La subida salarial de los funcionarios suma 450.000 euros al mes en Segovia

Tomás Pérez Urueña y Miguel Ángel Mateo, en la sede de UGT de Segovia./M. A. L.
Tomás Pérez Urueña y Miguel Ángel Mateo, en la sede de UGT de Segovia. / M. A. L.

UGT estima que el 20% de los empleados temporales de los ayuntamientos de la provincia tendrían que ser indefinidos

Miguel Ángel López
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZSegovia

Los incrementos de las retribuciones de los casi 12.000 empleados públicos de la provincia reportan a la economía de Segovia alrededor de 450.000 euros cada mes. La cantidad total si se suman los 480.000 euros que supone la revalorización de las pensiones de los segovianos asciende a más de 920.000 euros, «una repercusión muy importante en la economía de la provincia» porque es dinero «para gastar en el sector servicios y en hostelería», según el secretario provincial de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Miguel Ángel Mateo.

Al añadir el aumento de las pensiones, la economía provincial ingresa cada mes 920.000 euros más

El cálculo del responsable sindical parte de las subidas salariales de los empleados públicos de la Administración del Estado (unos 1.260), la Junta de Castilla y León (4.108), los cuerpos de seguridad (Policía Nacional y Guardia Civil, 701), el Ejército (658, sin contar la tropa profesional) y las entidades locales (3.026). Suponen el 18,5% de los trabajadores activos y «por eso es muy importante la repercusión de las subidas», explicó Mateo. Al año, estas retribuciones suman más de 234 millones de euros, y ya el año pasado, al aplicarse el acuerdo firmado por los sindicatos UGT, CC OO y CSIF con el Gobierno de Rajoy, los incrementos añadieron cada mes unos 338.000 euros, unos cuatro millones en todo el año.

Cuéllar, uno de los municipios con contratos «en fraude de ley»

UGT recomienda a todos los empleados públicos d ela provincia que acumulen contratos eventuales y por obra o servicio determinado que consulten la posibilidad de entablar una reclamación. Cuentan con las sentencias favorables que están dictando juzgados de lo social de toda España, en las que reconocen que los contratos han de ser por tiempo indefinido, explicó Mateo. «En las sentencias queda muy claro que estos contratos eventuales para realizar servicios permanentes están en fraude de ley», y según el responsable de UGT, «Cuéllar es uno de estos ayuntamientos», donde ya hay una reclamación en curso. A juicio de UGT, «más del 20% de los empleados públicos de los ayuntamientos tienen en la actualidad contratos que serían indefinidos», y ya hay sentencias en Castilla y León que dicen que la concatenación de contratos, aún con solución de continuidad, por un periodo de tres años otorga el derecho a reclamar que la contratación sea indefinida. Serían entre 200 y 300 entre todos los ayuntamientos de la provincia, más de 300 en los distintos servicios de la Junta de Castilla y León en Segovia (con mayor proporción en la Gerencia de Servicios Sociales) y un porcentaje similar en la Diputación, unos cien interinos.

«El sector público es la mayor empresa de la provincia de Segovia», comentó Mateo. Y según el responsable regional de la FeSP de UGT, Tomás Pérez Urueña, «no hay una empresa en Castilla y León que tenga tantos trabajadores». Por eso critican los dirigentes sindicales que con el aumento de gasto que implica la subida salarial y la inyección de dinero en el sector servicios no se haya traducido en la negociación colectiva.

«No podemos entender que mientras estamos diciendo estos los convenios de empresa hayan subido el 0,73% y los sectoriales de la provincia el 1,74%, porque no podemos decir que la economía de la provincia va mal», señaló Mateo. Pérez Urueña abundó en este argumento: «Durante años se ha utilizado a los empleados públicos como culpables de la crisis, y hubo un punto de inflexión cuando se les quitó la paga extra y la gente se alegró, pero comercios, en ciudades como Segovia, que perdieron entre el 30% y el 40% de la facturación».

Por las 35 horas semanales

UGT también demanda la aplicación de la jornada semanal de 35 horas para todos los empleados públicos, que ya está en vigor «en la mayor parte de los ayuntamientos de la provincia y en la Diputación», apuntó Mateo. Pero al sindicato le «sorprende» que esté en el Ayuntamiento de Cuéllar, según Mateo porque «el alcalde (Jesús García) se niega radicalmente», a pesar de que votó a favor el pasado verano en la Diputación. El Ayuntamiento de Cuéllar, explicó, cumple los requisitos de estabilidad presupuestaria, de déficit y de la regla de gasto, así que, concluyó, «si el alcalde no pone las 35 horas es porque políticamente no las quiere poner».

 

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