Las tres vías de pago de Segovia se quedan fuera de la propuesta del ministro Ábalos

Vista desde el puerto del Alto del León de un tramo de la autopista AP-6 a su paso por la localidad de El Espinar. /Pedro L. Merino
Vista desde el puerto del Alto del León de un tramo de la autopista AP-6 a su paso por la localidad de El Espinar. / Pedro L. Merino

El Gobierno central hereda los expedientes por el colapso de la gran nevada de la AP-6

César Blanco Elipe
CÉSAR BLANCO ELIPESegovia

El anuncio del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, deja fuera a las autopistas segovianas. Ninguna de las tres (AP-6, AP-51 y AP-61) entran dentro de los planes inmediatos de liberalización de los peajes. El avance del nuevo titular de la cartera de Fomento afecta a las concesiones cuya caducidad es anterior a 2021. Ninguna de las tres vías de alta capacidad gestionadas ahora por Castellana de Autopistas, después de la absorción de Abertis a principios de año, acaba en ese plazo estipulado por Ábalos.

El predecesor del ministro socialista, Íñigo de la Serna, reveló en enero, a raíz del caos producido por la nevada del fin de semana de Reyes en la AP-6, que el Gobierno se comprometía a revisar en noviembre de 2019 la concesión sobre esta autopista (Villalba-Adanero). Fundamentalmente, el Estado ha de decidir si mantiene la explotación privada vigente en función de la cantidad de tráfico que soporta. Esta particularidad entronca con la renovación de la explotación el 30 de enero, fecha en la que debería haber concluido si se atiende a la primera concesión de 1968. Sin embargo, Castellana de Autopistas, también perteneciente al grupo Autopistas, toma el relevo de Iberpistas y la vida sigue igual.

Sindicatos, partidos políticos, movimientos ciudadanos y plataformas de diversa índole confiaban en el final del 'contrato' en dicha fecha; pero las barreras de peaje siguen bajadas y solo se levantan previo pago del usuario de la vía. Esta esperanza tenía su razón de ser en una sentencia europea de 2010 y en su estricto cumplimiento por parte del Gobierno. Dicho fallo contra España se produce tras la denuncia que interpusieron en el año 2000 Comisiones Obreras y el colectivo ecologista Centaurea. En él, el Tribunal Europeo consideró que se vulneraron directivas comunitarias que regulan la contratación pública al no reflejar en el pliego de construcción, conservación y concesión todas las obras que debía realizar la empresa en referencia a las conexiones de la AP-6 con la AP-51 hacia Ávila y la AP-61 con Segovia.

Un año antes de dicha sentencia, en 1999, el Ministerio de Fomento concedió a Iberpistas la construcción de la AP-51, la AP-61 y del tercer túnel de la AP-6 en Guadarrama, prolongando esa concesión por un periodo comprendido entre los 32 y los 37 años. En 2012, el Gobierno central publicó un real decreto en el que redujo en siete años la concesión para dar cumplimiento así a la sentencia europea. De esta forma, la explotación a manos del sector privado alargaba entre 32 y 37, como relatan fuentes sindicales.

El Gobierno de Pedro Sánchez asume la herencia de determinar en noviembre de 2019 la duración de la explotación. Esta medida tendrá que ver también con los expedientes que Fomento abrió a la empresa tras el colapso por la histórica nevada de la AP-6. En cuanto al futuro de los peajes en la AP-51 y AP-61 va a aparejado al devenir de la Villalba-Adanero. La Corporación del Ayuntamiento de Segovia aprobó el pasado febrero una moción para instar al Ejecutivo de la nación a que la gestión de estas autopistas revierta en el sector público al finalizar la concesión, que en el caso de la AP-51 y AP-61 la iniciativa municipal situó en el año 2024.

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