Segovia

Mazarías, sobre la situación de Rosalía Serrano: «Entendí que lo estaba haciendo bien»

«Este tema ya lo hemos explicado por activa y por pasiva. La concejala no tiene intereses urbanísticos ni inmobiliarios, no percibe retribuciones de la sociedad y ya no es administradora ni representante de ella. No existe el caso Serrano, como ha quedado acreditado. Este asunto está más que terminado», afirmó Mazarías en su primera comparecencia pública ante los medios de comunicación en casi dos meses.

El alcalde fue preguntado expresamente por el momento en que tuvo conocimiento de que Serrano era administradora de la sociedad. Reconoció que no puede precisar la fecha exacta, aunque sí aclaró que fue «posterior a la toma de posesión» del actual equipo de gobierno en junio de 2023. «Lo que hice fue preguntarle si podía haber incurrido en alguna incompatibilidad. Ella me dijo que no, que no percibía retribuciones y que no existía dedicación efectiva. Venía de trabajar en otra administración de rango estatal y me aseguró que no había ningún tipo de incompatibilidad. Entendí que lo estaba haciendo bien», explicó.

Sobre si le parecía correcto que una concejala con responsabilidades de gobierno ocultara esa condición societaria, Mazarías insistió en la misma idea: «Entendía que no había incompatibilidad, puesto que no tenía ni remuneraciones ni dedicación a esa actividad».

El regidor del PP considera que el PSOE y otros grupos de la oposición están intentando crear un escándalo donde no lo hay. «La oposición quiere aparentar que hay algo vergonzante o irregular, pero no hay nada. Tratan de forzar una dimisión para equiparar este episodio con otros casos que sí existieron en mandatos anteriores«, declaró Mazarías en referencia al cese de Gina Aguiar como concejala de Cultura durante el último gobierno socialista de la ciudad.

Mazarías incluso ironizó con la forma en la que, a su juicio, la oposición está planteando las sospechas, comparando la acusación de este miércoles del PSOE de unas posibles obras irregulares vinculadas al gobierno municipal con los enredos del humorista Gila: «Nos recuerdan esa frase de 'alguien ha matado a alguien', pero sin concretar nada. Si tienen algo que decir, que lo digan claramente, pero no nos pongan a nosotros en la obligación de dar explicaciones sobre cuestiones que están protegidas por la Ley de Protección de Datos».

Sobre esta acusación, Alejandro González-Salamanca, responsable de Urbanismo, detalló que las obras vinculadas a la sociedad de la que fue representante Rosalía Serrano son de «escasa entidad» y comenzaron a tramitarse antes de que el actual equipo de gobierno llegara al Ayuntamiento. «El primer expediente entró en octubre de 2022 y el segundo en febrero de 2023. En esa época este equipo no estaba en el gobierno y la concejala Serrano tampoco era miembro de la Corporación», señaló.

Las actuaciones, según el edil, consisten en derribar dos paredes en un garaje comunitario para habilitar plazas de aparcamiento y en la construcción de 18 trasteros. «Estamos hablando de una obra menor, habitual en el día a día de Urbanismo, con una particularidad: existe una controversia judicial sobre la titularidad de esas plazas de garaje que tendrá que resolver un juzgado. Al Ayuntamiento le da igual quién sea el propietario porque las licencias se conceden siempre a salvo del derecho de propiedad», apuntó.

El concejal explicó que las obras se iniciaron mediante declaraciones responsables, un procedimiento que autoriza el comienzo inmediato de actuaciones de pequeña escala. «Cuando se detectó alguna deficiencia documental, los técnicos requirieron a los promotores que la subsanaran. Se ordenó la paralización de las obras en curso y del uso de lo ya ejecutado, que es lo normal en estos casos. No hay ninguna obra sin cobertura legal ni se ha incumplido orden de paralización alguna», recalcó, negando las acuaciones del PSOE en las que se afirmaba que las obras se han realizado pese a los informes negativos de Urbanismo.

González-Salamanca añadió que el proceso de regularización sigue abierto. Una de las sociedades afectadas ya presentó la documentación requerida en julio, mientras que la comunidad de propietarios está pendiente de convocar junta para hacerlo. «Estamos ante un expediente de restauración de la legalidad, un trámite rutinario que se da en muchas de las más de mil declaraciones responsables que se presentan cada año en Segovia. No hay nada extraordinario», aseguró.

Preguntado por la omisión de Serrano al no declarar su condición de administradora en el registro de intereses al inicio del mandato, el edil recordó que la propia concejala ya dio explicaciones en el Pleno de julio. «Se trató de una omisión involuntaria. Se ha rendido cuentas ante el Pleno, que es el órgano competente. Pero esa circunstancia no afecta a la tramitación urbanística ni tiene relación con la validez de los expedientes», sostuvo.

Tanto Mazarías como González-Salamanca coincidieron en restar importancia al asunto y en culpar a la oposición de sobredimensionarlo. «Estamos hablando de una sociedad familiar, de obras menores y de un trámite que se resolverá sin problemas. No hay más. Aquí lo único que hay es voluntad de la oposición de revolver por revolver donde no existe nada», resumió González-Salamanca.