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Alumnos de la UEMC recogen firmas contra las anulaciones por copiar supuestamente en los exámenes onlineAlumnos de la Universidad Europea Miguel de Cervantes han recogido firmas que han elevado a la defensoría universitaria por las anulaciones por supuestamente copiar en ... las evaluaciones online de abril y para que la institución académica establezca la opción de realizar exámenes finales en modalidad presencial, «sin necesidad de justificar circunstancias especiales, y con plenas garantías académicas y administrativas». La queja nace después de que estos universitarios que cursan en modalidad online denunciaran que los últimos exámenes que habían realizado de forma online aparecen como anulados. Es decir, que estaban suspensos porque durante la realización del mismo habían incurrido en alguna acción que no deberían hacer. Dicho más claro y conciso, por supuestamente copiar.
En un escrito, suscrito por un colectivo que alcanza el centenar de estudiantes se critica que el reglamento de la universidad a la hora de hacer exámenes en formato online no es claro. En concreto, exponen que «existe una ambigüedad normativa que compromete la validez del proceso sancionador». Los firmantes se refieren a que por ejemplo las instrucciones establecen que «no está permitido utilizar el material de la asignatura», pero no distingue entre el uso y la presencia del mismo y piden concretar cuál es el material del que no se puede disponer. «La prueba se realiza en el entorno doméstico del estudiante, donde la presencia de objetos o documentos diversos es inevitable, cualquier interpretación sancionadora sobre la base de la mera existencia de estos elementos es arbitratia y carente de sustento legal», defienden los estudiantes.
Responde por parte de la universidad Javier A. Rodríguez, vicerrector de Calidad y Enseñanza Digital. «Las disconformidad, las quejas, es por no haberse ajustado a las normas que ellos conocen. Quieren que la universidad dé por bueno algo que el resto de alumnos sí entiende». Y hay datos. Los exámenes en concreto se realizaron durante las primeras jornadas del mes de abril. Desde la universidad concretan que se realizaron 6.200 pruebas, de las que 338 -poco más de 5%- se han anulado por diversos motivos. La mayoría, por razones técnicas. «Por ejemplo abrir programas no autorizados, seleccionar preguntas o utilizar los comandos de copiar y pegar. Se han comprobado y son irrefutables», apunta el vicerrector.
Y hay más. Por ejemplo que la cámara deje de estar encendida -los alumnos la deben tener activa durante el examen- o que no se enseñe de forma correcta el espacio en el que se realiza la prueba. «Si sucede un fallo técnico durante el examen, el alumno puede indicarlo. La cámara puede dejar de funcionar si por ejemplo justo entra una actualización, esas cosas pueden pasar», explica. El caso, defienden desde la universidad, es que la información sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer en una evaluación está a disposición del alumnado. «Desde la matrícula».
Por su parte, los alumnos inciden en que las directrices son «ambiguas» y aseguran que las resoluciones de anulación no han sido notificadas, sin haberse ofrecido la oportunidad de presentar alegaciones. En este sentido, los alumnos piden que se estudie cada caso de forma individualizada. «Hay personas que han firmado porque su examen se ha anulado de forma arbitraria. Ejemplos como que durante la prueba han mirado para los lados, no siempre a la pantalla, cuando son alumnos con TDH, o que por hablar también han suspendido, cuando simplemente han lanzado una expresión en voz alta, como puede pasar también de forma presencial. Hay grises, no todo es blanco y negro», aseguran los afectados.
La universidad responde que el protocolo dicta que cuando se detecta una infracción se hace saber al profesor y al alumno. «Se enseña la evidencia y se decide, siempre que no sea por razones técnicas, cuando son irrefutables». En este caso, los universitarios aseguran que esto no se ha hecho y añaden que la aplicación genera «falsos positivos» por factores ambientales o técnicos. Mal enfoque, baja resolución u objetos en segundo plano son casos que mencionan. «Hay criterios que se aplican de forma subjetiva y no estandarizada». Por todo ello, los firmantes solicitan que se revoquen las anulaciones impuestas cuando no exista prueba de conducta fraudulenta, garantizar el derecho a formular alegaciones con acceso a la totalidad de la prueba o revisar el uso del sistema de supervisión.
Desde la UEMC reiteran su «compromiso con la seguridad» y el vicerrector recuerda que la aplicación está validada por la agencia de calidad universitaria, que además recomienda el uso de una cámara adicional además de la webcam frontal. «Y eso se hace». También concretan desde la universidad que el número de alumnos que han visto sus exámenes anulados no es «particularmente importante» en el sentido de que no supone un mayor volumen que en otros procesos de evaluación. «Hay picos, pero cada vez son menos, porque los alumnos entienden que todos están bajo las mismas reglas», zanja el vicerrector.
En concreto, la universidad hace uso de la aplicación Smowl, que los examinados deben ejecutar cuando se realiza una prueba de evaluación. La herramienta permite monitorizar la actividad del alumno durante el tiempo en el que se realice el examen, realizando un registro de los programas o archivos que el alumno abra en su ordenador o las páginas web que visite. En el protocolo de la institución académica se concreta que en ningún caso la UEMC tendrá acceso o permiso para navegar con el ordenador por el ordenador de los alumnos o consultar el contenido de ninguna carpeta o archivo alojados en sus equipos.
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