Los servicios sociales de la Diputación dispondrán de 25,2 millones hasta 2019
La corporación aprobará este mes el acuerdo marco de financiación con la Consejería, con vigencia de tres años y con una aportación de la Junta de 17,2 millones
M. A. L.
Segovia
Lunes, 18 de septiembre 2017, 10:09
La Diputación de Segovia aprobará en el próximo pleno, correspondiente a este mes de septiembre, el Acuerdo Marco de cofinanciación de los Servicios Sociales con la Junta de Castilla y León, que por primera vez comprenderá tres ejercicios (uno más), al incluir este y los de 2018 y 2019. La Administración regional aportará a este acuerdo que permite desarrollar los programas y prestaciones un total de 17,2 millones de euros, cantidad que completará la Diputación hasta la suma de 25,2 millones de euros en los tres años.
Para el diputado delegado del Área de Asuntos Sociales y Deportes, Miguel Ángel de Vicente, es evidente la importancia de este convenio que tendrá vigencia para este año y los dos próximos, pues s«el Acuerdo Marco de Servicios Sociales con la Junta de Castilla y León es un reconocimiento real del papel fundamental de las entidades locales en la provisión pública de servicios al ciudadano, donde en este caso, existe una importante contribución relativa de los ingresos propios de la Diputación para hacer llegar los recursos a los municipios».
Más de 300 empleos indirectos con la atención de la Dependencia
El Servicio de Atención a las Situaciones de Dependencia, que comprende los equipos de Discapacidad y Dependencia, Envejecimiento Activo, Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, Centros Residenciales y otros, se llevará una inversión de alrededor de 4,9 millones de euros por anualidad, aunque la cantidad varía en función de las necesidades y demandas de los usuarios y beneficiarios de las prestaciones.
Se trata de un servicio, explica de Vicente, en el que «se generan más de 300 empleos indirectos a través de las empresas que prestan los servicios externalizados, como la Ayuda a Domicilio, donde se atiende más de 1.200 personas en su propia casa, o la Teleasistencia, que cuenta con más de 400 titulares del servicio».
Para Miguel Ángel de Vicente, este servicio fde Atención a la Dependencia «engloba situaciones diversas con necesidad de apoyo, y pretende vincular a las personas y su entorno durante el mayor tiempo posible». Por eso se les facilitan las ayudas necesarias para prolongar el tiempo de permanencia; en unos casos mediante la ayuda directa, y en otros a través de la formación en las habilidades necesarias a los entornos familiares. «Tratamos de lograr que la prestación social procure una atención primaria, vinculándola al territorio y a la persona en su propio ámbito», quien recalca que «intentamos así que el recurso del ingreso en las residencias se retrase lo máximo posible».
Señala De Vicente que «la capilarización del esquema de funciones y servicios que se da en Castilla y León en el ámbito de los servicios sociales consigue una gestión eficiente, al contemplar un despliegue local desde el compromiso de cooperación entre administraciones, del que al final los mayores beneficiados son los ciudadanos».
Explica el responsable de Servicios Sociales de la Diputación que la Junta aporta en virtud del acuerdo un total de 5,61 millones de euros en este ejercicio, 5,79 millones en 2018 y la misma cantidad para el ejercicio de 2019, si bien, comenta el responsable de la Diputación, «determinadas prestaciones podrían ver incrementadas sus cuantías por anualidad, en función de la disponibilidad presupuestaria anual de la Administración autonómica».
La contrapartida para completar la financiación de las prestaciones y servicios de esta competencia implica que la Diputación complementará las cantidades anteriormente citadas, en función de los porcentajes de financiación que corresponden a la corporación local, con presupuestos que oscilarán entre los 2 y los 2,2 millones de euros por cada anualidad. La cantidad restante se completará con la cofinanciación de los distintos servicios por los usuarios y por los ayuntamientos.
En total, señala De Vicente, serán más de 8,3 millones por anualidad, los que dedicará la Diputación Provincial a los equipos de Acción Social Básica (CEAS), Atención a las Situaciones de Dependencia y a la Red de Protección a la Familia.
Compromiso
A los equipos de Acción Social Básica (CEAS) se destinará alrededor de 1,7 millones de euros por anualidad. Miguel Ángel de Vicente explica respecto al personal técnico que se encuentra en estos diez CEAS de la provincia que componen los cuatro Centros Agrupados de Acción Social de San Ildefonso, Cuéllar, Cantalejo y Prádena que «es destacable su labor por cuanto tiene de profesionalidad, pero también de compromiso y cercanía para los usuarios» .
El diputado responsable del área añade que, además, estos profesionales de los CEAS «son garantes de la puerta de entrada a la red y a los servicios que presta el ámbito social». En total, 88 profesionales asentados en el territorio provincial conforman estos equipos multidisciplinares, que están compuestos por trabajadores sociales, educadores, psicólogos, técnicos de discapacidad y dependencia o administrativos, entre otros, y son los encargados de acercar las prestaciones y los programas sociales a los pueblos y a sus vecinos.
Protección a las familias
Dentro de los cerca de 8,3 millones de euros anuales que se destinarán por la Diputación a los Servicios Sociales, la Red de Protección a la Familia será beneficiaria de algo más de 1,6 millones de euros por anualidad. La inversión será dedicada, entre otros programas, a los que tienen como objetivo la inclusión social, la atención de la urgente necesidad, la infancia o iniciativas como ‘Crecemos’.
Con estos programas, según afirma De Vicente, «se pretende ofrecer una atención individualizada e integral que pueda adaptarse a las necesidades y potencialidades de los destinatarios». «Por ejemplo, removiendo las barreras estructurales que dificultan la integración de los individuos en el caso de la Inclusión Social, se confecciona el Plan de Caso, donde quedan marcados los objetivos individuales de intervención», revela el diputado del Área.
Mientras, en el ámbito familiar, son más de 150 actuaciones las que son objeto de seguimiento y de atención frecuente por parte de los profesionales, con las que se previene y se promueve la convivencia y la integración en familias multiproblemáticas, con intervenciones de índole jurídico en casos de violencia, acoso, abuso, etcétera.
Además, subraya el diputado que en colaboración con los ayuntamientos se posibilitan programas como ‘Crecemos’, que trata de compatibilizar la vida familiar y laboral en el entorno rural.
