El PSOE reclama al fiscal que investigue 18 contratos del Ayuntamiento de Valladolid

El presidente del Grupo Municipal Socialista, Oscar Puente, ha anunciado que su Grupo trasladará a la Fiscalía la información de otros 18 contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Valladolid y sufragados con fondos del Plan E entre los años 2009 y 2010. El PSOE pretende que la Justicia aclare la legalidad de esos contratos relacionados con varias empresas que guardan alguna relación con las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas y que sin embargo no están siendo investigadas por la Fiscalía.

Se trata de dos contratos, revelados a la opinión pública este pasado fin de semana, para la sustitución de ventanas en los colegios públicos Alonso Berruguete y García Lorca, para los que el Ayuntamiento recibió 369.077,22 euros del Gobierno de España y que se tramitaron por el procedimiento negociado sin publicidad, a pesar de la similitud del objeto y de que, tanto la redacción de los proyectos, como la licitación, coincidieron en la misma fecha y se adjudicaron al mismo contratista, la empresa «Rehabilitaciones y Reformas Construsanz S.L.».

Los socialistas entienden que los motivos que impulsaron a la Fiscalía a seguir la pista de los dos contratos mencionados las similitudes en objeto y fechas- «son igualmente aplicables» a los otros siete que, según el PSOE, también le fueron adjudicados a esta empresa por parte del Ayuntamiento entre 2009 y 2010 y que suman 524.176 ¤, para hacer un total de 875.678 euros:

El PSOE desvela, además, el nombre de otra empresa adjudicataria, Amper Sistemas S.A., por dos contratos que, según los socialistas, habría que analizar porque «se refieren al mismo trabajo»: El primero de ellos, explican, tiene que ver con el «Suministro de equipamiento para la implantación de la oficina portátil de movilidad sobre PDA y terminales en vehículos» (adjudicado por 198.985 ¤) y el segundo también es relativo al «Equipamiento para implantación de Oficina Portátil de Movilidad» (adjudicado por 199.167 ¤).

Los socialistas quieren que se aclare si con el segundo contrato pasó lo mismo que con el primero, en el cual, como ya detectó el Tribunal de Cuentas, los pliegos «no especificaban la metodología de valoración de un criterio determinante» (50% de la puntuación).

Además, indica este organismo, «una vez abiertos los sobres se decidió dividir los elementos puntuables en dos grupos, justificando la valoración únicamente de dos de las ofertas presentadas y siendo éstas las únicas que superaron el umbral previsto en los pliegos para seguir, impidiendo así la transparencia y la igualdad de trato entre los candidatos». Finalmente, el informe del Tribunal señala que una inspección realizada demostró que de las 40 PDA presupuestadas sólo había seis.

10 bajo sospecha

A la vista de lo anterior, el PSOE propone que se investiguen también otros diez contratos, al entender que «podría haber indicios de que respondieran a un mismo modus operandi irregular» por parte del equipo de gobierno municipal:

El PSOE llama la atención sobre el hecho de que, a diferencia de lo que es habitual en la adjudicación de obras, servicios y suministros, los fondos del Plan E no fueron administrados por cada una de las Áreas municipales, sino que las decisiones se tomaron directamente por parte de la Alcaldía. Este hecho, a juicio de los socialistas, hace «inviable» que en esta ocasión el alcalde pueda «cargar el muerto a alguien como es su costumbre» y tenga que «dar la cara, como no hace nunca».

Puente reclamó, por tanto, explicaciones «inmediatas» por parte del regidor, quien por cierto, de nuevo está ausente de la ciudad y ha dejado, una vez más, las riendas del Ayuntamiento en la concejala Mercedes Cantalapiedra.