El bono social llega a casi 4.000 hogares vallisoletanos menos que hace doce años

El cambio en el sistema de reconocimiento de esta ayuda es la causa principal de que a día de hoy no llegue a todos los que tienen derecho a percibirla. Fue creado en la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero y era de «aplicación automática desde el 1 de julio de 2009. Tres años después, con Rajoy en el Gobierno se introducía la exigencia de cursar una solicitud para la renovación de la ayuda, lo que provocó que muchos hogares se quedasen sin él.

De hecho, en un Panel de Hogares de 2021, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ponía de manifiesto que casi un tercio de los hogares españoles desconocen la existencia del bono social y entre los que sí lo conocen, un 35% afirma no estar al tanto de los requisitos para beneficiarse del mismo.

Ni las condiciones socioeconómicas ni la situación del mercado de la energía son ahora mejores que las que había cuando se creó el bono social. Por ejemplo, la tasa AROPE que mide el riesgo de pobreza y exclusión social (uno de los grupos de personas explícitamente incluidos entre los beneficiarios) fue fijada por el INE en Castilla y León el 22,1% de la población en su encuesta de 2022, un dato que en el año 2011 era prácticamente la misma (22,3%). Esto supone unos 226.000 hogares, mientras que los perceptores del bono son ahora menos de la mitad, pero sí llegaron a suponer esa cantidad.

Por otro lado, la evolución del precio de la electricidad en los últimos tiempos es por todos conocida. La recuperación productiva y la volatilidad del gas han llevado su coste a cotas nunca vistas y aunque la situación ha mejorado, dista aún de la normalidad. En 2011, el coste medio anual del mWh era de 49,93 euros y en 2022 se había multiplicado por cuatro, hasta 204,79. A fecha de este martes, día 29, se encuentra en 102 euros.

El bono social es un descuento en la factura eléctrica del que pueden beneficiarse solo quienes tienen contratado el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), es decir quienes están en el mercado regulado. Es obligatorio tener una potencia contratada igual o inferior a 10 kW y, al contrario de lo que sucede en los contratos del mercado libre, el precio de kW varía cada hora en función de la evolución del precio de la electricidad en el mercado mayorista.

La ayuda se traduce en un descuento en la factura de un 25% sobre la energía consumida para los hogares vulnerables, y de un 40% para los hogares vulnerables severos. Excepcionalmente y hasta el 31 de diciembre de 2023, el descuento para los consumidores vulnerables es del 65% y para los severos, del 80%.

Para ser consumidor vulnerable, además de ser el titular del contrato de electricidad de la vivienda habitual hay que cumplir al menos uno de los cuatro requisitos establecidos: criterio de renta, ser familia numerosa, cobrar una pensión mínima o ser perceptor del Ingreso Mínimo Vital.

En Valladolid, de los algo más de 20.000 hogares beneficiarios del bono social el pasado mayo, 14.246 se acogen al criterio de renta, lo que suponen 1.150 más que en enero. Se trata de hogares donde el nivel de renta del titular es menor a 12.600 euros/año (equivalente a 1,5 veces el IPREM de 14 pagas) cuando se trata de una persona sola. A este umbral de renta se le suman 0,3 veces el IPREM por cada persona mayor de edad adicional, y 0,5 IPREM por cada menor de edad. También se suma un IPREM si hay una discapacidad, se es víctima de violencia de género, víctima de terrorismo, familia monoparental o se está en situación de dependencia.

En el caso de las familias numerosas no es preciso acreditar nivel de renta. Hay en este momento 3.963 hogares beneficiarios en Valladolid, doscientos más que en el arranque del año.

Cuando el titular o todos los miembros de una unidad familiar de convivencia con ingresos son pensionistas por jubilación o incapacidad permanente, tienen derecho al bono social siempre que perciban la cuantía mínima vigente en cada momento para estas clases de pensión y no perciban otros ingresos por encima de 500 euros. Los datos del Ministerio para la Transición Ecológica cuantifican en 1.712 los hogares vallisoletanos que cumplen estos requisitos y reciben la ayuda, frente a los 1.656 de cinco meses atrás.

Por último, 91 hogares perciben el bono por estar dentro del sistema del Ingreso Mínimo Vital (eran 48 en enero) y 350 más son beneficiarios por estar especialmente afectados por la crisis energética. Estos últimos deben ingresar un máximo de dos veces em IPREM, tienen el bono con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023 y el descuento aplicado es del 40%.

Desde el punto de vista de gravedad de la situación de los perceptores, 9.304 tienen la consideración de consumidores vulnerables y 10.708, de vulnerables severos. Otros 350 reciben el bono por mor de la crisis energética.

Esta ayuda tiene una duración de dos años una vez solicitada y concedida, siempre y cuando no se produzca la pérdida de alguna de las condiciones que dan derecho a su percepción. En el caso de las familias numerosas, la vigencia se mantiene hasta la caducidad del título de familia numerosa. La renovación del bono social es automática para todos los colectivos excepto para las familias numerosas siempre que se sigan cumpliendo los requisitos y todos los miembros de la unidad de convivencia den su consentimiento para la comprobación de datos.