Los integrantes de una red de tráfico de drogas que actuaba en Valladolid se enfrentan a 35 años de cárcel

El martes arranca en la Audiencia de Valladolid el juicio contra los siete integrantes de una red de traficantes de droga que actuaba en varias localidades de la provincia y que fue desarticulada en mayo de 2013 por la Guardia Civil en el marco de la 'Operación Chorros' y que se enfrentan a un conjunto de penas que suman 35 años de prisión.

La organización criminal operaba en la capital, Arroyo de la Encomienda, Peñafiel, Mojados y Olmedo y en los diferentes registros llevados a cabo en varios domicilios los agentes del Instituto Armado se incautaron de más de medio kilo de cocaína, 200 gramos de hachís y 100 gramos de marihuana.

Las penas para los acusados oscilan entre los siete años que el fiscal pide para Engels Federico A.A., quien regentaba un locutorio en la calle Industrias donde se guardaban dosis de cocaína y una peluquería, negocios que también eran utilizados para blanquear dinero, y para Jesús H.M., titular del bar La Olma de Peñafiel, establecimiento desde donde también se vendía droga. Además Juan Alberto V.V., Miguel Ángel B. A y Alfredo Miguel A.S. se enfrentan a penas de cinco años, mientras que para Said E.K. y Jesús Francisco C.H. el ministerio fiscal pide tres.

La operación de la Guardia Civil fue fruto de una investigación previa sobre blanqueo de capitales, en la se que determinó que uno de los acusados, Jesús Francisco C.H., vecino de Mojados, se dedicaba al tráfico de droga. Esta persona fue detenida en abril de 2013 cuando circulaba por la N-601 y los agentes le requisaron 98 gramos de hachís y diez de cocaína.

Tras esta detención, según explicó en su día la Guardia Civil, continuaron numerosas investigaciones que permitieron a la Policía Judicial alcanzar la cabeza de la trama y descubrir una red especializada en el menudeo de cocaína y otra dedicada al hachís.

Como responsable de la ramificación especializada en la 'coca' figuraba Engels Federico A.A, natural de la República Dominicana y vecino de Arroyo de la Encomienda, mientras que de la distribución de hachís se había hecho cargo, presuntamente, Said E.K, de origen marroquí y vecino de Valladolid.