«Estoy vivo, pero esa rama me partió la vida por la mitad»

El vecino herido en 2016 por la caída de una rama, en la avenida del Acueducto. /A. de Torre
El vecino herido en 2016 por la caída de una rama, en la avenida del Acueducto. / A. de Torre

El Ayuntamiento recibe más de 60 reclamaciones al año por responsabilidad patrimonial

CLAUDIA CARRASCALSegovia

No era un día de aire, ni siquiera hacía mal tiempo, pero Santos oyó un crujido seco e inmediatamente después vio con una rama de al menos cincuenta centímetros le caía encima y tras sentir un fuerte impacto en la cabeza perdió el conocimiento. Desde entonces asegura que no puede borrar de su memoria esa fatídica fecha, 29 de junio de 2016, porque fue el día en el que un paseo por los senderos de la Hontanilla, que pretendía ser relajante, le cambio la vida.

El de Santos Escobar es uno de los casos más graves que se han registrado en los últimos años de responsabilidad patrimonial por parte del Ayuntamiento, aunque, por el momento, no se ha celebrado el juicio; de hecho, los tribunales ni siquiera han fijado una fecha para el litigio. No obstante, asegura que no le preocupa tanto la indemnización que pueda recibir, que desconoce a cuánto podría ascender, como tratar de recuperarse y dejar de tener dolores. Además, es consciente de que tuvo suerte porque de no haber sido por un petril que dejó la rama encallada, obligándola a formar un arco, probablemente le hubiese aplastado y hubiese muerto por el impacto, ya que cayó desde una altura de aproximadamente 15 metros.

«Estoy vivo, pero esa rama me partió la vida por la mitad», advierte Santos, quien a sus 61 años no puede desarrollar las actividades laborales y sociales a las que se dedicaba debido a las consecuencias que le ha dejado este accidente, y afirma que todos sus planes «se han ido al traste».

«Larga y dolorosa»

La recuperación fue larga y dolorosa. Vértebras rotas, contusiones en la cabeza, esguinces en los dos pies y una mano y varias roturas musculares son algunos de los daños que aparecían en el parte médico de Santos. Además, hubo complicaciones ya que los hematomas impidieron a los sanitarios detectar, en un primer momento, algunas de las lesiones, explica. Daños que después de meses de consultas médicas, tanto a través de la Seguridad Social como de médicos de pago, le han dejado secuelas de por vida y a día de hoy, todavía, importantes dolores. «Los médicos me han dicho que tengo raíces nerviosas dañadas y que algunas de las lesiones son crónicas, por lo que tengo que aprender a vivir con ello», relata. No obstante, afirma que no es nada fácil porque es una persona muy activa, que antes de este trágico accidente se pasaba todo el día en la calle, pero desde hace casi dos años y medio se siente «como en una cárcel».

No puede subir escaleras, tampoco estar de pie más de dos horas, ni siquiera conducir, y eso que a lo largo de su carrera profesional reconoce que habrá hecho más de tres millones de kilómetros por toda España, ya que se dedicaba al mantenimiento de maquinaria de oficina. «Me apasionaba mi trabajo y ahora no puedo ejercer, tampoco ir a ver a mi familia o amigos sin que me lleven porque no puedo coger el coche», lamenta. Santos tiene la incapacidad total y cobra el 75% de la base de cotización, pero es consciente de que su vida no volverá a ser la misma.

Santos Escobar no puede cambiar lo sucedido y aunque seguirá haciendo todo lo posible por recuperarse tiene claro que la mejor forma de evitar este tipo de desgracias es mediante la prevención. Por ello, anima a las instituciones y en particular al Ayuntamiento de Segovia a que se tomen estos casos de forma más seria porque, según critica, «en muchas ocasiones no se ponen soluciones eficaces hasta que hay muertos». Además, recuerda que es una zona muy transitada por familias y que si una rama de ese calibre le cae a un niño o a una persona de complexión física menos fuerte que la suya «su muerte habría estado asegurada».

Demandas

A lo largo de los tres primeros trimestres de 2018, el Ayuntamiento de Segovia ha registrado 61 reclamaciones de responsabilidad patrimonial, aunque, de ellas, dieciséis ya han sido inadmitidas o desestimadas, 39 se encuentran en trámite y seis han sido admitidas.

La concejala de Gobierno Interior y Personal, Marisa Delgado, asegura que estas cifras se mantienen más o menos constantes a lo largo de los últimos años, aunque temporadas invernales complicadas como la de este año generan picos y es posible que al finalizar el año la cifra sea algo superior. De hecho, explica que 2017 cerró el año con 67 reclamaciones y dos años antes, en 2015, la cifra fue de 59.

Las caídas por causa de la nieve y otros motivos en la vía pública son el principal motivo de reclamación. En concreto, a lo largo de los nueve primeros meses del año se han registrado una veintena de expedientes por caídas, cinco de ellos, como consecuencia de la nieve. Otros diecisiete han sido por daños ocasionados a vehículos y dieciséis por las secuelas que han dejado diferentes averías vinculadas a la red de agua. En la categoría de «otros» hay un total de ocho reclamaciones, según constata la edil. Delgado reconoce que muchos de estos requerimientos son fundamentados, sin embargo, hay otros muchos que se corresponden a daños en los que la responsabilidad patrimonial del Consistorio no está demostrada. En 2017, de las 67 reclamaciones que se iniciaron un total de 30 fueron desestimadas, es decir, cerca del 45%.

En las caídas, por ejemplo, hay gente que reclama la rotura del móvil o las gafas, pero, si no hay una avería, una baldosa suelta o cualquier desperfecto que sea responsabilidad del Ayuntamiento en el punto concreto de la caída y el afectado puede demostrar que ha sido en ese lugar «no tiene ningún sentido poner una reclamación», advierte.

En este sentido, explica que el Consistorio defiende a los ciudadanos, pero «de forma legal y correcta», ya que estas reclamaciones se pagan con dinero de todos los ciudadanos y no es justo que haya algunos que pretendan abusar de estas situaciones. De hecho, aclara que cuando es un daño generado de forma consciente por un empleado municipal, por ejemplo, al realizar labores de jardinería en un espacio público son ellos mismos los que inician el expediente de reclamación, sin necesidad de que el ciudadano lo haga. Además, el Ayuntamiento cuenta con un seguro que se hace cargo de los casos económicamente más costosos, y debe afrontar con fondos propios el resto de reclamaciones admitidas.

El rango medio de los requerimientos varía en función de los daños. Por ejemplo, en el caso de daños a vehículos la cifra suele rondar entre los 220 y los 900 euros. La cuantía media de las reclamaciones por aguas es de unos 800 euros, mientras que en el caso de caídas suele ser de 350 euros aproximadamente, detalla.

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