El PP sospecha que el Gobierno prepara el terreno para mantener los peajes entre Segovia y Madrid

El parlamentario recordó que en noviembre de 2024 el Ministerio adjudicó un contrato valorado en unos 900.000 euros con el objetivo de elaborar un informe informativo sobre la viabilidad de levantar o mantener los peajes en estas autopistas cuando venza la actual concesión. «Ese documento debería estar ya en la calle y seguimos sin saber nada», criticó Pérez Coronado, que mostró su sospecha de que el Ejecutivo está «condicionando el resultado» del análisis para justificar que los peajes continúen más allá de 2029 entre Segovia y Madrid.

El diputado popular considera que este retraso no es un simple fallo administrativo. «El propio pliego de licitación ya incluía advertencias sobre las dificultades de liberar estas autopistas, hablando de la necesidad de construir nuevos ramales o reforzar la seguridad si se levantaban las barreras. Eso ya era una forma de preparar el terreno para que la conclusión fuese que no se pueden eliminar. Y ahora, con el retraso del informe, todo apunta en la misma dirección», señaló.

El segoviano también mostró su preocupación por la falta de información sobre los trabajos realizados en el marco del estudio y avanzó que su grupo ha solicitado al Ministerio de Transportes el acceso a todas las comunicaciones mantenidas con los redactores del informe, incluidos posibles borradores o notas técnicas. «Queremos saber si ha habido instrucciones políticas para orientar el trabajo en un sentido determinado. La transparencia es fundamental, porque lo que está en juego es el futuro de miles de ciudadanos que utilizan estas autopistas cada día», explicó. «Mi punto de vista es que se está condicionando a los redactores del estudio», reconoció.

Pérez Coronado quiso subrayar el impacto que la permanencia de estos peajes tiene en la vida cotidiana de los segovianos. «Cada vez que un segoviano va a Madrid y vuelve paga más de 20 euros en peajes. Esto supone un coste altísimo para trabajadores, estudiantes y familias que necesitan desplazarse. Y más allá del bolsillo de los ciudadanos, mantener este sobrecoste encarece el transporte de mercancías, frena la llegada de nuevas empresas y resta competitividad a nuestra provincia. La liberación del peaje podría marcar un antes y un después en la economía de Segovia y en nuestra capacidad para fijar población», advirtió.

Sobre qué decisión adoptaría el Partido Popular para las autopistas a partir de 2029, cuando tendrá que licitarse una nueva concesión de siete años, Pérez Coronado no desveló si su formación apostaría por un peaje en la sombra, como reclama la Plataforma Solución Travesía de San Rafael, o por un sistema de bonificaciones a usuarios recurrentes y vehículos pesados, manteniendo el peaje para el resto de vehículos. En el caso de esta segunda opción, reclama su adopción ya sin esperar a la nueva concesión de noviembre de 2029.

En este sentido, recordó que en otras comunidades se han eliminado peajes en autopistas de titularidad estatal o se han aplicado importantes bonificaciones para usuarios recurrentes, citando los casos de Galicia o Cataluña. «Lo que no entendemos es por qué a los segovianos no se nos aplica el mismo criterio. No estamos pidiendo nada extraordinario ni privilegios, estamos reclamando igualdad», insistió.

Por ello, reclamó la aplicación «inmediata» de bonificaciones para quienes utilizan estas carreteras a diario. Pérez Coronado explicó que estas medidas ya funcionan en otros territorios y podrían aliviar la carga económica mientras se decide el futuro de las concesiones. Sin embargo, quiso dejar claro que dichas bonificaciones deben correr a cargo exclusivamente del Gobierno central, sin el apoyo económico de la Junta de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid. «Estamos hablando de autopistas estatales y, por tanto, es el Estado el que debe asumir ese coste. No se puede pretender que las comunidades autónomas carguen con una responsabilidad que no les corresponde. En Cataluña las paga el Gobierno central y no vamos a aceptar que en Castilla y León sea distinto», recalcó.