La 'ley mordaza' recauda 8,6 millones de euros en sus diez años de vigencia en Segovia

No hay visos de que la 'ley mordaza' vaya a perder efectividad sancionadora en un futuro próximo. La controversia estuvo muy presente en su proceso de aprobación impulsado por el Gobierno de aquel entonces, liderado por Mariano Rajoy. Fue en el verano de 2015 cuando comenzaron a imponerse las primeras multas por las infracciones al reglamento. Aunque a lo largo del año pasado hubo varios intentos para su reforma o derogación promovidos por el bloque de izquierda, finalmente no se ha llegado a alcanzar un acuerdo político para efectuar los cambios.

La polémica surge a raíz del debate sobre los límites existentes entre la seguridad personal y la libertad de expresión. Algunos de los comportamientos que prohíbe son el uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la celebración de botellones, la participación en protestas sin autorización o la proyección de haces de luz sobre las autoridades. Sin embargo, ninguna de estas infracciones están entre las más numerosas que se han registrado en la década de vigencia de la ley en Segovia.

El año de la pandemia fue de récord en la provincia en lo que respecta a la interposición de sanciones, que estuvo seguido del 2021. El empuje de las multas a lo largo de estos periodos se produjo por la sucesión de casos de resistencia a la autoridad por parte de ciudadanos que se negaron a aceptar las restricciones de movilidad por la covid y salieron a las calles sin autorización en pleno confinamiento; así como por las faltas de respeto y consideración a los agentes en esa misma época. Son más de 3.500 denuncias graves las que se llegaron a imponer en ambos ejercicios por estos motivos.

En el ranking también escalan posiciones 2016, que fue el primer año en el que se hicieron efectivas las sanciones previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana; y 2019, lo que se debe fundamentalmente al incremento hasta las 1.300 de las multas por tenencia ilícita de sustancias estupefacientes, aun sin estar destinadas a la venta. Son más de cien infracciones relacionadas con el consumo de drogas en espacios públicos de media al mes.

El último balance elaborado por el Ministerio del Interior, que recopila datos sobre expedientes tramitados en 2024 por la Subdelegación del Gobierno en Segovia, refleja un ligero descenso de las sanciones respecto al ejercicio anterior. En concreto, la caída es del 2,2%, lo que confirma la evolución estable que experimenta la notificación de incumplimientos de la 'ley mordaza', pues se contabilizaron 1.375. Segovia registró una multa por la aplicación de esta norma cada seis horas y media.

A pesar de esta ligera disminución, la recaudación permanece en valores muy altos en la provincia, lo que lleva a 2024 a escalar posiciones hasta colocarse por encima de otros periodos que ostentan muchas más infracciones. El año pasado los ingresos a las arcas estatales por sanciones duplicaron a los que se anotaron en 2016, pues se superaron con creces los 828.000 euros. Esto significa que los castigos a segovianos tuvieron un carácter más grave, debido a que los incumplimientos con consecuencias leves se redujeron al 8% del total.

La principal diferencia según el índice de gravedad radica en el desembolso económico que conllevan las multas: pueden ir desde los 100 euros en el mejor de los casos hasta los 600.000 euros si se da el peor de los escenarios. Pero también hay que tener en cuenta los plazos de prescripción de las infracciones, ya que las leves vencen a los seis meses mientras que las más trascendentales tardan en extinguirse de uno a dos años. En Segovia, tan solo se ha advertido de una denuncia muy grave desde la entrada en vigor de la ley. Una persona tuvo que pagar 30.001 euros tras deslumbrar con un puntero láser o un dispositivo similar a un piloto de avión. El suceso se produjo en septiembre de 2020.

La 'ley mordaza' se trata de un reglamento que ha tenido especial importancia en la provincia. El protagonismo que tienen los incumplimientos graves se debe al millar de multas por tenencia de sustancias ilegales, tóxicas y psicotrópicas. Son casi medio centenar menos respecto a 2023, pero es un umbral que se mantiene muy elevado. Los números se han vuelto a disparar en gran medida desde la pandemia, lo que ha supuesto la recaudación de más de 682.000 euros en tan solo un año, más del 80% del montante reunido en total.

Los denunciados en la provincia por consumo de drogas han desembolsado un promedio de 650 por sanción, aunque no hay constancia de ilícitos relacionados con el traslado de personas para facilitar el acceso a estas sutancias, con la plantación y cultivo de cannabis o con la tolerancia del uso de estupefacientes en establecimientos.

La revisión de la estadística que publica el Ministerio del Interior a través del portal de criminalidad visibiliza que, aunque el 2024 ha sido un año más tranquilo en comparación con anteriores periodos, ha experimentado destacados repuntes en algunas infracciones graves. La más destacada es la desobediencia a la autoridad, ya sea por impedir la identificación a requerimiento de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o por la presentación de datos falsos o inexactos en estos procesos. Es el segundo ejercicio desde que se tienen registros -con excepción de 2020- que acumula más multas por este motivo, al alcanzar las 93, lo que se traduce en la recaudación de 58.000 euros en sanciones.

El uso de las armas prohibidas también se ha extendido entre la población. Es un fenómeno en auge y así lo confirman los datos, pues tan solo a lo largo del año pasado se emitieron 92 partes de denuncia a personas que portaban, exhibían o usaban pistolas, escopetas, navajas o puñales de modo negligente, temerario o intimidatorio. Es un aumento del 7% en relación a 2023. La fabricación de artilugios peligrosos, así como explosivos o cartuchería, han supuesto la identificación de ocho individuos en Segovia. Otra de las infracciones que más se repitió de acuerdo al último informe tiene su origen en la carencia de comunicaciones obligatorias previstas para la convocatoria de actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana.

También ha habido que actuar en seis casos de obstrucción por parte de personas que querían impedir detenciones o la ejecución de acuerdos judiciales, lo que supone una cifra destacada nunca vista con anterioridad. Los responsables de estos actos han tenido que enfrentarse a su vez a algunas de las multas más cuantiosas, al rozar los 640 euros por cada expediente abierto. Aunque arrojan unos datos mucho más bajos, se han detectado a su vez incumplimientos del reglamento por perturbar la seguridad ciudadana en manifestaciones o concentraciones, causar desórdenes públicos o no colaborar en la averiguación de delitos.

Las faltas de respeto a agentes policiales o efectivos de la Guardia Civil en el ejercicio de sus funciones son consideradas infracciones leves. A lo largo de 2024, estos comportamientos protagonizaron 83 formularios de sanción y cada uno estuvo valorado en una media de 110 euros. Fueron más elevadas aquellas multas por alegar datos o circunstancias falsos, ya que se interpusieron cinco por importe de 130 euros. Afortunadamente, la mayoría de los ilícitos de esta categoría han apuntado al descenso en los últimos años, como son las negligencias cometidas en la custodia de documentación, que incluye la pérdida reiterada del DNI; o los daños o deslucimiento de bienes en vía pública, lo que hace referencia a las oleadas de vandalismo.