La aplicación de una fiscalidad diferenciada en zonas despobladas permitiría crear 900 empleos anuales en Soria

Una fiscalidad diferenciada para los territorios despoblados es posible, ya se está aplicando con otros criterios del país como Canarias y Ceuta y Melilla y el coste sería mucho menor en el caso de Soria, Cuenca y Teruel, con menos de 9 habitantes por kilómetro cuadrado. El informe presentado en la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y elaborado por la red SSPA (Áreas escasamente pobladas del Sur de Europa) gracias a los fondos Leader gestionados por los 16 grupos de acción local de las tres provincias, bajara cifras en torno a los 900 empleos anuales de nueva creación mientras se aplique la medida específica y un ahorro fiscal de 72,3 millones en la provincia de Soria además de beneficios a todos los niveles. José Antonio Herce, el autor del informe, ha explicado que «el coste fiscal de la propuesta integral para todo el territorio SSPA que incluye a Soria, Cuenca y Teruel, se ha estimado en 335,4 millones de euros al año, de los que solo 252 corresponderían al IRPF de las tres provincias, siendo el coste fiscal más elevado el de la provincia de Cuenca. Un total del 0,17 por ciento de lo que se recauda en todo el país». 

El impacto socioeconómico estimado de la propuesta fiscal sería de 266,97 millones de euros adicionales al PIB del territorio y generaría 4.027 empleos creados o mantenidos mientras continuara el estímulo fiscal. «Este giro económico permitiría a la administración tributaria recuperar vía impuestos otros 80,09 millones de euros». 

La red SSPA que ha promovido este informe está segura de su viabilidad y de los múltiples beneficios que supondría su puesta en marcha hasta el punto de permitir el resurgimiento de estos territorios. «Si esta excepcionalidad se mantuviera en el tiempo estoy convencido que veríamos el resurgir en las actividades económicas de la mano de nuevos pobladores, tanto empresas, como trabajadores», ha destacado el autor. 

Los resultados del informe son claros, ahora falta que se pueda implicar a las instituciones competentes logrando una alianza con otros estados miembros y con redes y asociaciones civiles europeas para lograr que se puedan aplicar políticas basadas en la discriminación fiscal positiva, ha concluido José Antonio Herce tras presentar los resultados del informe ante los agentes sociales y económicos de Soria en un encuentro organizado por la patronal FOES al que han acudido además la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones y el consejero de empleo de la Junta de la comunidad, Carlos Fernández Carriedo.