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Miércoles, 28 de noviembre 2018
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La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó este miércoles, de forma inicial, la nueva Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Atmosférico, que sustituye al reglamento en vigor de 1997 y con la que el Consistorio pretende dar un paso más -tras poner en marcha su plan de acción contra la contaminación- en su compromiso con la sostenibilidad y la transición energética hacia fuentes limpias y renovables.
Entre las novedades de la norma, se incluye la prohibición de que los nuevos edificios de más de diez viviendas cuenten con calderas individuales, con lo que tendrán que instalar sistemas comunitarios de calefacción, incluso si se trata de viviendas adosadas o pareadas. En este último caso, deberá destinarse una superficie adecuada de la parcela para la implantación de una sala de calderas centralizada.
A partir de enero del año 2020, solamente podrán instalarse sistemas de distrito como elementos generadores y distribuidores de calor o frío. Además, en los edificios residenciales que ahora cuentan con un sistema centralizado, no se permitirá, independientemente del número de pisos del inmueble, cambios hacia instalaciones individualizadas. «El descubrimiento de una actuación de estas características supondrá la reversión del sistema y la tramitación de un expediente sancionador por falta muy grave, que afectará tanto a la comunidad de vecinos como al instalador del sistema», según se recoge en la ordenanza, que busca reducir con estas medidas la emisión de contaminantes en la ciudad.
Otra de las novedades afectará, en este caso, a las empresas de reparto. Tendrán la obligación de presentar en un plazo de dos años un plan de renovación de su parque móvil, que transforme las flotas de vehículos que utilizan el gasóleo C como combustible en otras con vehículo eléctricos o que se muevan con gas licuado del petróleo o gas natural comprimido como combustible exclusivo. Respecto a los usuarios de coches que circulen dentro del término municipal, la norma establece que deberán vigilar y comprobar el buen funcionamiento de sus motores con el fin de mantener sus emisiones por debajo de los límites marcados por la normativa de aplicación. Los vehículos podrán ser detenidos en cualquier lugar y ocasión por los agentes de la Policía Municipal al objeto de verificar una medición de sus emisiones de escape. Si dieran positivo, se iniciará el proceso para la corrección.
Según argumentó ayer la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, el objetivo de este nuevo texto «es el establecimiento de condiciones objetivas que permitan una intervención eficaz de cuantas actividades, situaciones e instalaciones sean susceptibles de producir emisiones». Su finalidad es lograr que la contaminación atmosférica «sea mínima, reduciendo con ello los riesgos para la salud humana, protegiendo los recursos naturales y el medio ambiente».
El texto, muy técnico en la mayor parte de su articulado, también establece controles exhaustivos para las industrias que opera en la ciudad y para otro tipo de actividades que generan emisiones. El reglamento aún en vigor, cuyo proceso de derogación comenzó este miércoles, precisaba de una puesta al día urgente, ya que diferente normativa europea, nueva legislación básica del Estado y normativa autonómica habían creado lagunas por derogación indirecta, que complicaban enormemente su aplicación en el día a día, según añadió la edil. Esta modificación de la norma se suma a la apuesta del ejecutivo por el control de la contaminación a través de un plan de acción para combatirla y de nuevas herramientas para controlarla, como el nuevo laboratorio de despliegue rápido presentado este martes.
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