Américo consigue su ascensor después de 19 años de batalla por la cesión de 5,94 metros cuadrados

La suya parecía una batalla pérdida y Américo Rodrigues, un hombre de 64 años aquejado de una cruel enfermedad degenerativa, llegó a pensar que nunca más volvería a pisar la calle mientras la observaba desde la ventana de su cárcel, una vivienda situada en el cuarto piso de un antiguo bloque de la calle Arca Real, separado por 71 interminables escalones del portal. Pero todo llega y, aunque para él quizás sea ya «un poco tarde», su edificio estrenó hace algunas semanas un ascensor que, al menos, permitirá a este incansable luchador por los derechos de los discapacitados disfrutar de sus «últimos paseos». Atrás quedan 19 años de lucha legal para conseguir la instalación del ansiado elevador en las entrañas de este inmueble construido en 1968.

Sus palabras no albergan tristeza, sabe que se encuentra en «fase terminal» y por eso reconoce que solo alberga «satisfacción» por el resultado de su infatigable pelea, «no ha sido en vano suspira», ya que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo hace tres años, que permitió la colocación del ascensor, «ha sentado jurisprudencia y ha abierto la puerta para que otras personas como yo puedan lograr sus derechos».

El fallo en sí, que vino a refrendar otros similares en otras provincias, simplemente obligaba al propietario del local situado en los bajos del edificio del número 63 de la calle Arca Real un residente, además, del bloque a ceder forzosamente los 5,95 metros cuadrados que permitirían a la comunidad instalar el ascensor, algo imposible sin este espacio, «al entender que se trataba de una servidumbre de paso», explica Américo.

Algo tan sencillo como eso fue el escollo insalvable contra el que chocaron una y otra vez los residentes, en su mayoría de avanzada edad, desde que aprobaron dotar a su edificio de un elevador en un más que lejano 1997. Los informes técnicos advirtieron de que era imposible su colocación sin los 5,95 metros cuadrados de marras de un local de 245 que llevaba años vacío, pero su propietario se enrocó en su negativa a vender e, incluso, un juez le dio la razón un año después (en 1998).

Protestas y 4.300 firmas

Pero a Américo, el vecino del cuarto, ya le habían diagnosticado por entonces una distrofia miotónica de Steinert, un palabrejo médico que oculta una enfermedad muscular degenerativa que poco a poco le iba a condenar a no poder salir de casa. Y así fue. De manera que en 2003, cansado de enviar cartas sin respuesta a las distintas administraciones nunca le recibieron ni el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ni el entonces alcalde, Francisco Javier León de la Riva, el vecino del cuarto decidió visibilizar su reivindicación. Y vaya si lo hizo. Su encierro voluntario en su vivienda entonces aún podía moverse y su posterior huelga de hambre aquellos 52 días sin comer le llevaron al hospital hicieron correr ríos de tinta tanto en los medios locales como en los nacionales.

Pero ni por esas. Así que un año después llegaron a celebrarse concentraciones semanales a la puerta del número 63 de la calle Arca Real, que fueron secundadas por decenas de vecinos 4.300 vallisoletanos apoyaron su reclamación con sus firmas. Tampoco dieron resultado. Fueron los tribunales, al final, y en 2013, los que dieron la razón a Américo. El dueño del local cedió (vendió) los 5,95 metros cuadrados por nueve mil euros y las obras para instalar el ascensor comenzaron finalmente en agosto del año pasado.

«Funciona desde el 22 de enero y, aunque a mí me llega un poco tarde, ya que estoy en fase terminal;me permite, al menos, poder salir a la calle en silla de ruedas ayudado siempre por su mujer», reconoce Américo, quien destaca que lo importante es que «es un logro de todos y el resto de vecinos el edificio de cuatro plantas tiene 24 viviendas, muchos de ellos mayores, también pueden disfrutar del ascensor». Algunos, eso sí, fallecieron antes de verlo en uso.