Plataformas contra las macrogranjas advierten de 16 proyectos para criar 100.000 cerdos en la campiña

Cebrián precisa que «la mayoría de los pueblos de la campiña están situados en zonas declaradas vulnerables, por lo que la implantación de estas macrogranjas no ayudaría precisamente a detener la contaminación». Los movimientos ambientalistas aprovechan la lid electoral para que los partidos se posicionen ante este tipo de infraestructruras ganaderas. En concreto, el portavoz se hace eco de la reivindicación de una moratoria similar a la que ha declarado el Ejecutivo en Castilla-La Mancha.

El representante de la Plataforma Futuro Limpio en la Campiña Segoviana reitera que los proyectos pendientes conllevarían «una inmensidad de contaminación del suelo, del agua y del aire, algo insostenible e intolerable». Frente a la defensa que hacen los industriales, quienes además de enarbolar la legalidad de estas infraestructuras ganaderas apelan a la creación de empleo y riqueza y en las zonas donde se implantan, Pedro Cebrián replica que son «trabajos precarios» y que el desarrollo de este tipo de industria «es pan para hoy y despoblación para mañana», ya que considera que los pueblos y comarcas donde se asienten se vaciarán como consecuencia de los problemas de consumo de agua potable.

La campiña sería una de las áreas más damnificadas, añade el portavoz de la Red Ambientalista. Recuerda que ya hay poblaciones como Ochando, Balisa o Aldeanueva del Codonal que se abastecen mediante sistemas de osmosis inversa o a través de métodos de desnitrificación. «En definitiva, es agua tratada, potable, pero...», cuestiona Cebrián, quien avisa además de la próxima bajada del nivel máximo establecido para declarar la contaminación de acuíferos, que pasará de 50 miligramos por litro a 30. «La mayoría de pueblos de la campiña superarán esa barrera», vaticina. Y pone el ejemplo de Nieva, que habitualmente coquetea con el tope actual y que con la nueva medición sería zona vulnerable.

«Se lleva avisando muchos años de que se está al límite de la sostenibilidad», apostilla el representante ambientalista, quien también se queja de la ausencia de controles por parte de la Junta de Castilla y León para hacer cumplir la normativa vigente que regula la implantación y la actividad de esta ganadería. Según expone el portavoz de la plataforma de la campiña segoviana, el propio Gobierno regional «admite que no tiene personal», lo que implica que «no hace la vigilancia que debe en cuestiones como el vertido de purines, ya que las sanciones son mínimas». De ahí que Cebrián reitere la necesidad de «hacer controles exhaustivos y estudios pormenorizados previos que detecten las imprecisiones que hay en los proyectos antes de aprobarlos».

«Hay mucha regulación sobre el papel, pero efectivamente no se cumple porque hay industrias que se buscan triquiñuelas para eludir» la normativa en vigor, critica. Pedro Cebrián apunta que las llamadas macrogranjas de «ganadería industrial no generan valor añadido» porque su facturación es muy alta «pero no se queda en el territorio». En este sentido, cifra en 460 millones de euros el volumen de negocio de tres grandes empresas que operan en la zona y que «exportan a veinte o treinta países».