El juzgado investiga el accidente de un autobús urbano en Vía Roma

Una imagen del accidente ocurrido en Vía Roma el 14 de agosto. A. Tanarro/
Una imagen del accidente ocurrido en Vía Roma el 14 de agosto. A. Tanarro

El Ayuntamiento remite al órgano instructor el informe de la investigación realizada por la Policía Local

Miguel Ángel López
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZSegovia

El parte de lesiones de los cinco heridos y la conductora del autobús accidentado el 14 de agosto en Vía Roma ha derivado en la apertura de diligencias informativas por el juzgado de instrucción de guardia, el número 5, que acordó el secreto del sumario mientras establece posibles responsabilidades. Esta cautela judicial es la que impide que el Ayuntamiento facilite a los grupos de la oposición el contenido del informe sobre las causas del suceso realizado por la Policía Local, que ya ha sido remitido al juzgado, según transmitió anteayer el concejal de Transportes, Ramón Muñoz-Torrero, a los portavoces de los demás grupos en la reunión de la comisión informativa ordinaria.

«Terminada la fase de investigación y trasladado el informe de la Policía Local al juzgado, el asunto está 'sub iudice', por lo que no podremos dar más información hasta que el juez abra el sumario», relató el concejal. Así se lo dijo a los portavoces de la oposición, que no quedaron conformes con las explicaciones e incidieron con sus preguntas sobre la situación del servicio, las inspecciones realizadas y, entre otros extremos, la actuación de la Policía Local tras el accidente, que actuó como policía judicial, según precisó Muñoz-Torrero.

Raquel Fernández, portavoz del PP, mantiene la actitud de prudencia de su grupo y comentó ayer que esta reunión de la comisión informativa «sirvió para esclarecer algunas cosas, no todas, aunque sí las dudas sobre la Policía Local, y podemos aceptar que es arriesgado cuestionarla cuando no se conoce el protocolo de actuación en estos casos».

El control del servicio y los medios de inspección

El concejal de Transportes ha indicado al inspector de servicios que «urge sacar el nuevo contrato», y explicó que, dado el cúmulo de trabajo que tiene el técnico, «estamos estudiando contratar una persona más si es necesario, aunque las contrataciones de los ayuntamientos están limitadas por la ley de estabilidad financiera». Sin embargo, para Raquel Fernández, que también escuchó este argumento en la comisión, «suena a excusa que el Ayuntamiento no pueda contratar», tanto porque, desde su punto de vista, «la redacción del pliego de condiciones se puede externalizar, como han hecho con otros asuntos, y hay mecanismos legales para hacerlo. El problema es que no se organizan bien, que el equipo de gobierno adolece de una total falta de previsión».

Insistió la portavoz del PP en que en el servicio de transporte «hay una deficiencia enorme de organización», y en que «es grave que el Ayuntamiento no tenga medios suficientes para llevar el control de la empresa con diligencia, que vayan a remolque y comprueben a posteriori si es cierta la información que transmite». Según dijo Fernández, «el lunes reconocieron que no se realizan las inspecciones rutinarias, y no pudieron concretar cuántas inspecciones de servicio ha hecho el técnico municipal en los últimos cinco años», apostilló.

Los populares creen que el informe puede «esclarecer si hubo o no fallo de seguridad», pero al no disponer de toda la información son cautos, si bien, como precisó Fernández, lamentan que la alcaldesa «se apresuró el día del accidente a decir que fue un fallo humano, y no quedó claro en la comisión si se lo dijo el técnico de la empresa o qué información tenía» .

En esta reunión, las preguntas de la oposición también versaron sobre la situación actual de los autobuses y las medidas para mejorar el servicio. Muñoz-Torrero comentó las inspecciones realizadas, que «Urbanos de Segovia remite información día a día con las incidencias, las averías y las horas y expediciones perdidas», y según informó, «la cuestión es que no se pierde mucho tiempo ni expediciones en el servicio, del que podemos estar contentos porque la calidad y la seguridad son buenas». Por eso, agregó, «la situación de alarma social que se está creando no corresponde a la realidad», a pesar de que reconoció que «el 60% de los autobuses están en la fase final de su vida útil».

De ahí que las medidas para mejorar el servicio sean, fundamentalmente, «sacar cuanto antes el nuevo contrato con el nuevo pliego, si es posible este mes o en octubre porque urge hacerlo», y también mantener «el control sobre la empresa».

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