La defensa de Samaniego detecta 418 facturas de obras que «nadie» ha certificado

La defensa de Luis Alberto Samaniego, exjefe de Mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid, al que se le acusa de haber desviado presuntamente obras municipales por valor 11,2 millones de euros a empresas propias y de su familia, espera la respuesta de la jueza que instruye el caso sobre su petición para que la Intervención Municipal aclare quién dio el conforme a 418 facturas de obras realizadas por estas mercantiles al no figurar ninguna firma en estos documentos que certifique que los trabajos se habían llevado a cabo.

El letrado Luis Lavín ha revisado las 1.379 obras que realizaron estas sociedades en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2014, una documentación oficial enviada por el Consistorio, y ha detectado que en el 30% de ellas ningún técnico, jefe de servicio, director de área o concejal estamparon su rúbrica confirmando que la obra se había ejecutado.

Tres filtros de control

La defensa de Samaniego recuerda que este tipo de obras requieren de tres pasos: el okay de que se ha realizado, la autorización de los superiores de la concejalía o el servicio que ordenó realizar el trabajo y la última fiscalización del interventor para emitir la orden de abono. Con la petición de esta diligencia, el letrado del principal imputado en la causa intenta acreditar, por un lado, el descontrol que, a su juicio, habría reinado en sede municipal y, por otro, fijar las responsabilidades.

Por eso, en el mismo escrito Lavín incluye las 365 facturas firmadas por su cliente y las 174 con los conformes de María Jesús Benito actual encargada del Centro de Mantenimiento y otras personas, con el objetivo de demostrar que en otros casos sí se controló la ejecución, primer paso y fundamental antes de autorizar el pago.

Y es que, en este momento, tres aparejadores municipales están revisando la trayectoria de las empresas de los Samaniego en el Consistorio para comprobar que todas las obras que se facturaron se realizaron. Así, Lavín quiere dejar claro que de esos 418 trabajos no se le pueden pedir explicaciones a su cliente ni, por el momento, a nadie porque no consta firma alguna. El análisis de las adjudicaciones y la fiscalización de las obras también preocupa a la Fiscalía, que solicitó la elaboración de un informe por parte de la Intervención General de Estado para analizar el sistema que se utiliza en el Ayuntamiento de Valladolid. Este órgano se intentó inhibir en un primer momento, pero la jueza María Ángeles Palmero le requirió para que lo llevase a cabo. El caso Samaniego cogerá velocidad el próximo mes de marzo con la declaración de 52 trabajadores del Centro de Mantenimiento. Más tarde, en abril, declararán como imputadas la responsable de Patrimonio y la actual encargada de este departamento de obras.