El Ayuntamiento de Valladolid tramita hasta julio más de 200 denuncias por realizar obras sin 'licencia'

De los dos centenares de denuncias recibidas, una cuarta parte (50) se corresponde con viviendas particulares, que en su mayoría (40) fueron realizadas por la Policía Municipal en el transcurso de sus inspecciones rutinarias o a requerimiento de los ciudadanos. Pues son los agentes quienes detectan en gran medida estas conductas y, por tanto, quienes levantan las actas correspondientes para que los inspectores municipales se cercioren posteriormente de lo ocurrido e inicien el correspondiente expediente de restitución de la legalidad y, si procediera, interpongan algún tipo de sanción.

Desde el área de Espacio Urbano que dirige el concejal Luis Vélez destacan el incremento de ciudadanos que presentan la Declaración Responsable de Obras y Usos, que desde el año 2014 –y a diferencia de la ya extinta Licencia de Obras– no necesita una respuesta del Ayuntamiento para poder ejecutar la reforma. De tal forma que la picaresca habría que buscarla principalmente en las obras de mayor alcance, en las que habitualmente requieren de un proyecto supervisado por un técnico facultativo y cuyos titulares no suelen presentar al declarar que la reforma a llevar a cabo es de menor envergadura de lo que realmente es. «Si nuestra intención no solo es pintar, sustituir acabados o realizar cualquier tipo de labor de mantenimiento o conservación muy posiblemente requiera de un proyecto supervisado por un técnico facultativo. Es decir, que si queremos cambiar la distribución de la vivienda tendríamos que disponer de dicho proyecto y haberlo registrado junto con la instancia de la declaración responsable en las dependencias municipales», aclaran desde la Sección de Control de Obras y Actividades, conscientes de la importancia de incrementar la información al respecto para «concienciar a la población de la necesidad de cumplir las normas y las leyes para una respetuosa convivencia de todos».

Es la propia Policía Municipal la que en las últimas semanas ha utilizado su cuenta en la red social Twitter para informar de la detección de propietarios de viviendas que estaban realizando obras sin la correspondiente declaración registrada en el Ayuntamiento y alertar así de la obligación de comunicar estas reformas y pagar la tasa urbanísticas acorde al tipo de obra a realizar.

Las cifras, según precisan, siguen siendo elevadas en los primeros meses de 2019. Pues ya el pasado año se recibieron 465 denuncias, de las cuales, más de un tercio (134) se refirieron a obras en viviendas de uso particular, de las que la gran mayoría fueron remitidas por la propia Policía Municipal (94). El resto de las denuncias llegaron a los técnicos municipales a través de vecinos y de otras administraciones. Hubo eso sí 65 que acabaron archivadas porque se regularizaron porque no daban lugar a la infracción. El resto se encuentran actualmente en fase de tramitación.

¿Qué ocurre si el Ayuntamiento detecta que se están ejecutando obras sin la Declaración Responsable de Obras y Usos o sin el necesario proyecto técnico? Los técnicos del Servicio de Control iniciarán el correspondiente expediente para la restitución de legalidad. Es cierto que la mayoría de los propietarios de inmuebles que se encuentran en esta situación la regularizan y abonan la tasa urbanística correspondiente. Ahora bien, en función de la infracción cometida, el Ayuntamiento puede llegar a abrir un expediente sancionador, con infracciones que acarrean multas de entre 1.000 y 10.000 euros para las más leves; de 10.001 a 300.000 para las graves y de hasta tres millones de euros para las muy graves. Aunque la mayoría de las registradas hasta ahora están tipificadas como leves, en los últimos años sí se ha llegado a producir alguna grave en obras ejecutadas en viviendas.

La intención, según inciden en el área de Espacio Urbano, es corregir las conductas «incumplidoras» mediante la restitución de la legalidad urbanística y la sanción. Pero «sin afán recaudatorio», pues en el caso de la obligación de presentar un proyecto redactado por un técnico competente «tiene un fin preventivo, no solo por el marco jurídico, sino por el de la seguridad de la propia edificación y de sus usuarios», insisten en la Concejalía.