El caso que inhabilitó a León de la Riva le cuesta al Ayuntamiento 2,7 millones de euros

Ha tenido un coste político la inhabilitación de Francisco Javier León de la Riva para ejercer como edil y también un importante coste económico. El caso de los áticos del edificio de la plaza de Zorrilla, que el Tribunal Superior de Justicia obligó a demoler tras la sentencia dictada en el año 2008, ha conllevado el pago de 2,76 millones por parte del Ayuntamiento, tanto por los proyectos de restitución de la legalidad, como en indemnizaciones a los propietarios afectados por las obras y cambios de uso, según los datos facilitados por los servicios municipales.

La Comisión de Hacienda autorizó ayer, dentro de la modificación de créditos en la que se incluyen el paquete de inversiones financieramente sostenibles, el pago de dos nuevas resoluciones judiciales que condenan a la Administración Local. El importe: 1.044.775,34 euros, correspondientes a dos sentencias del año 2015 de los juzgados de lo Contencioso Administrativo 1 y 2.

El primer fallo afecta a tres oficinas de la planta cuarta del portal número 28 que da a la calle Santiago y a otra del sexto piso. El fallo les reconoce 788.160 euros por la pérdida de este uso, otros 20.000 por daños morales, 3.360 correspondientes al IBI de los años 2013 y 2014, incluidos los intereses devengados por dichas cantidades, y otros 1.534 por los gastos de comunidad. Total: 894.827,43 euros. El segundo condena a indemnizar a otro propietario por el 50% del valor del inmueble, lo que obliga a realizar un desembolso de 123.258,45 euros.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento, en total se han presentado once demandas. Y todas las ha perdido la Administración Local. A lo más que han llegado los servicios jurídicos en la defensa de los intereses de las arcas de la ciudad es a rebajar algunas de las cuantías que se solicitaban, pero los jueces en todos los casos han dado la razón a los reclamantes.

Hasta el pasado mes de octubre, cuando la Audiencia de Valladolid ratificó que el exalcalde tenía que abandonar su carrera política por haber retrasado el cumplimiento de la decisión del TSJ, como ya había determinado el Juzgado de lo Penal número 2, de las arcas locales ya habían salido 1.307.070,01 euros en concepto de indemnizaciones. Ahora llega esta nueva andanada. Queda pendiente el pago de otros 208.000 euros de otra sentencia firme y de otros 40.000 euros pendientes de ratificación.

En algunos casos se ha tenido que ingresar el dinero a los propietarios y expropietarios. En otros, el Ayuntamiento se ha visto obligado a adquirir viviendas y locales que los ocupantes desecharon al ver cómo la sentencia cambiaba su calificación y obligaba a convertir en viviendas lo que ellos adquirieron como oficinas. También se ha reclamado por la pérdida de superficie en algunos inmuebles.

Así, la Concejalía de Urbanismo tiene en su poder las llaves de cuatro viviendas de la planta cuarta de Santiago 28 y de dos locales en el sexto y el octavo piso. Desde este departamento municipal se estudia ahora el futuro de este patrimonio adquirido de forma obligada. Por el momento, se incorporarán al parque de viviendas del Consistorio vallisoletano y más adelante se decidirá si se enajenan o se destinan al alquiler social.

A estas cantidades para resarcir de los daños producidos a los ocupantes del céntrico inmueble, donde reside Francisco Javier León de la Riva, se suman otros 166.756 euros por la redacción de los proyectos que se llevaron a cabo para cumplir con una sentencia, que anuló las licencias de rehabilitación y ocupación del bloque por haberse modificado las fachadas protegidas, aumentado la edificabilidad en la octava planta y no respetarse el porcentaje destinado a vivienda.

La constructora que se hizo cargo de la rehabilitación, Edificasa 2000, asumió el coste de las obras obligadas por la sentencia. En total, 853.228,83 euros que se invirtieron en la demolición de los áticos ubicados en la octava planta y la redistribución interior de algunas partes de edificio. León de la Riva, quien vio malograda su exitosa carrera política por este caso, siempre ha defendido que su intención fue cumplir la sentencia y argumentó que el retraso se produjo por divergencias en los planos del edificio.