Segovia

La mitad de sanciones por la 'ley mordaza' son por consumo o posesión de drogas

La controversia acompaña a la 'ley mordaza' desde el inicio de su vigencia hasta el día de hoy. Algunos de los comportamientos que prohíbe es hacer uso no autorizado de imágenes de policías, hacer botellón, utilizar punteros láser o iniciar una protesta sin previo aviso, lo que incluye las manifestaciones a las puertas del Congreso o del Senado. La polémica sobre esta normativa vuelve a saltar a la escena pública con motivo de las recientes propuestas en el seno del Gobierno para reformar algunos apartados e incluso derogarla.

En cualquier caso, se trata de un reglamento que ha tenido especial importancia en Segovia, ya que la suma de denuncias desde su puesta en marcha en julio de 2015 es elevada en comparación con otros territorios de mayor población. El ritmo de interposición de sanciones por infracciones enmarcadas en esta ley para la protección de la seguridad ciudadana ha rondado de forma general los 1.400, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, que se corresponden con el ejercicio 2023.

Los periodos más tranquilos fueron 2018 y 2022, aunque son muy pocos los meses que bajan del centenar de denuncias formuladas, tan solo hay dos excepciones destacadas: diciembre de 2020 y 2022, cuando se apuntaron ocho y seis sanciones, respectivamente. Por lo general, la época en la que se cometen más infracciones coincide con finales de primavera o principios de verano.

Sin embargo, el balance final del año de la pandemia es el que dispara la estadística, ya que los incumplimientos identificados se llegaron a triplicar respecto a un periodo habitual, hasta acercarse a los 4.000. De este modo, 2020 ostenta el récord histórico, tanto en sanciones como en cuantía recaudada: más de 2,3 millones de euros en tan solo doce meses.

Las salidas no autorizadas en pleno confinamiento fueron algunas de las prohibiciones más destacadas que los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron que penalizar. La desobediencia o resistencia a la autoridad, así como la obstaculización del correcto funcionamiento de los servicios de emergencia, fue el motivo principal de la redacción de sendos partes de denuncia en aquella época. Solo el mes de abril se contabilizan más de 1.300. Por este motivo, durante el trimestre que va de marzo a mayo se recaudó una media de 23.000 euros al día.

En Segovia, se formulan un promedio de 134 multas enmarcadas en la 'ley mordaza' cada mes. Esto explica que desde 2015 se hayan recaudado más de 7,8 millones de euros, lo que se traduce en alrededor de 870.000 euros cada año. La cuantía de sanción media es de 538 euros, lo que se equipara con el montante que se debe abonar en caso de ser denunciado por una infracción de carácter leve (que va desde los 100 a los 600 euros). Precisamente, desde que la normativa entró en vigor, la provincia tan solo ha notificado la comisión de una falta muy grave, con penalizaciones desde los 30.001 hasta los 600.000 euros.

El 90% de los incumplimientos registrados son graves, ya que entre ellos se encuentran los relacionados con las drogas y las armas, que están detrás de seis de cada diez multas interpuestas. No obstante, las más habituales —que suponen más de la mitad del total de infracciones— se corresponden con el consumo o tenencia ilícitos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas —aun cuando no están destinadas al tráfico— y con el abandono de instrumentos empleados para manipularlas.

Los agentes policiales han detectado el citado comportamiento en hasta 8.100 ocasiones, que han tenido especial incidencia en 2019. Tras un bajón durante la pandemia, las cifras están a punto de recuperarse. Y los escenarios en los que han tenido lugar estas situaciones han sido variados, desde las calles y establecimientos públicos hasta los autobuses y otros vehículos para el transporte colectivo. Hay una sanción a su vez por cultivo de marihuana, y otra por participar en el traslado de personas para facilitarles el acceso a sustancias estupefacientes.

Las armas de todo tipo, ya sean reglamentarias o prohibidas, protagonizan numerosas intervenciones. El recuento de los últimos nueve años ha finalizado con 676 denuncias por valor de 361.000 euros, y más de medio millar se deben a su exhibición o uso en público y de modo negligente, una acción que fue más frecuente en 2016. La fabricación, almacenamiento, comercio y reparación de explosivos, cartuchería y pirotecnia sin previa autorización constituye un delito que ha sumado casi un centenar de sanciones en el conjunto provincial.

Respecto a la seguridad ciudadana, que engloba el resto de infracciones, sobresale la provocación de desórdenes en espacios públicos con 265 sanciones. Esto no tiene que ver con al celebración de manifestaciones que alteren el tránsito, que se han saldado únicamente con tres multas desde 2015, mientras que la perturbación de protestas lícitas ha acarreado la apertura de seis expedientes. La ocupación de inmuebles, que se considera como una falta de carácter leve, se ha producido hasta 155 veces.

Menos numerosas han sido las denuncias por hacer botellón, ejecutar actos vandálicos que concluyan con daños materiales, alegar datos o circunstancias falsas o carecer de los permisos necesarios para realizar actividades de trascendencia, aunque en todos los casos se ha superado el medio centenar de incumplimientos. Ha habido partes policiales, si bien menos numerosos, motivados por escalar edificios o monumentos, como es el Acueducto (21); por participar en episodios de obstrucción a la labor de los agentes para el cumplimiento de autos judiciales (17), por dejar sueltos a animales peligrosos o abandonarlos (15) y por perder reiteradamente la documentación personal, como es el pasaporte o DNI(10).