compañeros que patrullan de uniforme, pero en coches sin rotular, un complemento a la hora de poder llegar a los vándalos sin levantar sospechas.

Mucho pis, poco mobiliario

No obstante, si se analiza la estadística de las sanciones, se puede comprobar que las relacionadas con el gasto que provocan estos ataques en los bienes públicos representan un porcentaje todavía bajo. Un millar de multas se reparten entre las infracciones por ruido excesivo en viviendas y vehículos (441), hacer las necesidades en la vía pública (439) y tirar basura en la calle (120). En el resto de los supuestos, los números son más humildes. Así, en 2017, se impusieron 36 multas por pintadas, 27 por daños en papeleras y contenedores, 19 por destrozos en parques y jardines y 18 por ataques al resto del mobiliario urbano.

Según se recoge en la norma municipal, este tipo de ataques a los bienes públicos están tipificados como graves o muy graves y castigados con multas que oscilan entre los 750 y los 3.000 euros, dependiendo de la intensidad del daño. La liquidación del presupuesto del pasado año recoge unos ingresos de 271.962 euros por sanciones de la Ordenanza de Protección del Medio Urbano. Para el presente ejercicio, la Concejalía de Hacienda presupuesta 250.000, de los que, por el momento, ha ingresado 32.141, según recoge la página web municipal 'Las cuentas claras'. La imposición de estas multas es compatible con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada a su estado originario, así como con la indemnización de los daños y perjuicios causados. Sin embargo, aunque en algunos casos se ha aplicado este precepto, el gasto en reparaciones sigue siendo superior al dinero que recupera la ciudad.

«Las campañas educativas desde edades tempranas son básicas»

«Las campañas educativas desde edades tempranas son básicas» David Cortejoso (Psicólogo)

¿Qué le lleva a una persona a destrozar, a romper o quemar mobiliario urbano? David Cortejoso, psicólogo experto en el colectivo juvenil, que supone un porcentaje importante entre los infractores que cometen este tipo de actos, asegura que no hay un perfil concreto. «Puede influir la presión del grupo, el dejarse llevar por las conductas que están realizando personas del entorno en el que se mueve; puede influir también el consumo de alcohol o sustancias estupefacientes; que haya un trastorno psicológico de base o un entorno social o familiar no adecuado... Hay que ver los casos de manera individual, el establecer un perfil específico es realmente complejo», explica.

A juicio de Cortejoso, este tipo de posturas pueden curarse con la edad –«a medida que la persona va creciendo, adquiere otro bagaje, otra educación y se relaciona de otras maneras, que le hacen abandonar estas conductas», señala–, aunque si el entorno social no acompaña y la falta de motivación está instalada en el joven pueden mantenerse en el rechazo, que desemboca en violencia contra las cosas.

Una labor conjunta

El especialista lo tiene claro. La educación es la base. «El que se realicen campañas y propuestas desde edades tempranas en los menores para evitar este tipo de conductas, que al final nos repercuten a todos, es fundamental», argumenta. Padres y profesores tienen que implicarse en esa tarea y aprender a reconducir. Entre los mensajes a transmitir, Cortejoso destaca los de puro sentido común. «Ellos mismos van a ser los paganos de sus actos, aunque no lo vean y es fundamental trabajar los derechos y las libertades, lo que yo hago llega hasta aquí y no puedo pisar el terreno de los otros», expone. En su consulta no ha tratado casos de jóvenes con problemas de vandalismo concretamente, pero sí con conductas violentas. «Lo primero es hacer una evaluación de la causalidad y luego ofrecerle pautas de reeducación, hacerle ver los aspectos negativos para él y para su entorno y, en algunas ocasiones, es importante trabajar con la familia para que se involucren», detalla. El trabajo en los casos más extremos es complejo y requiere tiempo, pero si existe colaboración del menor y de los que le rodean el porcentaje de éxito es alto.