Castilla y León

Varapalo a las Cortes por no reponer a la funcionaria que denunció por acoso al letrado mayor

El fallo hace referencia a uno anterior de abril de 2024, en el que ya se daba la razón a la trabajadora del Parlamento que era la responsable de la gestión administrativa de esa institución y se instaba a los responsables de las Cortes a reponer a la funcionaria en su puesto y reconocerle «todos los derechos profesionales y económicos desde el momento en que fue cesada». La sentencia actual vuelve a apuntar directamente a las decisiones tomadas por el letrado mayor, inmerso en una instrucción judicial por presuntos delitos de acoso laboral y de prevaricación, y por la Mesa de las Cortes, el máximo órgano de gobierno de la institución, que preside Carlos Pollán (Vox) y que está integrada por otra procuradora de este grupo político, dos del PP y dos del PSOE.

La aplicación de esa primera sentencia se torció en una sucesión de resoluciones del letrado mayor y secretario general, de acuerdos de la Mesa de las Cortes y de notas informativas al personal, que en la práctica suponían el incumplimiento de lo que ordenaban los jueces respecto a la rehabilitación laboral de la jefa de Gestión Administrativa.

La demandante estuvo de baja y alega, con referencias explícitas de documentos y cronología exhaustiva según se recoge el último fallo, que cuando se incorporó en agosto pasado al trabajo no se aplicó la sentencia. Arguye que se encontró una reposición 'formal', pero no efectiva en su puesto. Precisa que no se le proporcionaron siquiera medios informáticos ni documentación para llevar a a cabo su labor, que se le llegó a hacer imposible avanzar en procesos de contratación en marcha y que la vicesecretaria con competencias en coordinación de la actividad del Servicio de Gestión Administrativa ni se reunió con la jefa de Servicio, ni contactó con ella ni siquiera le respondió a los correos electrónicos. Se da la circunstancia de que los tribunales también anularon ese puesto de vicesecretaria, en la práctica mano derecha del letrado mayor, en la gestión interna cotidiana de la institución.

Tras ese ambiente de 'vacío' laboral, la denunciante relata cómo el primer día de una semana de vacaciones a caballo entre agosto (día 28) y septiembre (día 5) recibió un correo a las 21:44 horas de la noche remitido por el letrado mayor-secretario general en el que se le comunicaba que continuaría siendo jefa del Servicio de Gestión Administrativa por «circunstancias sobrevenidas» y que debía realizar tareas urgentes y estar pendiente de las cotidianas pese a encontrarse de vacaciones.

La sentencia que acaba de dar la razón a la trabajadora del Parlamento autonómico recoge párrafos muy contundentes sobre la actuación de las Cortes como empleadora. «No está de más añadir que pocas veces se ha encontrado la Sala con supuestos, como el aquí examinado, en el que hay una deliberada voluntad de que la recurrente no ocupe o acceda a los puestos que tiene o pretende sin causa o motivo que lo justifique», recoge el fallo.

Los magistrados imponen a la institución el pago de las costas del proceso en una sentencia que declara «nulas de pleno derecho» las modificaciones puntuales en la estructura de la plantilla de las Cortes que amparaban el nombramiento del ingeniero que sustituyó a la demandante en esa jefatura administrativa y piden, además, «remitir testimonio de particulares al Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid a los efectos de dilucidar si se ha incurrido en responsabilidad penal».

La sentencia no puede enfocarse como un hecho aislado, dado que se está instruyendo esa investigación judicial contra el letrado mayor por un presunto acoso laboral y presunta prevaricación en el proceder de este alto funcionario del Legislativo respecto a la jefa del Servicio de Gestión Administrativa. Un proceso sobre el que emitió la Junta de Personal de las Cortes un informe en el que respaldaba la actuación de Marcos Herrero. Señalaban los responsables del órgano que representa a la plantilla de la institución que les resultaba «llamativa» la denuncia de su compañera y reflejaban que el letrado mayor le había facilitado adaptar horario laboral para poder para dar clase.

Este diario se ha puesto en contacto en la mañana de este martes, 20 de mayo, con los responsables de las Cortes para conocer si van a hacer efectiva la reposición de la denunciante en su puesto de jefatura de servicio o van a recurrir la sentencia del TSJ y está a la espera de contestación. Los integrantes de la Mesa de las Cortes han decidido no recurrir el fallo y ejecutar lo que mandatan los magistrados, según confirman fuentes oficiales del Parlamento. La funcionaria denunciante está en este momento ejerciendo la responsabilidad de interventora del parlamento autonómico. Puesto al que ha sido adcrita, de manera provisional, el pasado 9 de mayo.